Las sanciones británicas, aplicadas hasta ahora en tres bloques distintos desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2022, han prohibido el ingreso a Reino Unido y congelado las cuentas bancarias de las y los sancionados, además de restringir las transacciones con ciudadanos y empresas británicas. Estas medidas buscan presionar a la administración sandinista y enviar un mensaje claro de condena internacional por sus acciones represivas, cada vez más extremas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Londres, Reino Unido
En una declaración contundente, un grupo de parlamentarios británicos ha instado al Gobierno del Reino Unido y a otras naciones a tomar medidas más enérgicas frente a las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua. Este llamado se basa en los hallazgos de una exhaustiva investigación liderada por Lord David Alton, miembro destacado de la Cámara de los Lores, que revela la alarmante realidad del país centroamericano.
El informe, presentado el miércoles 03 de abril de 2024, recopila testimonios de más de 70 testigos y expertos, proporcionando una visión detallada de la situación en Nicaragua. Se destaca la intensificación de la represión por parte de la administración Ortega-Murillo, que ha llevado al cierre del espacio cívico, la persecución a los medios de comunicación y la violencia estatal contra la población civil. El notario Steve Schneck, uno de los expertos consultados en la investigación, comparó las acciones del régimen nicaragüense con las de regímenes autoritarios como Corea del Norte e Irán. Entre las conclusiones más preocupantes del informe se encuentra la falta de vías legales efectivas para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Se señala que las instancias judiciales internas y las fuerzas armadas estatales están siendo utilizadas para reprimir a la ciudadanía en lugar de proteger sus derechos fundamentales. Ante esta situación, se hace un llamado a explorar opciones de recurso a nivel internacional, incluyendo la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aunque el sandinismo ignora deliberadamente el Sistema Interamericano.
El papel de la CIJ emerge como una herramienta crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas nicaragüenses. Según las y los parlamentarios británicos, Nicaragua reconoce la jurisdicción de la CIJ, lo que abre la puerta a la posibilidad de iniciar procesos legales contra el Poder Ejecutivo de Ortega y sus colaboradores. Se sugiere que los Estados afectados podrían acudir a la CIJ para denunciar violaciones de tratados internacionales, como la Convención contra la Tortura, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por otro lado, la investigación también identifica a altos funcionarios del régimen Ortega-Murillo que han sido clave en la implementación de políticas represivas. Personajes como Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, magistrado presidente de la Corte de apelaciones del distrito de Managua, y Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de la República -sancionada por los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) el jueves 21 de marzo de 2024-, son señalados por su participación en acciones que van desde el despojo de la nacionalidad hasta la confiscación de propiedades de disidentes políticos.
Acá la lista completa:
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía: magistrado presidente de la Corte de Apelaciones del Distrito de Managua, quien el 15 de febrero de 2023, anunció la decisión del tribunal de despojar a 94 ciudadanos nicaragüenses de su nacionalidad, declarándolos traidores.
Nadia Camila Tardencilla Rodríguez: jueza en el Segundo Tribunal de Distrito de Managua, quien el 10 de febrero de 2023, emitió una orden judicial que despojó al obispo católico Rolando José Álvarez Lagos de su ciudadanía nicaragüense y lo condenó por traición, socavar la integridad y autoridad nacional, obstrucción agravada y difusión de noticias falsas.
Octavio Ernesto Rothschuh Andino: magistrado presidente electo de la Corte de Apelaciones de Managua, quien el 10 de febrero de 2023 anunció la decisión del tribunal de deportar a 222 individuos nicaragüenses, declarándolos traidores a la nación.
Wendy Carolina Morales Urbina: procuradora general de la República de Nicaragua, quien habilitó al régimen Ortega-Murillo para robar bienes raíces anteriormente pertenecientes a medios de comunicación independientes, organizaciones internacionales y prisioneros políticos. También llevó a cabo el despojo de todas las propiedades de los 222 prisioneros políticos que fueron desterrados de Nicaragua.
Gloria María Saavedra Corrales: jueza en el Décimo Tribunal de Distrito Penal de Managua, socavó procesos o instituciones democráticas utilizando su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense para facilitar conscientemente una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de la Universidad Centroamericana, de los jesuitas, sin una base legal, con el fin de instalar una administración afín al régimen.
Maribel del Socorro Duriez González: presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de los oponentes políticos del Estado, incluyendo la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin una base legal, con el fin de instalar una administración afín al régimen.
Ramona Rodríguez Pérez: presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de los oponentes políticos del Estado, incluyendo la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin una base legal, con el fin de instalar administraciones afines al régimen.
Alejandro Enrique Genet Cruz: rector de la Universidad Casimiro Sotelo (anteriormente Universidad Centroamericana), socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para retaliar contra críticos del régimen Ortega-Murillo y suprimir la disidencia utilizando su posición para crear políticas que castiguen a las facultades y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega.
Arling Patricia Alonso Gómez: primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
Gladis de los Ángeles Báez: segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
Loria Raquel Dixon Brautigam: primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
Alejandro Mejía Ferreti: tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó procesos e instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
Rosa Argentina Solís Dávila: jueza de la Corte de Apelaciones Penales de Managua, socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar dicho tribunal para facilitar una campaña gubernamental coordinada para retaliar contra críticos del régimen Ortega-Murillo y suprimir la disidencia, despojando de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
Angela Dávila Navarrete: jueza de la Corte de Apelaciones Penales de Managua, socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para retaliar contra críticos del régimen Ortega-Murillo y suprimir la disidencia, despojando de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
Denis Membreño Rivas: director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) -la unidad de crímenes financieros de la administración nicaragüense-, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar el decomiso de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 exprisioneros políticos, sin ninguna base legal.
Aldo Martín Sáenz Ulloa: subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para retaliar contra críticos del régimen Ortega-Murillo y suprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar el decomiso de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 exprisioneros políticos, sin ninguna base legal.
Valeria Maritza Halleslevens Centeno: directora de las Oficinas de Registro de Propiedad Nacional (DNR), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de opositores políticos.
Eduardo Celestino Ortega Roa: subdirector de la DNR, socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de opositores políticos.
Marta Mayela Díaz Ortiz: vicesuperintendente de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y exprisioneros políticos a funcionarios del Poder Judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para suprimir la disidencia mediante el decomiso de los activos de adversarios políticos sin una base legal.
Sagrario de Fátima Benavides Lanuza: vicedirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar pensiones de adversarios políticos sin una base legal.
El informe pone de relieve además la creciente influencia de países como China y Rusia en Nicaragua, complicando aún más la situación y la paz regional. Se señala que las relaciones diplomáticas con otros países se han enfriado debido a las violaciones de derechos humanos, mientras que la cooperación y el flujo económico con China y Rusia, y otros países como Irán y Abjasia, ha aumentado considerablemente. Estos países han proporcionado apoyo militar, policial, institucional y tecnológico al régimen de Ortega, lo que genera preocupaciones sobre la escalada de la represión en la región, y la seguridad ciudadana.
En respuesta a estas revelaciones, los parlamentarios británicos exhortan a una acción más decidida por parte de la comunidad internacional. Se hacen llamados específicos al Gobierno del Reino Unido para que promueva investigaciones penales contra altos funcionarios del régimen nicaragüense y explore la posibilidad de llevar el caso ante la CIJ. Además, se subraya la importancia de mantener y ampliar las sanciones contra individuos y entidades vinculadas al gobierno de Ortega-Murillo.
La defensora de los derechos humanos nicaragüense, Bianca Jagger, se sumó al llamado a la acción internacional. Insta a los Gobiernos de todo el mundo a tomar medidas firmes contra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y a abordarlas como crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, el Gobierno del Reino Unido ha impuesto sanciones a 16 altos funcionarios del régimen sandinista, pero se espera que se intensifiquen las medidas en respuesta a las revelaciones del informe.
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