Luego de la firma del Tratado Integracionista del Bicentenario firmado entre los gobernantes Juan Hernández, de Honduras, y Daniel Ortega, de Nicaragua, que pretende acuerdos para delimitar las fronteras marítimas en el Caribe y el Pacífico entre ambos países, surgen posturas que afirman que detrás de este tratado se esconde un pacto de impunidad.
Por Criterio | @CriterioHN
Centroamérica
Tegucigalpa, Honduras
Lo que para muchos es considerado “un hecho histórico” firmado en la ciudad de Managua, Nicaragua, para otros es una jugada política impulsada por dos gobernantes sindicados como dictadores.
Los decretos establecen las delimitaciones en el Mar Caribe y el Golfo de Fonseca en cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Justicia dictaminado en 1960 y 1992, además del fallo en 2007 que permite a Honduras definir su posición en el Mar Caribe.
“Es un paso histórico que estamos dando porque se trata de cumplir los fallos y las sentencias que mandan, ordenan a nuestros países ponerse de acuerdo para cumplir con el fallo. La Corte dicta la sentencia y nos pasa la responsabilidad a nosotros para que cumplamos. Se venía postergando, este es un paso en el que estamos contribuyendo para la paz y facilitará avanzar en los proyectos en el Golfo de Fonseca”, expresó Ortega en una cadena nacional de radio y televisión, plataforma utilizada por las dos figuras autoritarias.
Por su parte, Juan Hernández alabó el acuerdo entre Nicaragua y Honduras dejando entrever en sus declaraciones los lazos de amistad que mantiene con Ortega, quien ha sido aislado internacionalmente.
"Es un paso extraordinario para la paz, convivencia y desarrollo de nuestros pueblos (…) estamos haciendo historia construyendo integración basándose en los lazos de amistad para promover el desarrollo de la región. El sueño integracionista de mi general Francisco Morazán cada vez se ve más cerca”, aseveró Hernández.
Según el último estudio realizado por Consulta Mitofsky, Ortega y Hernández lideran la lista de los peores mandatarios de Latinoamérica, además de ser los más cuestionados por sus acciones dictatoriales, en especial, Ortega que mantiene encarcelados a más de 30 líderes de la oposición, entre ellos a varios precandidatos presidenciales.
El acuerdo se firmó en la antesala de las elecciones de ambos países. En Nicaragua la convocatoria, que ha dejado solo a Ortega tras el encarcelamiento de los líderes políticos de la oposición, se desarrollará el 7 de noviembre y en Honduras, donde figura como favorita en la intención de voto la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, la justa será el 28 de noviembre.
Este elemento ha sido manejado por analistas como una alianza preelectoral que daría refugio a Hernández en caso de que el oficialista Partido Nacional, pierda los comicios.
Cabe indicar que la delimitación en el Pacífico involucra a El Salvador, sin embargo, en el encuentro no participó su presidente Nayib Bukele, quien de acuerdo con Daniel Ortega no asistió pese a haber sido invitado.
LA POSTURA DE NAYIK BUKELE
De manera irónica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien es considerado por Estados Unidos como “un dictador moderno”, se pronunció sobre el tratado y se refirió a medios de comunicación estadounidenses y directamente a las autoridades de esa nación.
“¿Qué creen que estuvieran diciendo The New York Times, The Washington Post y sus medios afines si yo hubiera firmado este mismo idéntico tratado geopolítico con Ortega? Exacto. ¿Qué estuvieran diciendo los ´demócratas´ en la Casa Blanca? Exacto”, reaccionó en sus redes sociales.
Cabe señalar que, hace unos días, el presidente Bukele, se autodenominó en su perfil de Twitter un dictador en respuesta burlesca a los ataques de Estados Unidos, días después se nombró emperador de El Salvador.
MÁS ALLÁ DEL ACUERDO DE DICTADORES
El expresidenciable del Partido Liberal, Luis Zelaya, considera que, más que temas de ideologías de izquierda o derecha, “es un pacto entre dictadores que se protegen entre sí” y buscan impunidad para eludir la justicia internacional porque “son lobos de la misma loma”.
En tanto, el defensor de derechos humanos y candidato a la vicealcaldía de San Pedro Sula del opositor Partido Libertad y Refundación, Omar Menjívar, cree que es deplorable que el gobierno nicaragüense se preste para otorgarle protección a Hernández en caso de ser sindicado por delitos relacionados con la narcoactividad.
Menjívar es del criterio que Ortega estaría cargando con mayor desprestigio a su ya mala reputación que se ganó a pulso en perjuicio del sandinismo.
¿DE DÓNDE SURGE LA ESPECULACIÓN DE UN PACTO DE ALIADOS?
Tras ocho años en el poder, a Hernández se le ha señalado en reiteradas ocasiones en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de vinculaciones directas con la narcoactividad y el crimen organizado.
El exjefe de operaciones internacionales de la Administración del Control de la Droga de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Mike Vigil, entre otros, aseguran que Hernández será enjuiciado por narcotráfico con suficientes y sólidas pruebas en su contra.
A juicio del analista político y abogado, Raúl Pineda Alvarado, Hernández encontró en Ortega un aliado.
Las últimas acciones del gobierno de Hernández han girado en ayuda a Nicaragua; mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) convocaba a las naciones votar por exigir la liberación de los líderes opositores detenidos por el régimen de Ortega, Honduras se abstuvo de votar a favor de la resolución y unos días antes de anunciar el tratado, Honduras abrió las fronteras para que los nicaragüenses puedan ser inoculados contra la COVID-19.
“Hernández mantiene una política de acercamiento con Daniel Ortega que surge desde la visita que hizo al aniversario del triunfo sandinista hasta la abstención de votar cuando se estaba tratando de impedir a Ortega que mantenga a presos políticos”, declaró Pineda.
NICARAGUA UN REFUGIO PARA CORRUPTOS Y NARCOTRAFICANTES
Nicaragua se convirtió en un refugio para líderes políticos y narcotraficantes, permitiéndoles inmunidad y no ser perseguidos por sus actos delictivos, tal es el caso del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena, acusado por la fiscalía salvadoreña de corrupción y malversación de fondos públicos.
En el 2016, Ortega le otorgó asilo junto a su familia y posteriormente le brindó la nacionalidad nicaragüense y lo nombró asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual manera lo hizo con el sucesor de Funes, el expresidente Salvador Sánchez Cerén a quien se le libró orden de captura por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sin embargo, buscó refugio en Nicaragua y se le otorgó la nacionalidad.
Mismo escenario plantea Pineda sucederá con Juan Hernández en caso de ser judicializado al valorar que el tratado, que solo reconoce el fallo internacional, puede ser políticamente conveniente para Hernández y así buscar refugiarse en Nicaragua.
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