La ministra de Salud, Carla Paredes, ha intervenido en el conflicto, argumentando que los pacientes están siendo manipulados por Diálisis de Honduras. Sin embargo, las y los manifestantes sostienen que su lealtad a esta empresa se basa en la confianza y la calidad de los servicios que han recibido a lo largo del tiempo, a diferencia del sector estatal. Su insistencia en recibir tratamiento en el centro de su elección no es solo una cuestión de comodidad, sino de salud y supervivencia, dicen.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Santa Cruz Arriba, Francisco Morazán, Honduras
En una protesta que ha captado la atención nacional y regional, pacientes renales hondureños -la mayoría de ellos de la tercera edad- han cerrado uno de los carriles de la carretera CA-5 en El Durazno, Santa Cruz Arriba, Francisco Morazán, demandando el respeto a sus derechos fundamentales en cuanto a la continuidad y calidad de su tratamiento médico. Desde tempranas horas de hoy, martes 09 de abril de 2024, este grupo de ciudadanos, montados en motocicletas y en sillas de ruedas, también en bloques de cemento o de pie, ha levantado sus voces exigiendo garantías mediante documentos oficiales que aseguren la continuidad de sus tratamientos en tiempo y forma. La protesta ha generado un intenso congestionamiento vehicular en la zona, afectando a miles de personas que transitan por esta importante vía del país, hasta el cierre de este texto. Entre los manifestantes se encuentran adultos mayores con limitaciones de movilidad, quienes insisten en recibir un trato más humano y cálido en su atención médica.
La situación se ha vuelto crítica debido a la disputa entre dos empresas proveedoras de servicios médicos, Diálisis de Honduras S.A. y Nefrocentro, dejando en vilo a aproximadamente cuatro mil pacientes con insuficiencia renal crónica en todo el país. Aunque ambas empresas ofrecen tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, las y los pacientes renales demandan una atención digna y continuidad en sus tratamientos médicos, rechazando la opción de ser atendidos por un segundo proveedor. La incertidumbre entre los pacientes se ha acentuado desde que ambas empresas comenzaron a brindar servicios médicos, generando un rechazo hacia el segundo proveedor por parte de muchos pacientes.
La ministra de Salud, Carla Paredes, se pronunció sobre la situación, indicando que los pacientes que bloquearon la carretera CA-5 "están siendo utilizados por Diálisis de Honduras", la empresa que perdió la licitación para atender algunos bloques del sistema.
Durante la manifestación, algunos pacientes se vieron afectados por el calor y se desmayaron, pero continuaron con la protesta hasta que los carriles fueron liberados sin recurrir a la violencia, pero con la presencia de fuerzas antimotines y muchos medios de comunicación, pero ninguna entidad del Poder Ejecutivo, en manos de la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Las y los pacientes renales insisten en su derecho a elegir dónde recibir su tratamiento y demandan ser acreditados para continuar con la diálisis en el centro de su elección, negándose a ser atendidos por Nefrocentro. "Porque te atienden mal. Y tenemos derecho a la vida. A recibir un tratamiento también humano", señaló Carina Rocha, una de las protestantes, con sombrilla en manos y "mucha determinación" para "ser atendida con amor". Ante esta situación, es crucial que las autoridades de salud tomen medidas urgentes para resolver este conflicto y garantizar el acceso de los pacientes renales a la atención médica que necesitan. La confianza y la vida de miles de personas están en juego, y es imperativo que se actúe con prontitud y sensibilidad hacia esta situación delicada.
La protesta de los pacientes renales es un recordatorio de la importancia de garantizar el acceso equitativo a la atención médica para las y los ciudadanos, especialmente para aquellos que enfrentan condiciones médicas crónicas y debilitantes. Es un llamado a la solidaridad y a la acción por parte de toda la sociedad hondureña para asegurar que estos pacientes reciban el tratamiento médico digno y continuo que merecen, sin poner en riesgo su salud y su vida, y sin intereses políticos absurdos de por medio.
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