"Si yo cometí una omisión, error o lo que haya sido, o un delito como aquí se me está acusando, estoy aceptándolo", dijo el exmandatario del país centroamericano. "Lo estoy aceptando porque, efectivamente, gire las instrucciones a las respectivas personas que tenían que ver con esto", agregó durante su declaración oficial frente a un tribunal de Ciudad de Guatemala este miércoles.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Guatemala, Guatemala
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha dado un giro inesperado en su prolongado enfrentamiento legal en el caso de corrupción conocido como "Cooptación del Estado". Tras siete años de prisión preventiva, Pérez Molina, marcando un hito en la historia del país centroamericano, ha decidido acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos. Esta decisión, tomada durante una audiencia celebrada la mañana de este miércoles 06 de septiembre en el Juzgado de Mayor Riesgo B y presidida por la jueza Eva Recinos, marca el inicio del desenlace de uno de los casos más notorios de corrupción política en Guatemala. Las circunstancias que involucran al anterior alto funcionario salieron a la luz en el año 2016, subrayando prácticas corruptas que supuestamente involucraron al extinto Partido Patriota (PP), que llevó a Pérez Molina a la Presidencia de la República. Se alegó que el partido había recaudado fondos de manera ilícita para su campaña política en 2011 y que, una vez en el poder en 2012, Pérez Molina habría participado en actos de corrupción. El caso se derivó de la investigación de otro escándalo de corrupción llamado "La Línea", en el que Pérez Molina también fue hallado culpable.
La jueza Eva Recinos programó esta audiencia clave, en la que Otto Pérez Molina, de 72 años, aceptó de manera oral la acusación presentada por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en conjunto con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este paso crucial, Pérez Molina se declaró culpable de los presuntos delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.
Un elemento crucial en esta decisión es la posibilidad de que Pérez Molina obtenga una reducción de pena del 30 por ciento gracias a la Ley de Aceptación de Cargos. Sin embargo, a pesar de esta declaración de culpabilidad, Pérez Molina todavía enfrenta obstáculos legales y financieros que lo mantienen en prisión. A pesar de haber aceptado los delitos, Otto Pérez Molina continúa detenido en el centro carcelario Mariscal Zavala debido a la imposibilidad de pagar una fianza de Q10.3 millones de quetzales, relacionada tanto con el caso "La Línea" como con el caso "Cooptación del Estado". La condena en el caso "La Línea", dictada en diciembre del año 2022, establece una pena de 16 años de prisión, aunque aún no está en firme y puede ser objeto de apelación.
La audiencia de este miércoles 06 de septiembre de 2023, en la que Pérez Molina se declaró culpable de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero, resultó en una nueva condena: ocho años de prisión conmutables. Además, la jueza impuso una millonaria multa en dólares y quetzales.
Durante la audiencia, Molina aceptó su responsabilidad en los delitos imputados, aunque evitó admitir una participación directa en actos ilícitos durante su mandato presidencial. En el caso del fraude, Pérez Molina reconoció su responsabilidad por haber permitido la construcción de la terminal de contenedores TCQ, una decisión que, según él, buscaba agilizar la descarga de barcos y reducir costos para las y los guatemaltecos. También admitió que nombró a Juan Carlos Monzón para facilitar el proceso, aunque ahora comprende que Monzón pudo haber excedido sus funciones sin supervisión adecuada.
En cuanto al cohecho pasivo, Pérez Molina vinculó este delito con el fraude, argumentando que para autorizar la terminal TCQ, debió permitir o no supervisar a Monzón, quien habría realizado negociaciones sin su conocimiento.
En el caso del lavado de dinero, Pérez Molina afirmó que se le acusaba de lavar dinero y que, aunque podía justificarse, asumía la responsabilidad por las omisiones y la falta de supervisión en su administración.
La decisión del exmandatario guatemalteco de declararse culpable en el caso "Cooptación del Estado" plantea una serie de implicaciones legales y políticas. La Ley de Aceptación de Cargos podría permitirle reducir significativamente su pena, pero su detención continúa debido a las altas fianzas impuestas en ambos casos. Además, la condena en el caso "La Línea" aún no está firme y podría abrir la puerta a una medida sustitutiva.
El caso "Cooptación del Estado" arroja luz sobre una estructura corrupta que operaba dentro del Estado guatemalteco y que habría beneficiado a Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti con millonarios sobornos a cambio de contratos públicos. Baldetti ya cumple condena por casos de fraude y corrupción en aduanas, y enfrenta una orden de extradición de los Estados Unidos de América por supuestos vínculos con el narcotráfico.
"Si yo cometí una omisión, error o lo que haya sido, o un delito como aquí se me está acusando, estoy aceptándolo", dijo el exmandatario del país centroamericano este miércoles. "Lo estoy aceptando porque, efectivamente, gire las instrucciones a las respectivas personas que tenían que ver con esto", agregó durante su declaración oficial frente a un tribunal de Ciudad de Guatemala.
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