En una jornada parlamentaria marcada por la controversia, el apuro y la tensión, el Congreso de la República de Guatemala retiró la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desatando una serie de acontecimientos que ahora ponen en entredicho la estabilidad y funcionamiento de este órgano clave para la democracia en el país centroamericano.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En una larga, sorpresiva y monitoreada (por la ciudadanía y los medios de comunicación locales y centroamericanos) sesión legislativa en el Congreso de la República de Guatemala, que terminó siendo un evento nocturno -pero no por el compromiso de la clase política, sino por ser el último encuentro de este año en el hemiciclo-, la noche del jueves 30 de noviembre de 2023, se tomó una decisión trascendental para la coyuntura: retirar la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco, quienes se encuentran en medio de una polémica acusación de supuesto fraude financiero en la compra del Sistema de Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales y presidenciales del 25 de junio y el 20 de agosto del corriente año.
La jornada parlamentaria de ayer comenzó a las 10 de la mañana con la propuesta del diputado Javier Hernández para que el antejuicio contra los magistrados se conociera rápidamente, como primer orden del día. Sin embargo, el oficialismo no contó en la primera votación con los números necesarios, suspendiendo la sesión.
Fue luego de aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2024, por 124 mil 879 millones de quetzales, cuando el diputado Alberto Sánchez, expulsado por Movimiento Semilla, tomó la palabra para presentar una moción verbal y proponer entrar a votar sobre el informe pesquisidor del TSE, una vez más, luego de que este documento fue leído en las instalaciones.
En una votación con tintes de polémica y con acusaciones de posible compra de votos, se logró el desafuero con 108 votos a favor, consumando así la retirada de la inmunidad para los magistrados.
La noticia no tardó en resonar. La magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, confirmó este viernes 01 de diciembre una reunión con los magistrados suplentes para abordar la situación. Sin embargo, adelantó que el Pleno del TSE no puede tomar decisiones al quedar incompleto.
Poco después, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmaron que tres de los magistrados afectados, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, salieron del país. En cuanto a Irma Palencia, también señalada, se desconoce su paradero, pero se confirmó que solicitó una licencia para ausentarse de sus labores mientras resuelve su situación legal.
El proceso para retirar la inmunidad a los magistrados del TSE fue veloz. La Comisión Pesquisidora, creada el lunes 20 de noviembre de 2023, entregó su informe nueve días después. La decisión de retirar el fuero se tomó por mayoría de tres a dos, con el presidente de la comisión, Julio Enrique Montano Méndez, y el vocal III, Osmundo René Ponce Serrano, votando en contra.
La denuncia del caso en cuestión, presentada al Ministerio Público (MP) por los abogados Karen Fischer y Giovanni Fratti, alega irregularidades en la compra del Sistema TREP. A pesar de que la discusión y los casos judiciales en contra del órgano electoral y el proceso de votación de este año -que suman al menos 15, según documentación realizada por la Redacción de COYUNTURA-, se centraron inicialmente en dudas sobre los resultados electorales, finalmente se abrió la puerta para una "investigación amplia" sobre la adquisición del programa informático.
La retirada de la inmunidad genera ahora mismo incertidumbre en el funcionamiento interno del TSE. La presidenta Blanca Alfaro señaló que la continuidad del trabajo del Tribunal debe ser sometida a un análisis, ya que el Pleno no puede tomar decisiones al quedar incompleto, teniendo en cuenta que incluso existen otros funcionarios del Tribunal Electoral siendo investigados, tal es el caso del jerarca del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, Ramiro Muñoz.
Irma Palencia y Rafael Rojas solicitaron licencia especial para ausentarse, mientras que Mynor Franco y Gabriel Aguilera podrían estar solicitando vacaciones en las próximas horas. Ana Elly López, exmagistrada suplente del TSE, explicó que en caso de prisión preventiva, los magistrados cesarían del cargo, siendo sustituidos provisionalmente por los suplentes.
Y, ¿el proceso electoral de este año?
Expertos consultados por este medio y agencias internacionales de información en Guatemala coinciden en que el proceso legal contra los magistrados no afectará los resultados electorales, ya que las acusaciones se centran en la supuesta "sobrevaloración" del software utilizado en el conteo de votos preliminar -teniendo en cuenta que el TSE realiza el conteo de forma manual-. El abogado constitucionalista Édgar Ortíz señaló que los magistrados titulares continuarán en su cargo a menos que enfrenten prisión preventiva.
La decisión del Congreso se basó en el informe circunstanciado que recomendaba retirar la inmunidad, afectando solo a los magistrados titulares, aunque la presidenta del TSE y los magistrados suplentes lograron un amparo provisional que frenó las diligencias de antejuicio.
La retirada de la inmunidad a los magistrados del TSE marca un capítulo más de gran trascendencia en la historia política de Guatemala y en el proceso de transición del Ejecutivo. La veloz decisión del Congreso, las acusaciones de posible compra de votos y la salida del país de algunos de los magistrados señalados dejan al descubierto la fragilidad del sistema electoral y generan incertidumbre sobre el futuro del Tribunal Supremo Electoral.
"Estas acciones como señaló el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de Derecho en general. El funcionario reitera su llamado 'a todas las autoridades a respetar el Estado de derecho y salvaguardar la democracia'", dijo este viernes la OACNUDH de Guatemala sobre el antejuicio contra los magistrados del TSE.
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