A la par de esta reestructuración narrativa e institucional, el régimen ha incrementado su capacidad operativa con la juramentación de más de 73,000 "policías voluntarios", una fuerza encapuchada desplegada en Managua y 20 municipios clave de Nicaragua. Este movimiento sugiere que el sandinismo no solo busca renovar su aparato represivo, sino también amplificar su alcance territorial en un contexto donde el descontento sigue latente.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La Policía de Nicaragua, controlada por el oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) anunció el retiro de los comisionados generales Jaime Vanegas, inspector general, y Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, jefe de la delegación policial de León. La decisión, comunicada el domingo 02 de marzo de 2025, se produce a pocos días de la ratificación del primer comisionado Francisco Díaz Madriz como director general del cuerpo armado para un nuevo período de seis años y en medio de la juramentación de miles de "policías voluntarios" para fortalecer el aparato militar oficialista.
Según el comunicado oficial, los retiros forman parte del "proceso ordinario de retiros y nombramientos en la Policía Nacional", conforme a la Ley Número 872 de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía y sus reformas, aprobadas en medio de una ola legislativa sin precedentes. Sin embargo, analistas y opositores políticos consultados por este medio interpretan esta medida como una muestra más de la purga interna en la institución y el aparato estatal, relacionada con pugnas dentro del aparato represivo del régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo.
Jaime Vanegas, considerado leal a la dictadura, se desempeñaba como vocero de la Policía y era parte del engranaje represivo contra la oposición, periodistas, religiosos y disidentes. A su vez, Fidel Domínguez encabezó brutales operativos de intimidación, incluyendo el ataque e incendio de la extinta Radio Darío en el año 2018, y fue sancionado en 2020 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) por su papel en la persecución de opositores y periodistas en la ciudad universitaria.
Junto con el retiro de Vanegas y Domínguez, la Policía nombró a Mauricio Lenin Soza Robelo como nuevo inspector general, a Óscar José Alemán Márquez como jefe de la Policía de León y a Álvaro José Pérez Marenco como jefe de Asesoría Legal. Estos nombramientos refuerzan la estructura del régimen, asegurando la continuidad de la lealtad dentro de la institución policial.
El 03 de marzo, La Gaceta - Diario Oficial publicó el Acuerdo Presidencial 37-2025, mediante el cual Daniel Ortega ascendió a Soza Robelo, Pérez Marenco y Alemán Márquez al grado de comisionados generales. Estos ascensos, según el opositor y ambientalista desnacionalizado Amaru Ruiz, son una "recompensa" a figuras clave en la represión y en el control territorial, incluyendo operaciones en territorios indígenas y afrodescendientes. Estos movimientos en la cúpula policial también coinciden con la reciente extensión del mandato de Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, gracias a reformas constitucionales que prolongaron los periodos de los altos funcionarios de poder en el país centroamericano. Asimismo, la juramentación de más de 73,000 "policías voluntarios" refuerza hasta hoy la estructura paramilitar del sandinismo, aumentando la capacidad de vigilancia y represión.
La destitución de Vanegas y Domínguez es vista por analistas como una señal de inestabilidad dentro del régimen. Informaciones previas indicaban que Domínguez había sido apartado de su cargo desde el 26 de febrero y llevado a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, un centro de detención conocido como "El Chipote", junto con otros oficiales de la Policía de León. Aunque las autoridades de seguridad han presentado su retiro como "honroso", su salida se asemeja a otras purgas ocurridas en los últimos años, donde funcionarios considerados leales han sido desplazados sin explicación.
Estos movimientos reflejan una dinámica recurrente en la recién estrenada monarquía: la sustitución de figuras desgastadas o conflictivas por nuevos cuadros, asegurando la renovación de lealtades y grupos de poder. Sin embargo, también evidencian tensiones internas que podrían derivar en futuras fracturas dentro del aparato represivo del régimen.
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