"La situación de Josseling y de muchísimas otras pudo haber sido diferente si las instituciones encargadas de protegerlas hubiesen actuado con mayor celeridad y eficacia, más allá de falsas mediaciones y papeles infinitos", señaló a COYUNTURA "Carina", activista-feminista de Nicaragua, exiliada en Costa Rica tras un intento de asesinato de su expareja.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El jueves 19 de septiembre de 2024, un crimen estremeció al municipio de Santa María de Pantasma, en el departamento de Jinotega, Nicaragua. Josseling Vanesa Rodríguez Argueta, una joven de 21 años, fue asesinada a sangre fría por su expareja, Samuel Arauz Blandón, quien le disparó en al menos ocho ocasiones en plena vía pública, a vista y paciencia de la ciudadanía, frente al centro de salud municipal. Este brutal acto de violencia no solo enlutó a una familia, sino que volvió a encender las alarmas sobre el aumento de los femicidios y la impunidad en Nicaragua, dejando a otra comunidad rota, de luto y sin respuestas.
El homicidio fue captado en video, donde se observa a Arauz descendiendo de una camioneta Toyota Hilux blanca y atacando a Josseling con su arma de fuego, sin mediación, pero con brutalidad y conciencia. Tras dispararle, Arauz huyó, pero fue capturado horas más tarde en el municipio de Wiwilí, Jinotega, por la Policía. La joven, madre de un niño de tres años, había terminado la relación con Arauz apenas dos días antes debido a los constantes episodios de violencia y amenazas -según fuentes consultadas por este medio-, un patrón recurrente en la ciudadanía, que finalmente culminó en su asesinato a sangre fría.
El caso de Josseling es un trágico reflejo de la violencia machista que azota Nicaragua. Según el relato de la Fiscalía, Josseling había denunciado a Arauz en diversas ocasiones por agresiones físicas y amenazas. El lunes 16 de septiembre, apenas tres días antes del asesinato, Arauz intentó matarla con un cuchillo frente a su hijo, lo que llevó a la joven a huir de Wiwilí y refugiarse en casa de una amiga en Santa María de Pantasma. Sin embargo, Arauz logró localizarla y cumplió con la promesa de "no dejarla jugar con él", tal como le había dicho en una conversación previa al crimen.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público -controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante el juicio incluyeron testimonios de familiares y amigos de Josseling, quienes confirmaron que Arauz fue violento y controlador durante toda la relación. Josseling, en un intento desesperado por salvar su vida, decidió abandonar la relación, pero las medidas de protección y las denuncias formales no fueron suficientes para evitar el trágico desenlace.
En ese sentido, COYUNTURA intentó comunicarse con la División de Relaciones Públicas del cuerpo de seguridad para obtener datos de los casos frustrados y las medidas impuestas en las situaciones como las que vivió Josseling a lo largo del presente año; evidentemente, la búsqueda de una declaración oficial al respecto fue en vano.
El 23 de septiembre de 2024, en una audiencia preliminar a la que solo tuvieron acceso los medios de la administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, Arauz se declaró culpable del crimen y expresó su arrepentimiento, aunque sus palabras no lograron aliviar el dolor de la familia de Josseling ni de la comunidad de Pantasma. "Estoy consciente de que lo que hice no tiene justificación. Estoy totalmente arrepentido porque la muchacha no se merecía eso, le destruí la vida a ella, y me dañé yo", dijo Arauz durante la audiencia.
El juez Carlos Molina, de los juzgados de Jinotega, admitió las pruebas y condenó a Arauz, sin ningún impedimento o contrapeso, a cadena perpetua por el femicidio agravado de su expareja.
Esta sentencia, aunque contundente, no revierte el patrón de violencia que enfrentan las mujeres en Nicaragua, un país donde las denuncias de violencia de género frecuentemente son desoídas o no se toman con la seriedad necesaria desde las instituciones del Estado. En palabras de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la impunidad sigue siendo una constante en los casos de femicidios, lo que deja a muchas mujeres en una situación de vulnerabilidad y desprotección constante.
El asesinato de Josseling Vanesa Rodríguez no es un caso aislado. Según los informes de la CDD, al menos 46 mujeres fueron asesinadas dentro de Nicaragua durante el primer semestre de 2024. Aunque esta cifra es inferior a los 72 femicidios registrados en 2023, 68 de ellos dentro del territorio nacional, se trata de datos parciales que solo cubren poco más de la mitad del año. La violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis en Nicaragua, un país que ha sido criticado por la falta de políticas efectivas para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas, a pesar de haber tenido las mejores legislaciones de Centroamérica para enfrentar la violencia.
Organizaciones como la Coalición Nicaragua Lucha han denunciado repetidamente la inacción de la administración sandinista -en el Poder Ejecutivo desde 2007- en estos casos. En un comunicado emitido en mayo de 2024, el movimiento social señaló que "la impunidad golpea a las poblaciones más vulnerables: mujeres, niñas y adolescentes". Esta afirmación cobra relevancia en un contexto donde la violencia machista es uno de los problemas más acuciantes y donde los esfuerzos por erradicarla parecen insuficientes.
Josseling deja en la orfandad a un niño de tres años, una víctima colateral de la violencia que marcó la vida de su madre. Este niño, como muchos otros en Nicaragua, crecerá sin la presencia de una madre que intentó, sin éxito, escapar de un ciclo de abuso. Los familiares de Josseling han expresado su dolor e indignación ante la tragedia, y han hecho un llamado a las autoridades para que no se sigan repitiendo casos como este. Sin embargo, la respuesta estatal y del sistema judicial es y seguirá siendo insuficiente, y las organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo cambios profundos en las políticas de protección para las mujeres.
"La situación de Josseling y de muchísimas otras pudo haber sido diferente si las instituciones encargadas de protegerlas hubiesen actuado con mayor celeridad y eficacia, más allá de falsas mediaciones y papeles infinitos", señaló a este medio "Carina", activista-feminista de Nicaragua, exiliada en Costa Rica tras un intento de asesinato de su expareja.
El caso de Josseling Rodríguez es un recordatorio doloroso de la crisis de violencia de género que atraviesa Nicaragua. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, sumada a la cultura de machismo arraigada en la sociedad y las instituciones, ha llevado a que muchas mujeres vivan en constante miedo y vulnerabilidad, o en desplazamiento y anonimato. El femicidio de Josseling también pone de manifiesto la necesidad de una mayor concientización y educación sobre la violencia de género. Aunque se han implementado algunas leyes para proteger a las mujeres, estas no son suficientes si no se acompañan de una verdadera transformación cultural y de un compromiso firme por parte del Estado para hacerlas cumplir.
En 2010 se registraron 89 femicidios contra nicaragüenses; 77 en 2011; 70 en 2012; 64 en 2013; 70 en 2014; 53 en 2015; 49 en 2016; 51 en 2017; 61 en 2018; 53 en 2019; 71 en 2020; 71 en 2022 y al menos 68 en 2023.
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