El informe de la Sección 353(b) sobre actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, correspondiente al año 2024, ha puesto de manifiesto la persistencia de prácticas de corrupción y el debilitamiento de los procesos democráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A través de esta lista, conocida como Lista Engel, el gobierno estadounidense busca sancionar a individuos clave que han socavado las instituciones democráticas, facilitado la corrupción significativa o obstruido las investigaciones sobre actos corruptos en estos países.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En un informe reciente presentado al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), publicado este viernes 27 de diciembre de 2024, se han identificado a personas extranjeras que han "participado activamente en acciones corruptas y antidemocráticas" en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. De acuerdo con la Sección 353(b) de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, publicada por la administración estadounidense en el año 2020, estas personas son señaladas por socavar procesos o instituciones democráticas, participar en corrupción significativa y obstruir investigaciones sobre sus actos corruptos. Esta actualización de la también conocida como "Lista Engel" expone y sanciona a aquellos que han erosionado la democracia y fomentado la corrupción en la región. Se les han cancelado su visa de EE.UU. o cualquier documento para ingreso válido a territorio estadounidense. También el bloqueo de propiedades por orden del presidente Joseph Biden. Este 2024 fueron anexados 27 centroamericanos. Acá puede encontrar la actualización de 2023, con un total de 39 centroamericanos agregados.
El Salvador
En El Salvador, el informe destaca a José Edgardo Bruno Ventura, conocido como "Hermano", quien jugó un papel crucial en la corrupción vinculada al tráfico de drogas, al sobornar a miembros de la Policía Nacional Civil y otros funcionarios para proteger su red criminal. Además, se señala a Nercy Patricia Montano De Martínez, exalcaldesa de Soyapango, quien fue acusada de malversación de fondos públicos y la asignación ilegal de contratos municipales, una muestra de la grave falta de transparencia en el gobierno local.
Guatemala
Guatemala, por su parte, enfrenta una grave crisis de corrupción institucionalizada. El informe menciona a Jorge Adolfo Mondal Chew, presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), quien estuvo involucrado en un esquema de sobornos para garantizar su permanencia en el cargo. También se destaca a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, magistrada de la Corte Constitucional, acusada de aceptar sobornos a cambio de fallos favorables. Estos casos demuestran la penetración de la corrupción en las más altas esferas judiciales, minando la confianza en el sistema de justicia.
Honduras
En Honduras, el informe señala a Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien utilizó su poder para socavar el Estado de derecho, afectando la independencia judicial y la transparencia del sistema legal. También se menciona a Ebal Jair Díaz Lupián, exsecretario de la Presidencia del condenado exmandatario Juan Orlando Hernández, quien se apropió indebidamente de fondos destinados a la reconstrucción tras los huracanes Eta e Iota, desviando recursos esenciales para la ayuda humanitaria, para luego huir a Nicaragua y ser nacionalizado por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El informe incluye además a Lourdes Pamela Blanco Luque, abogada privada, quien ejerció presión sobre funcionarios públicos para "obtener favores personales", una clara muestra de cómo la corrupción permea todos los niveles del gobierno y la administración pública.
Nicaragua
Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua y también rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la extinta Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU y de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU de Nicaragua, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a simpatizantes del partido gobernante en las administraciones universitarias".
Isaias Hernández Sánchez, director de Planificación y Desarrollo del CNU de Nicaragua, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de Nicaragua, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
Nivea del Socorro González Rojas, exmiembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
Francisco Martín Jácamo Ramírez, exmiembro directivo de la CNEA de Nicaragua, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
Luz Marina Ortis Narváez, vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen sandinista y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega y Rosario Murillo".
Moisés Ignacio Palacios, secretario general de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político Sandinista FSLN de Ortega".
Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica Nacional, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político Sandinista FSLN de Ortega".
Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
María Alejandra Martínez Guadamuz, secretaria general de la Universidad Politécnica Nacional, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
Johana Elena Torrez Mendoza, rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
José Ramón Velásquez Hernández, vicerrector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
Juan Carlos Benavides Fuentes, rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
José Elías Álvarez, secretario general de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas participando en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia usando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
Flor de María Pérez Vélez, rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia usando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
Javier Guillermo Hernández Munguía, vicerrector de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
Claudia Patricia Jovel Castillo, secretaria general de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, quien "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega".
La actualización de la Lista Engel 2024 subraya un patrón preocupante de corrupción y autoritarismo que afecta a varios países de Centroamérica, donde la impunidad y la manipulación de las instituciones democráticas continúan siendo problemas graves. La corrupción, el soborno y el abuso de poder son prácticas que no solo debilitan la gobernanza, sino que también amenazan el futuro de la democracia en la región.
Este informe no solo pone en evidencia la persistencia de estas prácticas, sino que también llama la atención sobre la necesidad de una respuesta más firme por parte de la comunidad internacional, especialmente en términos de sanciones y medidas para frenar el deterioro democrático. Sin embargo, el impacto de estas acciones sigue siendo limitado si no se acompañan de un cambio estructural y profundo en los sistemas de justicia y en la cultura política de los países involucrados.
De cara al año 2025, la región sigue siendo un terreno fértil para la corrupción y la represión, con consecuencias devastadoras para las instituciones democráticas, los derechos humanos y el bienestar de las poblaciones centroamericanas.
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