El acto de ayer es solo una muestra del afianzamiento del poder de Ortega y Murillo, que se han hecho con la plena concentración del Estado, sin ningún tipo de contrapeso, tras llegar al poder en 2007 y casarse en septiembre de 2005. Este modelo de gobierno autoritario y dinástico ha dejado a Nicaragua en una situación de profunda crisis política, económica, humanitaria, de seguridad y social, con casi un millón de nicaragüenses forzados a vivir fuera de casa, mientras los pocos que permanecen en el país conviven en un régimen de represión, vigilancia y persecución constante, aunque la administración sandinista y sus aliados digan o griten -con trajes verde olivo- lo contrario.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La noche de este viernes 21 de febrero de 2025, en un acto realizado en una Plaza de la Fe impecable y un despliegue de tanquetas, drones, banderas del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y militares sin precedentes en el corazón político e histórico de Managua, el general del Ejército de Nicaragua, el comandante en jefe Julio César Avilés Castillo, que ostenta ese cargo desde noviembre de 2009, fue juramentado para un nuevo periodo al frente de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, que se extenderá hasta el año 2031. La ceremonia se llevó a cabo en conmemoración del "legado y la memoria" de Augusto César Sandino, y, en su primer acto oficial como Copresidencia del país centroamericano, estuvo presidida por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes se han autoproclamado comandatarios de la torturada nación, tras imponer una reforma constitucional total que redefinió la estructura del Estado, sin ninguna oposición parlamentaria en el Poder Legislativo o el sistema de justicia, y cero comentarios de los vecinos geográficos.
Así como lo leyó en este titular. La pareja sandinista, que rara vez abandona su guarida en El Carmen, impuso con este acto militar -flanqueada por su consuegro, el comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madriz, y poco más de 50 invitados, entre representantes de cuerpos militares y policiales de la región- un modelo político, institucional y social diseñado a su medida. Un sistema basado de forma descarada y violatoria de todo derecho ciudadano en el culto a su familia y el simbolismo que han construido a lo largo de los años con sangre y corrupción, en nombre de Dios y de una narrativa "socialista" que se apropia del discurso del progreso y el bien común para justificar su dominio absoluto.
Aunque no es un fenómeno nuevo en el mundo, la relación entre esta pareja y la administración sandinista que representan junto a todos sus hijos-ministros, marca desde esta semana, además del primer Estado-nación-familia en la historia registrada de América continental, un vínculo inquebrantable entre el aparato estatal, la vida jurídica, el sistema en todas sus dimensiones y la ciudadanía. Ortega y Murillo lo encarnan todo, juntos, como matrimonio y una especie de copresidentes, sin legitimad de las urnas o un referéndum.
Desde las diligencias diarias del Poder Ejecutivo -que ahora tiene la potestad de nombrar al magistrado presidente de lo que deja de ser un "Poder del Estado" para convertirse en el Órgano Consejo Supremo Electoral (CSE)- hasta el control absoluto de la institucionalidad nacional y municipal, el transporte público, la censura en la televisión estatal, la determinación de quién debe ser detenido por la Policía y luego judicializado o simplemente desaparecido, qué comentarios son considerados una "amenaza para la seguridad nacional" o "mentiras del demonio y el odio", y quiénes pueden o no optar por un cargo de elección pública. En esta nueva configuración de poder, todo pasa por sus manos, sin contrapesos ni disidencias toleradas. Con ambas firmas ejerciendo autoridad.
La reforma, aprobada por una Asamblea Legislativa completamente sometida al oficialismo del FSLN, con un Partido Liberal Constitucionalista (PLC) doblegado por temor, complacencia o placer, extendió el mandato de cinco a seis años y otorga al Ejecutivo la facultad de coordinar el congreso, el ahora Órgano Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desmantelando así cualquier vestigio de separación de poderes y consolidando un modelo de dominación total, radicado en el ombligo de Managua.
El evento contó con la presencia de altos funcionarios del gobierno y del Ejército de Nicaragua, así como representantes de países aliados al régimen sandinista, aunque pocos funcionarios le rindieron tributo a Murillo, quien estrena más poderes e igualdad constitucional en el cargo que ahora comparte con el guerrillero con el que contrajo matrimonio por el catolicismo en 2005. Entre ellos destacaron el presidente del directorio legislativo, Gustavo Porras; la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona; el jefe del Estado Mayor General del Ejército, mayor Bayardo Ramón Rodríguez; el inspector general del Ejército, mayor Marvin Corrales, y miembros del CSE, la CSJ y el sistema financiero, político y civil, con deleite y una sobriedad interrumpida solo por el rojinegro y los militares, juntos por primera vez desde la aprobación y publicación de la "novedosa" y monstruosa obra reglamentaria. También participaron la fiscal general, la procuradora de la República y otros entes jerárquicos, junto a la siempre asistente personal Camila Ortega Murillo.
Entre los invitados internacionales estuvieron el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, así como delegaciones de Venezuela, México, Rusia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre ellos también, el general de brigada Juan Ángel Carrera Sandoval, representante del Ministerio de Defensa guatemalteco, junto a su esposa; el coronel salvadoreño José Orlando García Mena; y el general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas, igualmente junto a su esposa, a solo 16 días del proceso de votación primario en el vecino del norte. La asistencia de estas figuras resalta los vínculos geopolíticos del régimen, más fuertes que nunca en cuanto a narrativa y seguridad, en un contexto de creciente aislamiento internacional, y acusaciones y búsquedas encabezadas por la justicia argentina contra el sandinismo y su gente.
La juramentación de Avilés se da en el contexto de la reciente publicación de la flamante Carta Magna en La Gaceta - Diario Oficial de Nicaragua, y de los acuerdos presidenciales que consolidan el modelo de Copresidencia, instaurado tras una reforma total a la Constitución Política. A pesar de ser presentado como un cambio "parcial", la nueva Constitución eliminó contrapesos institucionales y otorgó a Ortega y Murillo un control absoluto sobre el aparato estatal. Omnipotentes. Supremos. Soberanos. Familia. Invencibles. Y todos los sinónimos que puedan o no utilizarse.
Una de las modificaciones más significativos es la eliminación de la independencia de los poderes del Estado, ahora rebautizados como "Órganos", subordinados a la Copresidencia. La Asamblea Legislativa, la Corte Suprema y el Consejo Electoral han visto reducidas sus atribuciones, mientras que el Ejecutivo concentra el poder en todas las esferas, incluso las metafóricas e históricas, superando la ficción o la literatura nacional. Además, el mandato copresidencial se amplió, asegurando la continuidad indefinida de la tiranía, con una sucesión consanguínea en el horizonte.
Entre las disposiciones clave de la reforma destaca la reducción del número de magistrados y contralores de la República, pasando de 34 a 24. Este ajuste no solo debilita la fiscalización del Estado, sino que refuerza el control del oficialismo sobre las instituciones. Además, la nueva Constitución introduce el concepto de "democracia directa", promovida por Murillo desde 2007 a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), un sistema de organización que, lejos de representar la voluntad popular, ha sido utilizado como un mecanismo de vigilancia y control, ilustrado en una fuerza paramilitar de al menos 30,000 sujetos considerados por las nuevas disposiciones como "policías voluntarios".
Otro cambio significativo es la incorporación del término "protagonistas", una retórica propagandística utilizada por Murillo para referirse a los beneficiarios de programas gubernamentales, reforzando un modelo clientelista que perpetúa la dependencia de la población hacia el Estado, según analistas y abogados constitucionalistas, afianzando así un sistema más radical que el de Anastasio Somoza García.
En paralelo a la juramentación, los acuerdos publicados este viernes en La Gaceta revelaron que el gobierno autorizó la suscripción de un crédito por 69,150 millones de dólares con la empresa China Communications Construction Company Limited (CCCC). Según la dinastía Ortega-Murillo, este préstamo será destinado a la construcción de una planta de energía eólica en Estelí, aunque la falta de transparencia en proyectos anteriores genera ya serias dudas sobre el destino real de los fondos.
En el sector financiero, el régimen también anunció la creación de un "Comité de Estabilidad Financiera" con amplios poderes sobre la banca privada. Esta medida, junto con el incremento en los requisitos de capital para las entidades financieras y la imposición de miembros externos en las juntas directivas de los bancos, refuerza el control estatal sobre la economía y restringe la autonomía del sector privado, tras el cierre de casi 4,000 organizaciones no gubernamentales en menos de tres años.
Con la imposición de la Copresidencia, Ortega y Murillo han asegurado la continuidad de su plan familiar. La nueva Constitución no solo los legitima como líderes vitalicios, sino que allana el camino para la sucesión dinástica de sus hijos, quienes ya ocupan posiciones clave en el aparato estatal, la propaganda oficialista y las relaciones con los principales aliados, entre ellos Xi Jinping, Vladimir Putin, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, Xiomara Castro y Nayib Bukele.
En este contexto, la juramentación del general Avilés se convierte en un símbolo de la lealtad inquebrantable de las Fuerzas Armadas al régimen sandinista, garantizando la estabilidad del modelo de control absoluto instaurado por Daniel y Rosario, después de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones constitucionales y sociales masivas desencadenadas desde abril de 2018, documentadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y una veintena de entes bilaterales y de derechos humanos. Mientras tanto, la población nicaragüense enfrenta un futuro cada vez más incierto, marcado por la falta de libertades, la represión política, social, jurídica e institucional, y el deterioro de las condiciones económicas, comunitarias y educativas.
El régimen ha consolidado su dominio sobre Nicaragua con una estructura que anula cualquier posibilidad de oposición, críticas o alternancia en el poder. En este nuevo escenario, el país centroamericano queda a merced de un gobierno autocrático que ha eliminado los principios democráticos y las garantías constitucionales, sumiendo a la nación en una monarquía de facto sin precedentes en su historia, con los militares de Centroamérica aplaudiendo como focas, a quienes no fueron elegidos por el pueblo de forma legítima, en una puesta en escena digna del desprecio ciudadano e internacional.
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