Estas nuevas disposiciones también permitirán que la Copresidencia coordine los ahora Órganos -ya no más Poderes- Legislativo, Judicial y Electoral, consolidando un modelo de partido único y centralizando aún más el poder en manos de la familia sandinista.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha dado otro paso en la consolidación de su control absoluto y extremo sobre Nicaragua, su institucionalidad y gente. Este martes 04 de marzo de 2025, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó en lo general una nueva Ley Electoral, diseñada para ajustar el sistema político a la medida de la recién instaurada Constitución Política, la cual oficializó un sistema monarquico único en Centroamérica. Con 91 votos a favor, las y los diputados avanzaron en la aprobación de los artículos, un proceso que continuará en los próximos días.
Según el presidente de los congresistas, Gustavo Porras, la discusión en lo particular podría extenderse hasta la próxima semana si es necesario. La urgencia del oficialismo por aprobar la nueva normativa responde a la imposición de una estructura electoral alineada con los principios del régimen, eliminando cualquier resquicio de independencia en los procesos democráticos del país.
El diputado Edwin Castro Rivera, jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), calificó la aprobación de la normativa como el inicio de "un ciclo de creación de nuevas leyes" adaptadas a la Constitución reformada en su totalidad, vigente desde febrero de este año. La Asamblea sandinista, en su rol de simple brazo legislativo del Ejecutivo, ha justificado la necesidad de una nueva Ley Electoral bajo el argumento de "armonizar el ordenamiento jurídico nacional con la Carta Magna".
Ortega y Murillo, en la exposición de motivos de la nueva ley, insisten en que la regulación vigente, aprobada en el año 2000 y reformada en ocho ocasiones, ya no se ajusta al modelo de "democracia directa y protagonismo ciudadano" que promueven. Sin embargo, detrás de estos conceptos se esconde una política que restringe aún más los derechos de participación y fiscalización de los procesos electorales.
La nueva normativa introduce cambios estructurales que consolidan la hegemonía del FSLN sobre el sistema electoral:
Incorporación de los "copresidentes": Una figura política inédita en Nicaragua y América continental que oficializa el rol de Rosario Murillo como una autoridad equiparable a la de Daniel Ortega, quien fue escogido presidente en 2007, y desde entonces se ha reelegido de forma inconstitucional y sin competencia.
Extensión del periodo de gobierno: Se aumenta de cinco a seis años el mandato copresidencial, prolongando el tiempo en el poder sin necesidad de elecciones frecuentes.
Control absoluto del Órgano Electoral: Este ente, anteriormente autónomo, ahora estará subordinado a la Copresidencia, eliminando cualquier independencia en la organización y fiscalización de elecciones.
Reducción de magistrados: De siete a seis magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), asegurando una estructura más cómoda para el control del oficialismo.
Estos cambios refuerzan la verticalidad del poder en Nicaragua, disminuyendo las ya limitadas -o inexistentes- posibilidades de una contienda electoral justa, observada y transparente.
Reformas en cadena: marco legal a conveniencia del régimen sandinista
La nueva Ley Electoral no es una iniciativa aislada. Forma parte de un entramado jurídico que Ortega y Murillo han venido tejiendo desde mediados de 2023 para afianzar su dominio en todos los niveles del Estado, después de una cuarta reelección en 2021. COYUNTURA documentó al menos 16 reformas y nuevas legislaciones aprobadas en 16 meses, las cuales han impactado múltiples ámbitos:
Derecho penal: Endurecimiento de penas por "traición a la Patria" y criminalización de cualquier expresión crítica contra el Estado y el FSLN.
Seguridad y vigilancia: Mayor control sobre ciudadanos y opositores mediante nuevas normativas de "seguridad ciudadana" y la modificación de los reglamentos de la Policía.
Libertad de expresión: Regulaciones más estrictas contra medios de comunicación independientes y bloqueos de financiamiento extranjero para sectores sociales.
Administración estatal y local: Reducción de autonomía municipal y centralización del poder en Managua.
Esta serie de reformas y leyes han sido aprobadas sin obstáculos gracias a la sumisión absoluta de la Asamblea Nacional, donde el FSLN mantiene el control total, mientras el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) guarda completo silencia.
Con la nueva Ley Electoral y las recientes reformas, la dictadura sandinista ha cerrado aún más las puertas a cualquier posibilidad de transición democrática en Nicaragua. La oposición, la prensa y la disidencia, severamente reprimidas y con sus principales figuras en el exilio, desnacionalizadas o en prisión, enfrentan un escenario político en el que participar en elecciones controladas por el oficialismo es poco menos que un acto simbólico.
A medida que Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidan su dominio mediante un aparato legal, de seguridad y judicial a su servicio, la incertidumbre sobre el futuro político, económico y social del país crece. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la sistemática erosión de los derechos democráticos en Nicaragua, pero hasta el momento, las sanciones y condenas no han logrado frenar el avance del autoritarismo sandinista.
Mientras tanto, las y los nicaragüenses continúan enfrentando un entorno donde la democracia es una farsa y el poder político e institucional se concentra cada vez más en una dinastía que, lejos de ceder, refuerza su estructura para perpetuarse indefinidamente.
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