Uno de los puntos críticos de la resolución, llamada "Seguimiento de la Situación en Nicaragua", es la demanda de que el régimen permita a las y los nicaragüenses entrar y salir del país centroamericano sin problemas y que cese la impunidad de las instituciones estatales que han perpetrado graves violaciones de derechos humanos. Además, se solicita al sandinismo el "respeto" de las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se "abstenga de reprimir" y detener arbitrariamente a líderes políticos, sociales y religiosos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Asunción, Paraguay
En el marco de la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Asunción, Paraguay, los cancilleres de 32 países miembros aprobaron por aclamación una resolución instando a los Estados del hemisferio a redoblar esfuerzos para detener las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La resolución -publicada por COYUNTURA hace algunas horas-, promovida por Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Argentina, Uruguay, Perú y Antigua y Barbuda, exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos o religiosos.
La resolución destaca la necesidad de restaurar las instituciones democráticas en Nicaragua, haciendo un llamado a cesar toda forma de persecución ideológica y a respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos. Además, se subraya la grave situación de más de 270,000 nicaragüenses desplazados y la cancelación de más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil. También se manifiesta preocupación por la privación de nacionalidad y derechos políticos de más de 300 personas, así como por el cierre de al menos 54 medios de comunicación y el exilio forzado de más de 250 periodistas.
El documento, titulado "Seguimiento de la Situación en Nicaragua", exige el fin de la impunidad de las instituciones estatales y otros actores responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Asimismo, solicita al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo que respete las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y proporcione información sobre la salud de los 11 líderes religiosos evangélicos de Puerta de la Montaña, detenidos en instalaciones de máxima seguridad, ya con sentencia condenatoria.
La resolución también insta a la administración nicaragüense a permitir la entrada de la CIDH y otros organismos internacionales competentes para supervisar la situación de derechos humanos en el país centroamericano.
Nicaragua fuera de la OEA
El 19 de noviembre de 2023, Nicaragua oficializó su salida de la OEA, convirtiéndose en el segundo país de América Latina en abandonar voluntariamente el organismo, después de Venezuela. El régimen de Ortega argumentó "constantes actitudes injerencistas" por parte del organismo regional, especialmente tras varias resoluciones que condenaron sus violaciones contra el pueblo nicaragüense.
La Asamblea General de la OEA, que se inauguró oficialmente el miércoles 26 de junio, es la primera en la que Nicaragua no participa como país miembro. El Consejo Permanente de la OEA ha sido encomendado para seguir informado sobre la situación en Nicaragua, facilitando iniciativas de diálogo y visibilización de los objetivos de esta resolución dentro del marco del derecho internacional.
La resolución ha recibido el respaldo de numerosos países que reafirmaron su condena a las acciones del régimen orteguista. Los representantes de Canadá, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, y Uruguay, entre otros, reiteraron su enérgica condena a la confiscación de la sede de la OEA en Managua en abril de 2022.
La situación en Nicaragua fue incluida en el proyecto de temario del 54º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA a solicitud de un grupo de cinco países encabezados por la Misión Permanente de Canadá.
Esta resolución -la primera aprobada sin un Estado en contra- representa un paso significativo en el esfuerzo colectivo por denunciar y abordar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, destacando la necesidad urgente de restaurar la democracia y proteger a la ciudadanía nicaragüense de la represión estatal.
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