Ambos temas, tanto la preocupación por el presupuesto electoral para el 2025 como la polémica sobre la construcción de la cárcel, reflejan la habitual tensión en el panorama político y social hondureño. La oposición de sectores políticos y comunidades locales pone en evidencia las profundas divisiones sobre el manejo de los recursos públicos y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y la democracia en el país centroamericano.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
En el Congreso Legislativo de Honduras se han encendido dos debates clave impulsados por las diputadas Lissi Matute Cano, del Partido Nacional (PNH), y Erika Urtecho, del Partido Liberal (PLH). Ambas legisladoras han planteado preocupaciones profundas sobre decisiones presupuestarias y políticas gubernamentales que, según ellas, podrían afectar la democracia, la convivencia social y los recursos naturales del país centroamericano.
Lissi Matute Cano, diputada nacionalista, reiteró la postura de su bancada de no respaldar el Presupuesto General de 2025, señalando graves omisiones en la asignación de fondos para el Consejo Nacional Electoral (CNE). Matute advirtió que la ausencia de una línea presupuestaria para este órgano pone en riesgo la organización de las elecciones generales programadas para ese año. "Vemos con suma preocupación que el presupuesto para el CNE ha sido reservado en una planilla confidencial manejada por la Secretaría de Finanzas y la Presidencia de la República, lo que pone en precariedad nuestra democracia", señaló. Según la legisladora, esta disposición otorga uso discrecional de los fondos a la presidencia, una práctica que consideró alarmante e incompatible con la transparencia requerida en los procesos democráticos.
Matute Cano llamó a que se restituya de inmediato la asignación presupuestaria del CNE, subrayando que cualquier demora generará incertidumbre en la preparación de un proceso electoral confiable y transparente. La bancada del PNH también criticó que el gobierno del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), bajo la administración de Xiomara Castro, aún no ha ejecutado el presupuesto vigente y, a pesar de ello, solicita más recursos para el próximo año.
En un tema distinto pero igual de relevante, la diputada Erika Urtecho, representante del PLH y originaria del departamento de Gracias a Dios, expresó su rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el Mocorón, en pleno territorio de La Mosquitia. Según la legisladora, este proyecto amenaza la convivencia de las comunidades indígenas y los recursos naturales de una región reconocida por su valor ambiental. "La construcción de la cárcel afectará la sana convivencia y los recursos naturales. Esto no solo es una violación a los derechos de las comunidades indígenas, sino también un atentado contra las áreas protegidas que estas han cuidado durante generaciones", denunció Urtecho esta semana.
La legisladora también señaló la falta de consulta previa con las comunidades locales, calificando este hecho como una vulneración a sus derechos fundamentales. La población, señaló, ya ha comenzado a movilizarse en rechazo al proyecto, con al menos 100 personas protestando en los terrenos designados para la construcción.
Urtecho instó al Estado a buscar otro lugar para el proyecto y evitar así una posible demanda. "Le pedimos al gobierno que desista, que busque otro espacio que no vulnere los derechos de nuestra gente ni dañe nuestros recursos naturales", declaró.
En ese sentido, las declaraciones de ambas diputadas ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta Honduras en términos de transparencia, derechos comunitarios y planificación presupuestaria. Por un lado, se cuestiona la gestión gubernamental en la asignación de recursos clave para la democracia. Por otro, se denuncia la falta de sensibilidad hacia las comunidades indígenas y el medio ambiente en la ejecución de proyectos de infraestructura.
Ambos casos destacan la necesidad de acciones responsables que garanticen procesos institucionales, electorales y económicos sólidos y respeten los derechos de las comunidades locales, elementos esenciales para la estabilidad y el desarrollo en todo el territorio.
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