Esta es "la peor etapa de la represión Ortega-Murillo desde abril de 2018" contra la iglesia católica y la libertad de religión en Nicaragua, denuncia una abogada que lleva al menos cinco años documentando las violaciones al catolicismo.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Matagalpa, Nicaragua
Este viernes 02 de agosto de 2024, las fuerzas antimotines de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron a los sacerdotes Jairo Pravia y Víctor Godoy, después de varias horas de asedio en la parroquia Inmaculada Concepción de María, en Sébaco. Según fuentes anónimas consultadas por COYUNTURA, los sacerdotes fueron sacados por la sacristía, tras la última eucaristía oficiada por Pravia a las 5:00 a.m., hora local.
La abogada y defensora de derechos humanos nicaragüense, Martha Patricia Molina, actualmente exiliada, denunció la situación en su cuenta de X (antes Twitter) a las 07:19 a.m., alertando sobre el asedio policial en Sébaco y la zozobra que enfrenta el clero de Matagalpa y Estelí. A las 09:39 a.m., Molina informó que la parroquia San Pedro en Ciudad Darío también estaba bajo asedio policial.
"La iglesia católica está viviendo en este momento la peor etapa de la represión Ortega-Murillo desde abril de 2018. OREMOS", escribió en sus redes sociales.
Esta situación se suma a la detención, ayer jueves 01 de agosto, de los sacerdotes Ulises René Vega Matamoros y Edgar Sacasa, también de la diócesis de Matagalpa. El cura exiliado Edwin Román denunció estos arrestos como parte de una estrategia de la administración sandinista de Daniel Ortega para intensificar la represión contra la iglesia católica y la libertad de culto, aprovechando la atención internacional centrada en la crisis de Venezuela, según algunos analistas consultados por este medio. Vega Matamoros, vicario judicial y responsable de la pastoral familiar en la iglesia San Ramón, y Sacasa, vicario pastoral y cura de la parroquia San Isidro, fueron arrestados sin que las autoridades nicaragüenses ofrecieran explicaciones. "Solo entraron, después de varias rondas, los sacaron y ya", dijo un ciudadano que presenció parte del arresto, ejecutado por oficiales de una delegación de Estelí.
El silencio gubernamental ha sido la norma en estos eventos, lo que aumenta la incertidumbre y el temor entre la feligresía y la comunidad eclesial.
El contexto de estas detenciones es particularmente delicado debido a la celebración de las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán en la capital, Managua, una de las festividades católicas más importantes en Nicaragua. A pesar de las restricciones impuestas por el Estado, los nicaragüenses continúan celebrando bajo la estricta supervisión de las autoridades municipales y la Policía, controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La imagen de Santo Domingo, conocida pública y cariñosamente como "Minguito", es el centro de desfiles y procesiones que se llevan a cabo bajo un fuerte control policial. "Mientras tanto, las parroquias viven un control absoluto de los dirigentes sandinistas y los oficiales de la Policía", señaló un sacerdote de Masaya, agregando indignación e ira ante las recientes detenciones.
La represión contra la iglesia católica se ha intensificado en los últimos meses. Molina reportó que el 23 % de los clérigos nicaragüenses han sido desterrados o exiliados debido a la represión gubernamental. Un total de 30 sacerdotes han sido detenidos, enjuiciados y posteriormente desterrados, desde el año 2018 -un suceso que no se ha visto desde el año 2000 en ningún lugar de las Américas-. Esta situación ha provocado divisiones dentro de la comunidad eclesial y también dentro de las esferas del FSLN, con algunos sacerdotes optando por el silencio y otros alineándose con las autoridades para evitar represalias.
El obispo Rolando Álvarez, una figura central en la resistencia contra el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, lidera la diócesis de Matagalpa, ahora desde el exilio. Enviado al Vaticano en enero de 2024, Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por el sistema de justicia -que también controla el sandinismo- y ha perdido su nacionalidad nicaragüense por su oposición al régimen. Su negativa a abandonar el país y a subirse en febrero de 2023 a un avión con otros excarcelados resultó en una dura represalia por parte del Estado, controlado por Ortega desde 2007.
Por otro lado, en la diócesis de Estelí, el padre Frutos Constantino Valle Salmerón ha asumido la administración ad omnia tras el destierro de monseñor Álvarez, enfrentando también procesos judiciales por parte del sistema sandinista. La reciente cancelación de la ordenación sacerdotal de varios diáconos, incluyendo a Wendel Fuentes Chavarría, ha generado más incertidumbre. Una carta de Fuentes Chavarría menciona que la cancelación se debe a razones externas a la vida eclesial, sin ofrecer detalles adicionales. Mientras tanto, Valle fue interrogado por las fuerzas sandinistas el viernes 26 de julio de 2024; "fue enviado a Managua y tiene "seminario por cárcel", por orden directa del Poder Ejecutivo.
La persecución del clero y las restricciones a las celebraciones religiosas reflejan una estrategia de Ortega para controlar y silenciar cada vez más voces disidentes, sin pausa, sin restricciones, y sin sentido alguno o verdaderos argumentos judiciales. No obstante, la comunidad católica en Nicaragua sigue adelante con sus tradiciones y celebraciones, pero cada vez más en silencio, dominada y sin salida. Las festividades de Santo Domingo de Guzmán, que atraen a miles de participantes, son un ejemplo de la resiliencia de las y los fieles, quienes parecen no enterarse de los sucesos mencionados en este texto. La intensa vigilancia policial y las restricciones impuestas evidencian la creciente tensión entre el Estado y la iglesia en Nicaragua, o cualquiera que se oponga a los Ortega-Murillo.
Al cierre de este texto, fuentes eclesiásticas confirmaron al equipo de COYUNTURA que la lista de los detenidos desde el lunes 29 de julio hasta el viernes 02 de agoto la completan fray Silvio Romero, director del Colegio Franciscano de Juigalpa, Chontales, y Marlon Velásquez, originario de Sébaco pero administrador de la parroquia Santa Lucía en Ciudad Darío. Ambos fueron detenidos el mediodía de hoy.
La detención de al menos siete sacerdotes en los últimos días subraya la gravedad de esta situación, en la que la Policía es complice, al igual que jueces, operarios de justicia y otros. Con cada arresto, la represión se profundiza, afectando no solo a la comunidad eclesial, sino también a la sociedad nicaragüense en general. La iglesia católica, históricamente una voz crítica y un baluarte de resistencia en el país centroamericano y la región -también violador de derechos entre grupos y pueblos del mundo-, enfrenta uno de sus momentos más difíciles bajo el régimen de Ortega. Mientras tanto, los llamados a la oración y a la solidaridad se multiplican, en espera de una resolución a la crisis que enfrenta Nicaragua.
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