El periodismo de investigación en El Salvador ha enfrentado obstáculos importantes en los últimos años, y la nueva ley podría sumarse a estos retos. La historia reciente del país ha sido testigo de una creciente restricción al acceso a la información pública, como lo ha señalado Lourdes Palacios, coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas en El Salvador (COFFAPES). Palacios ha criticado la creciente opacidad en la gestión pública desde 2019, especialmente en lo que respecta a la transparencia en el uso de fondos públicos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Política, ciudadanía y libertad de prensa
San Salvador, El Salvador
El martes 12 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que transforma significativamente el manejo de datos personales en internet, creando un escenario ambiguo para la libertad de expresión, el acceso a la información y la actividad periodística en el país centroamericano. Esta normativa, que permite la eliminación de información personal de los motores de búsqueda y sitios web bajo determinadas condiciones, genera preocupaciones sobre sus implicaciones para los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, especialmente para la prensa y la historia pública.
La ley establece que las y los salvadoreños tienen derecho a solicitar la eliminación de datos personales cuando estos sean "inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos", lo que podría incluir información publicada en artículos periodísticos y otros formatos y contenidos. De acuerdo con el nuevo marco legal, cualquier ciudadano podrá solicitar que ciertos datos sean eliminados de los motores de búsqueda como Google, si considera que afectan su reputación o son obsoletos. Esta medida se alinea con lo que se conoce como el "derecho al olvido", una figura jurídica establecida en 2014 en la Unión Europea, que permite la retirada de enlaces a datos personales en resultados de búsqueda bajo ciertas condiciones.
La aplicación de esta ley en El Salvador corre a cargo de la recientemente creada Agencia de Ciberseguridad Estatal (ACE), un organismo con facultades para evaluar las solicitudes de eliminación de datos y sancionar a aquellos que no cumplan con sus disposiciones. A través de este mecanismo, la ley otorga a la ACE un poder amplio para definir qué información debe ser retirada de los registros electrónicos, incluidas las publicaciones periodísticas que mencionan hechos o personas específicas.
La ley ha generado un debate importante sobre su impacto en la libertad de expresión y la labor del periodismo. Aunque la norma establece que no procederá la eliminación de datos cuando sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión y prensa, también subraya que los datos utilizados deben ser "exactos", lo que puede convertirse en un concepto ambiguo. En este sentido, la definición de "exactitud" podría entrar en conflicto con el trabajo periodístico, que a menudo involucra la recopilación de información de fuentes diversas y hasta anónimas, que puede ser imprecisa o cambiar con el tiempo.
Especialistas en derechos digitales, como Nathalie Hernández, advierten que el derecho al olvido podría limitar el acceso a información relevante para el ejercicio del periodismo, al permitir que se eliminen datos históricos o jurídicos que sean considerados desactualizados, aunque sigan siendo de interés público. Hernández señala que esto podría alterar el contexto de hechos históricos o actuales, dificultando la capacidad de los medios para informar con transparencia y precisión sobre eventos pasados. Además, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha expresado este mes de noviembre su preocupación de que la ley imponga restricciones innecesarias al ejercicio de la libertad de expresión al someter a las y los periodistas a los mismos estándares que se aplican a los administradores de bases de datos personales.
El temor a un mayor control sobre la información se ve reflejado en las críticas sobre el contexto en el que fue aprobada la ley. El proceso fue notablemente rápido, con apenas dos sesiones de trabajo en las que se escuchó la opinión de un único funcionario del Estado. Durante las discusiones, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que anteriormente velaba por la transparencia en el país, perdió muchas de sus atribuciones a favor de la ACE. Esto genera incertidumbre política, ciudadana e institucional sobre la capacidad de la ciudadanía, el tercer sector y los medios de comunicación para acceder a información pública.
Históricamente, la prensa salvadoreña ha utilizado los registros públicos, como el Registro de Comercio o el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, para realizar investigaciones sobre funcionarios públicos y su posible enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la ley original presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) proponía restricciones en el acceso a estos registros, un punto que fue modificado en el último momento gracias a la intervención de algunos diputados. A pesar de este cambio, persisten preocupaciones sobre las posibles restricciones a la labor periodística en el futuro.
La ley se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración de Nayib Bukele en su segundo mandato consecutivo que han sido vistas como intentos de restringir el acceso a la información pública, como las reformas legales de 2019 que recortaron las funciones de las secretarías encargadas de garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. Lourdes Palacios, coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas en El Salvador (COFFAPES), destacó en una reciente entrevista que desde la llegada de la actual autoridad estatal en el año 2019, se ha producido un retroceso en las políticas de transparencia, lo que dificulta hasta la fecha conocer el destino de importantes recursos públicos, como los fondos destinados a la pandemia de Covid-19.
La ley también tiene implicaciones sobre la censura y el control de los contenidos en internet. Por ejemplo, en 2021, la Revista Factum fue obligada a retirar contenido de su sitio web a raíz de una orden judicial relacionada con su cobertura de la fosa clandestina donde se descubrió que un policía estaba involucrado. Este caso refleja un precedente en el que el Estado, a través de la justicia y su sistema, ha intervenido en la publicación de información, lo que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los medios de comunicación en un entorno de creciente control estatal sobre la información.
El miedo a la censura se intensifica cuando se considera que las autoridades podrían utilizar la ley no solo para proteger la privacidad de los individuos, sino también para eliminar información inconveniente o incómoda para el oficialismo. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha alertado sobre el uso indebido del derecho al olvido, advirtiendo que este no debe emplearse como un mecanismo para suprimir información que sea relevante para la sociedad.
Así, el impacto de esta ley no se limita solo a los medios tradicionales. En 2023, Google comenzó a operar en El Salvador como parte de un millonario proyecto de modernización de los servicios públicos, lo que incluye la creación de plataformas digitales para el sector salud y otras áreas gubernamentales. La relación entre el régimen salvadoreño y grandes corporaciones tecnológicas como Google, junto con la introducción de la nueva ley de protección de datos, ha generado inquietudes sobre la posible vigilancia y control de la información a través de plataformas extranjeras, lo que podría agravar la centralización del poder en manos de entidades gubernamentales y corporativas.
La Ley de Protección de Datos Personales aprobada en El Salvador plantea un dilema complejo entre la protección de la privacidad individual y la preservación de la libertad de expresión, el acceso a la información y la transparencia en el ejercicio del periodismo. Aunque la ley pretende garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos, su aplicación podría tener consecuencias perjudiciales para la labor periodística y el derecho del público a conocer la verdad sobre asuntos de interés público. En un contexto donde la transparencia y el acceso a la información se han visto cada vez más limitados, esta ley podría convertirse en una herramienta adicional para silenciar a las y los opositores del régimen y restringir el flujo de información crítica.
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