El presidente del directorio legislativo, Gustavo Porras, ha defendido la normativa argumentando que todas las cédulas actuales seguirán vigentes hasta 2030 y que una vez expiradas serán reemplazadas por una "Cédula de Identificación Ciudadana" que mantendrá el mismo número de identificación asignado al nacer.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La Asamblea Legislativa de Nicaragua, bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la influencia del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este jueves 27 de febrero de 2025 la nueva "Ley de Identificación Ciudadana", un marco legal que introduce un número único de identificación para cada ciudadano desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Este documento se convierte en un requisito obligatorio para los menores de 16 años y se empleará como referencia en todos los trámites realizados ante entidades públicas y privadas.
La Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, bajo la administración del ahora Consejo Supremo Electoral (CSE), será la encargada de asignar el número de identificación único a cada ciudadano desde el momento de su inscripción. Este sistema busca establecer un mecanismo de identificación permanente, prescindiendo de la normativa anterior aprobada en 1993 durante el gobierno de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, la cual regulaba la identificación ciudadana de una manera menos intrusiva.
El documento de identificación para menores estará organizado en tres rangos de edad:
De 0 a 6 años: Válido hasta que el menor cumpla los 6 años.
De 6 a 13 años: Válido hasta que el menor cumpla los 13 años.
De 13 a 16 años: Válido hasta que el menor cumpla los 16 años.
De 16 años en adelante: Cédula de identidad válida por 10 años.
Este documento será entregado al ingresar un nacimiento en el Registro Civil de las Personas y también podrá solicitarse posteriormente por al menos uno de los padres o la persona con autoridad parental o representación legal.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es la incorporación de elementos de seguridad biométricos, lo que supone un mayor control sobre la identidad de cada ciudadano desde su nacimiento. Aunque la ley no detalla con precisión qué tipo de tecnologías se utilizarán, se presume que incluirá mecanismos avanzados para la verificación de identidad, fotografía inteligente y la huella dactilar. En Honduras, esta semana se puso en funcionamiento un sistema similar, pero menos invasivo y político.
A pesar de la magnitud del cambio, la legislación nicaragüense no especifica si la emisión del documento de identificación para menores será gratuita, ni si su renovación o reposición por pérdida o deterioro tendrá algún costo. Actualmente, el trámite de reposición de la cédula de identidad en Nicaragua tiene un valor de 300 córdobas, por lo que existe incertidumbre sobre si se aplicará un cobro similar a estos nuevos documentos.
Desde diversos sectores han surgido preocupaciones sobre las implicaciones de esta ley. Algunos analistas advierten al cierre de este texto que este sistema podría convertirse en otro mecanismo de control social, jurídico y estadístico, ya que centraliza y refuerza más la capacidad del Estado para rastrear a las y los ciudadanos, ahora desde el nacimiento hasta su salida o ingreso al territorio. También se cuestiona la falta de claridad sobre el acceso a los datos biométricos y cómo se manejará la información privada de los ciudadanos.
El presidente del directorio legislativo, Gustavo Porras, ha defendido la ley argumentando que todas las cédulas actuales seguirán vigentes hasta 2030 y que una vez expiradas serán reemplazadas por una "Cédula de Identificación Ciudadana" que mantendrá el mismo número de identificación asignado al nacer. Por otro lado, el establecimiento de este sistema de identificación también plantea preocupaciones en el contexto político y de seguridad actual. Nicaragua ha intensificado el control sobre la oposición, las iglesias, escuelas, universidades y los exiliados, con acciones como la cancelación de nacionalidades y la confiscación de bienes a disidentes y empresas u organizaciones. Expertos temen que este nuevo mecanismo pueda facilitar la persecución y represalias contra críticos del régimen y sus familiares, especialmente aquellos que han salido del país y buscan protección en el extranjero.
Con esta nueva Ley de Identificación Ciudadana, Nicaragua da un paso significativo hacia un sistema de identificación más centralizado y tecnológico. Sin embargo, la ausencia de detalles sobre costos, el tratamiento de los datos biométricos y las posibles limitaciones a la privacidad generan incertidumbre y críticas. A medida que la implementación avance, quedará por verse si este sistema servirá para facilitar el acceso a servicios o si se convertirá en un instrumento de mayor control estatal y represión política.
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