Uno de los puntos más controvertidos de la nueva legislación es la exclusión de la obligatoriedad de licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios destinados al Ejército y la Policía Nacional. Según el texto aprobado, estas instituciones podrán efectuar compras mediante procedimientos de contratación simplificada y resoluciones emitidas por sus máximas autoridades.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La Asamblea Legislativa de Nicaragua, controlada por el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este martes 18 de febrero de 2025 la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, una normativa que, según el Poder Ejecutivo, busca modernizar y agilizar los procesos de compra del sector público. Sin embargo, la ley ha generado críticas debido a la exclusión de la Policía Nacional y el Ejército de los mecanismos tradicionales de licitación y fiscalización, lo que abre la puerta a la opacidad en el uso de los recursos estatales.
El texto aprobado establece que las adquisiciones del Estado serán más rápidas y simplificadas, facilitando la compra de bienes y servicios esenciales para la administración pública. Entre los objetivos declarados están la reducción de plazos, la promoción de la competencia abierta y el fortalecimiento de la transparencia.
No obstante, la ley también introduce modificaciones que exceptúan del proceso de licitación pública a determinadas instituciones, en particular las fuerzas de seguridad y defensa del país centroamericano. Según la normativa, revisada por este medio, quedan excluidas de control externo las adquisiciones de bienes y equipos destinados a garantizar la "independencia, soberanía, autodeterminación, integridad territorial, paz, seguridad, defensa nacional y mantenimiento del orden interno".
En otras palabras, el Ejército y la Policía Nacional podrán realizar compras sin rendir cuentas bajo los procesos tradicionales de licitación pública, recurriendo a mecanismos como la contratación simplificada y resoluciones internas de sus máximas autoridades. Además, la normativa amplía la posibilidad de realizar adquisiciones con fondos de caja chica, sin necesidad de presentar informes detallados sobre su uso.
Aumento en los montos para licitaciones
Otra modificación significativa es el incremento en los montos obligados a pasar por procesos de licitación y contratación:
Antes: las licitaciones eran necesarias para montos a partir de tres millones de córdobas (aproximadamente 81,000 dólares).
Ahora: el umbral se eleva a 10 millones de córdobas (cerca de 270,000 dólares).
Asimismo, la contratación menor, que antes cubría adquisiciones de hasta 500,000 córdobas (unos 13,500 dólares), ahora se amplía a dos millones de córdobas (cerca de 54,000 dólares).
Este cambio reduce la cantidad de compras que requieren procesos competitivos y supervisión externa, permitiendo a las instituciones ejecutar contratos de mayor cuantía con menos restricciones.
Boletos aéreos y caja chica: más excepciones
Otro punto relevante de la ley es la eliminación de licitaciones para la compra de boletos aéreos internacionales. Ahora, todas las adquisiciones de pasajes se realizarán en línea a través de plataformas digitales autorizadas por la Copresidencia, sin necesidad de procesos competitivos. Además, se flexibilizan aún más las reglas para el uso de fondos de caja chica. Dependencias gubernamentales (como en Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud) podrán hacer compras excepcionales mediante contratación simplificada, basándose únicamente en la resolución de su máxima autoridad.
Desde el oficialismo, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, defendió la iniciativa asegurando que la nueva ley permitirá que el Estado funcione de manera más "eficiente y ágil" en la adquisición de insumos esenciales, como medicamentos para hospitales y mobiliario escolar. "Con esta ley damos respuesta a una necesidad real que tenemos los nicaragüenses. Hacemos que el Estado se convierta en una herramienta efectiva, eficiente, capaz y transparente para resolver los problemas del día a día", sostuvo Gutiérrez.
No obstante, opositores, economistas y analistas consultados por COYUNTURA han señalado que la reforma legal profundiza la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, otorgando mayor discrecionalidad a las fuerzas de seguridad y otros entes, y reduciendo a su vez los mecanismos de control sobre sus presupuestos y la ejecución.
"El Ejército y la Policía Nacional manejan enormes recursos del Estado. Antes estaban obligados a rendir cuentas bajo ciertos procesos, ahora están exentos de cualquier tipo de fiscalización. Es un cheque en blanco para compras secretas", comentó un exfuncionario legislativo que prefirió el anonimato. Asimismo, organismos de la sociedad civil han advertido que esta ley podría facilitar el uso discrecional de fondos públicos sin rendición de cuentas, un problema recurrente en regímenes autoritarios. Además, han señalado que la falta de licitaciones empuja la corrupción y el clientelismo, permitiendo la adjudicación directa de contratos sin competencia real.
La Ley de Contrataciones Administrativas del Estado marca un punto de inflexión en la forma en que la administración de Nicaragua maneja sus compras y contrataciones. Si bien desde el oficialismo se presenta como un paso hacia la modernización y la eficiencia, en la práctica limita la supervisión de los recursos públicos y fortalece el control del Ejecutivo -en manos del FSLN desde 2007- sobre la administración estatal.
Al excluir a la Policía y el Ejército de los mecanismos tradicionales de fiscalización, la nueva normativa consolida aún más el poder del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, otorgándole mayor capacidad para operar con poca o nula transparencia en áreas sensibles del aparato estatal.
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