La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a Ecuador y Nicaragua a reformar sus leyes y políticas para prevenir la violencia sexual y proteger a las niñas. Esto incluye asegurar que las víctimas tengan acceso a recursos legales efectivos, educación sexual integral y servicios de salud reproductiva.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió este lunes 20 de enero de 2025 un contundente dictamen titulado "El embarazo y la maternidad forzada de niñas violadas en Ecuador y Nicaragua equivale a tortura", señalando que el embarazo forzado y la maternidad obligada constituyen una grave vulneración de los derechos de las niñas víctimas de violación. La decisión, publicada recientemente, aborda tres casos emblemáticos ocurridos en Ecuador y Nicaragua, donde menores de entre 12 y 13 años quedaron embarazadas tras sufrir abuso sexual y se vieron forzadas a llevar a término sus embarazos en condiciones adversas.
Hélène Tigroudja, miembro del Comité, enfatizó que "obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura y una falta de protección de algunas de las más vulnerables". La falta de respuesta por parte de las administraciones estatales de Ecuador y Nicaragua en estos casos fue considerada por el Comité como una omisión estatal ante su obligación de proteger a las menores.
"Norma", una menor ecuatoriana de 13 años, quedó embarazada tras ser víctima de incesto por parte de su padre, un agresor reincidente que ya había sido denunciado por otros abusos dentro de su familia. Pese a la existencia legal del aborto terapéutico en Ecuador, las barreras prácticas impidieron su acceso. Norma, desinformada sobre opciones de adopción, se vio forzada a criar al niño en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a educación ni apoyo gubernamental.
"Susana", nicaragüense, fue abandonada por su madre biológica y entregada a sus abuelos, donde fue sometida a esclavitud doméstica y abusos sexuales desde los seis años por su abuelo. A los 12 años quedó embarazada, y su abuela, a pesar de los esfuerzos por obtener ayuda, no logró que las autoridades intervinieran debido a los vínculos del agresor con un grupo armado local. Tras el nacimiento del bebé, Susana solicitó protección, pero las autoridades alegaron incapacidad para detener al perpetrador.
"Lucía", también de Nicaragua, sufrió abusos continuos por parte de un sacerdote de su comunidad, quien la obligaba a consumir anticonceptivos de emergencia. Cuando quedó embarazada, enfrentó amenazas para que retirara la denuncia penal. A pesar del apoyo de su familia, las autoridades no tomaron acción contra el agresor, y Lucía fue obligada a dar a luz, enfrentando abusos adicionales durante el parto por parte del personal médico.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que Ecuador y Nicaragua incumplieron el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual protege el derecho a la vida. Según el Comité, este derecho no puede ser interpretado de manera restrictiva, sino que también abarca la posibilidad de vivir con dignidad. Tigroudja subrayó que "los Estados deben adoptar medidas concretas para abordar las condiciones sociales que amenazan el derecho a la vida, en especial para proteger a las niñas".
Además, los casos también constituyen una violación del artículo 7, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las menores experimentaron sufrimiento extremo debido a la violencia sexual, el estigma comunitario y la carga de criar a un hijo en condiciones precarias.
El Comité instó a Ecuador y Nicaragua a adoptar medidas reparadoras para las víctimas, incluyendo acceso a educación, apoyo psicológico y garantía de justicia contra los agresores. Además, recomendó la promulgación y aplicación efectiva de leyes que garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como la creación de mecanismos de protección efectivos para niñas en riesgo.
Finalmente, el Comité hizo un llamado global para garantizar el acceso efectivo a servicios de aborto seguro y la educación en salud sexual y reproductiva para prevenir futuras violaciones a los derechos de las menores.
El fallo del Comité, si bien no es vinculante, impone una obligación moral y política sobre los Estados Parte del Pacto Internacional, instándolos a actuar con debida diligencia en la protección de los derechos de la infancia.
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