El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desataron una cacería de entidades no gubernamentales que no ha cesado desde 2018 y que empeoro desde enero de 2022, dejando hasta ahora cientos de organizaciones y asociaciones clausuradas, en su gran mayoría de sectores históricamente desatendidos por el Estado totalitario nicaragüense. Un operativo político que antes involucraba a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, pero que ahora dependerá completamente del Ministerio de Gobernación.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Política y relaciones internacionales
Managua, Nicaragua
El primer informe que advertía sobre la clausura masiva de organizaciones sin fines de lucro y/o entidades no gubernamentales en Nicaragua fue publicado en enero de 2020 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La entidad explicaba entonces que el régimen Ortega-Murillo habría realizado "un análisis del total de organizaciones registradas al 30 de septiembre de 2019, en el que identificó un grupo de 1,797 entidades que podrían ser vulnerables en cuanto al financiamiento del terrorismo".
GAFILAT, una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, expuso en su momento que Nicaragua aplica "un enfoque basado en el riesgo en línea con lo previsto en el Plan de Acción del Ministerio de Gobernación (MIGOB)" gracias a "un monitoreo intensificado para los subconjuntos de mayor riesgo". Y fue el pasado 24 de agosto que el MIGOB puso en práctica de forma directa dicho plan y realizó la primera cancelación en bloque de 100 organizaciones sin fines de lucro, que se sumaron a las 1,550 entidades previamente clausuradas por la Asamblea Nacional durante este 2022.
Tras varios meses cancelando de forma masiva cientos de entidades no gubernamentales, el Poder Legislativo, controlado por el oficialismo, otorgó al MIGOB el control absoluto para continuar clausurando organizaciones en Nicaragua, gracias a la modificación de la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. La nueva disposición, aprobada en el decreto Nº 8825 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 16 de agosto de 2022, amplío el margen de control sobre las entidades no gubernamentales, incluyendo en el concepto y espectro de organizaciones sin fines de lucro a todo tipo de asociaciones y grupos deportivos, religiosos, sociales, culturales y hasta cámaras gremiales empresariales. Además, ahora la entidad gubernamental, dirigida por la ministra María Amelia Coronel Kinloch, aprobará o cancelará personerías jurídicas, sin pasar por el filtro de la Asamblea Nacional nicaragüense.
El segundo grupo de organizaciones canceladas por decreto del MIGOB se oficializó en La Gaceta del 31 de agosto de 2022. Otras 100 entidades no gubernamentales, entre las que destacan la Asociación Nicaragüita, Asociación Mujeres de Ometepe, Fundación Red Mujeres por la Vida y la Asociación Sociedad Nicaragüense de Urología, fueron canceladas, según el decreto Nº 8826.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) rechazó la reforma realizada por el Legislativo y aseguró que "solo un tribunal independiente debe poder disolver una organización". "Concentrar esta potestad en el Poder Ejecutivo erosiona aún más el espacio cívico y la libertad de asociación, esenciales en democracia", citó el organismo en su cuenta oficial de Twitter.
El proceso de cancelación ha sido el mismo y las justificaciones también. Estas organizaciones incumplieron la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro; la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Legislaciones aprobadas por el órgano estatal en los últimos dos años, para facilitar procesos considerados represivos y antidemocráticos según organismos multilaterales y defensores de derechos humanos.
Una de las organizaciones clausuradas durante el mes de agosto es el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, cuya administración ha denunciado que desde junio pasado, cuando anunciaron a las autoridades nicaragüenses el traslado de su sede regional a Costa Rica, el representante fue conminado a salir del país en un margen de 72 horas luego de una llamada telefónica de funcionarios del régimen.
Xavier Ruiz, directivo de dicha entidad, explicó en una entrevista con la alianza Voces En Libertad su proceso de expulsión y el trabajo que el organismo municipalista realizaba en el territorio nicaragüense desde hace 20 años, en su mayoría con alcaldías controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
"Nosotros hemos trabajo en todos los momentos con todos los gobiernos. Siempre trabajamos de la mano de las autoridades locales, pero también, evidentemente, con la población organizada, con asociaciones civiles que puedan haber a nivel local, en proyectos básicamente de desarrollo local, es decir, temas relacionados con agua y saneamiento, gestión de residuos, acciones para mejorar la infraestructura educativa, temas vinculados a la salud", explica Ruiz sobre la labor de la organización de origen catalán. "Hemos estado siempre anuentes, desde el principio, desde que se abre la oficina en Managua en 2002, a presentar todo aquello que fuera necesario a todos los ministerios que lo requiriesen", comenta.
Antes de su cierre, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament contabilizaba entre 15 y 20 proyectos activos en todo el territorio nicaragüense. "Son proyectos siempre vinculados al desarrollo local y centrados en esa relación que nosotros siempre hemos estado apoyando de hermanamientos entre municipios de Catalunya, de España, con municipios de Nicaragua", explica Ruiz, quien agrega que esa relación "por mucho tiempo se llevo de la mejor manera" debido a que el organismo "nunca ha intentado crear algún tipo de ruido fuera de lo que es la cooperación internacional", lo que al final puntualiza como "su propósito y trabajo" como entidad.
Una funcionaria de otra organización clausurada consultada por la alianza Voces En Libertad, que solicitó anonimato por seguridad, asegura que el cierre masivo de organizaciones debería seguir siendo de interés nacional e internacional debido a que "la sociedad se queda sin espacios autónomos del sistema dictatorial en Nicaragua". Al 02 de septiembre de 2022 ya son 1,750 las organizaciones nacionales canceladas (cifra estimada en el informe de GAFILAT).
"No solo se trata de la clausura de espacios que aportaban enormemente al desarrollo humano, cultural, agrario, educativo y en salud, que por supuesto duele y tendrá un impacto fuerte. Se trata también de oportunidades, entidades y personas perdidas; las únicas que aún no estaban controladas por el régimen nicaragüense", explica la profesional.
Al respecto, Ruiz señala que la aportación en general de la cooperación internacional durante las últimas dos décadas ha sido fundamental para el desarrollo de Nicaragua, pero que también la nación centroamericana pierde aliados y oportunidades para la ciudadanía al cerrar sus puertas a la ayuda de otras naciones y espacios. "Los montos que se han ido gestionando de cooperación en Nicaragua, ya sea por agencias oficiales del Estado, ya sea por organismos no gubernamentales, ha sido muy importante, muy elevada", aseguró Ruiz. Sin embargo, agrega que lo más relevante de esta situación es que "Nicaragua se cierra a sí misma y deja de tener relaciones internacionales".
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