El sector minero en Nicaragua ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente en la extracción de oro, que se ha convertido en el principal producto de exportación del país centroamericano. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de controversias debido a preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos, los impactos ambientales y la transparencia en la gestión de los recursos naturales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En un movimiento que ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional, el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, otorgó una concesión minera a una empresa china en el Día Mundial de la Tierra. Esta concesión, que abarca un vasto territorio de 36,610.10 hectáreas, se encuentra ubicada en los municipios de Siuna y Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). A pesar de la magnitud del área concesionada, preocupaciones sobre los estudios de impacto ambiental y las implicaciones para las comunidades locales han sido planteadas por diversos sectores.
La empresa beneficiaria de esta concesión es Nicaragua Xinxin Linze Minera Group S.A., representada por Edward Xiang Liu, quien ha obtenido el permiso para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote conocido como Nuevo Bijagual. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha justificado la concesión asegurando que se han cumplido todos los requisitos legales y que la empresa posee la capacidad técnica y financiera necesaria para llevar a cabo las actividades mineras en la zona.
Sin embargo, la falta de transparencia en cuanto a los estudios de impacto ambiental ha sido motivo de preocupación para diversos actores, incluyendo al ambientalista desnacionalizado Amaru Ruiz, director de la cancelada Fundación del Río. Ruiz señala que no se han presentado los estudios requeridos por ley y que no hay información disponible sobre aspectos cruciales como la ubicación exacta de las hectáreas concesionadas, su impacto en territorios indígenas, o la consulta previa a las comunidades afectadas.
Además, Ruiz expresó preocupación por los estándares ambientales y laborales de las empresas chinas, sugiriendo que podrían ser inferiores a los estándares aplicados por otras compañías mineras en Nicaragua. Esta preocupación se basa en la reputación histórica de China en términos de estándares ambientales y laborales, lo que aumenta las inquietudes sobre el posible impacto negativo de este proyecto en el medio ambiente y en las comunidades locales, las cuales recientemente elevaron el llamado de protección y justicia para el Estado de Nicaragua.
La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendiente (INANA-AIP) también ha denunciado las concesiones mineras en Nicaragua, argumentando que profundizan el extractivismo y representan una amenaza para la cultura y la supervivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región. INANA-AIP advirtió sobre posibles formas de violencia utilizadas para imponer estas concesiones y expulsar a las comunidades que se oponen a ellas.
Los datos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas revelan que más del 23 % del territorio nacional de Nicaragua está actualmente concesionado o solicitado para la explotación minera. Esto incluye tanto áreas destinadas a la explotación metálica como no metálica. Con la reciente concesión a Nicaragua Xinxin Linze Minera Group S.A., es probable que el país supere fácilmente los dos millones de hectáreas concesionadas. Es importante destacar que estas concesiones mineras se producen en un contexto político y económico complejo. En octubre de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica sancionó a la Dirección General de Minas, adscrita al MEM, por su presunto papel en eludir las sanciones impuestas a Nicaragua y por supuestas actividades relacionadas con el apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Además, la creciente presencia de empresas chinas en el sector minero nicaragüense ha suscitado interrogantes sobre las motivaciones políticas detrás de estos acuerdos. Amaru Ruiz sugirió a un medio independiente que la administración de Ortega podría estar buscando diversificar sus relaciones comerciales y acceder a nuevos mercados, particularmente en Asia, como respuesta a las sanciones y presiones internacionales.
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