Desde el fulgor de la "Primavera de Abril" del año 2018 hasta la oscura sombra que dejó tras de sí en la actualidad, Nicaragua ha sido testigo de uno de los capítulos más lúgubres de su historia reciente. En el escenario de las protestas ciudadanas, donde la voz del pueblo buscaba resonar con la fuerza del clamor por la justicia y la democracia, la respuesta del régimen Ortega-Murillo fue la represión despiadada, un baño de fuego y plomo, lo que transformó las calles en campos de batalla y las casas en sepulcros. Seis años después, el país centroamericano vive un estado policial de facto, confiscaciones masivas, desplazamientos forzados y violaciones constitucionales. No hay diálogos ni acuerdos. No hay oposición, pero sí una lucha entre los hechos y la narrativa sandinista.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En el complejo policial Faustino Ruiz de la capital de Nicaragua, el comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, inspector general de la Policía Nacional -bajo el completo control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-, pronunció palabras que resuenan en medio de la celebración del "Mes Nacional de la Paz". Sin embargo, estas palabras no son de reconciliación, sino de advertencia, ira, venganza y hasta de contradicción: "Sean sacerdotes, sean pastores, sean empresarios, sean lo que sean, si son malos hijos de la Patria tienen que pagar". Estas declaraciones, enmarcadas en una jornada festiva instaurada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que se extiende desde el 2023 hasta la actualidad, buscan eclipsar la conmemoración de la llamada "Rebelión de Abril" de 2018, un momento crucial en la historia reciente del país centroamericano, con una crisis múltiple que solo empeora.
Desde aquellos días tumultuosos en 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir justicia y democracia, enfrentándose a una brutal represión por parte de la Policía y grupos paramilitares afiliados al FSLN y a las instituciones del Estado. Ahora, mientras el oficialismo despliega actividades para reafirmar su control, la oposición y los defensores de los derechos humanos recuerdan los horrores de aquel período, documentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en al menos dos informes independientes.
En el discurso oficial, se señala a los opositores como "enemigos" de la Patria, una retórica que resuena tanto en las palabras de Vanegas como en las expresiones de la vicepresidenta Rosario Murillo. Esta última, conocida por sus discursos incendiarios del mediodía, no escatima en acusaciones contra Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), la iglesia católica, empresarios y toda oposición social o política, a quienes responsabiliza de "desatar la crisis" que aún afecta a Nicaragua, pero que nunca afrontaron con humanismo. Murillo, en su característico estilo, arremetió hace unos días especialmente contra los sacerdotes, a quienes llamó "discípulos de Satanás", por seguir denunciando la apoteósica situación.
Mientras el régimen sandinista celebra, la oposición, desde el exilio o en la clandestinidad, conmemora el aniversario de las protestas antigubernamentales, recordando a las víctimas y demandando justicia. Pero dentro de Nicaragua, el miedo y la represión impiden cualquier manifestación pública. Desde que en 2018 se declararon ilegales las reuniones y manifestaciones opositoras, el silencio se ha impuesto como una forma de autopreservación. "Ni memoria nos dejan tener", dijo una activista de Managua bajo anonimato. Ni ella ni sus amigos han publicado en sus redes sociales sobre los seis años, por temor o protección.
Este clima de intimidación y represión no es nuevo en Nicaragua. Desde abril de 2018, la dictadura de la familia Ortega-Murillo ha sido acusada de cometer violaciones masivas de derechos humanos, crímenes que finalmente han sido reconocidos como tales por la comunidad internacional. Según informes de organismos independientes, medios y especialistas, se han documentado casos de asesinato, tortura, desapariciones forzadas, violaciones, desnacionalización y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad y grupos afines al régimen.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en diciembre de 2018, por ejemplo, reveló una política de Estado dirigida por Ortega y Murillo para sofocar las protestas mediante el uso indiscriminado de la fuerza letal. Este informe, junto con otros posteriores realizados por expertos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirma la gravedad de la situación en Nicaragua y la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), los crímenes de lesa humanidad incluyen una amplia gama de actos inhumanos perpetrados como parte de un ataque sistemático contra la población civil y la disidencia.
A pesar de los esfuerzos del régimen por presentar una imagen de estabilidad y celebración, la verdad sobre los crímenes cometidos en Nicaragua desde 2018 sigue siendo un recordatorio constante de la lucha por la justicia y la democracia en el país centroamericano. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa exigiendo rendición de cuentas y medidas para garantizar que tales atrocidades nunca vuelvan a repetirse.
Pero son muchas las situaciones que oscurecen el contexto y la vida en Nicaragua. Una grave crisis en los territorios Mayangna y complicidad estatal para la libertad de presuntos autores intelectuales de ataques contra indígenas; un excarcelado político encontrado muerto en un vertedero de basura; y más del 40 % de los departamentos carecen de medios independientes. Así va el país y su gente en el sexto año de conflicto.
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