El régimen sandinista ha justificado la expulsión de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alegando que su informe más reciente es "sesgado" y que atenta contra la soberanía del país centroamericano. En su comunicado oficial, el Estado de Nicaragua aseguró que la FAO no consultó ni validó los datos con las instituciones estatales, lo que, según el oficialismo, viola las normas de cooperación internacional.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo ha ordenado la expulsión de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de Nicaragua, según un comunicado publicado por la Cancillería de la República el día de hoy, emitido el lunes 03 de febrero de 2025. La decisión responde a la publicación de un informe reciente de la FAO que revela que 1.3 millones de nicaragüenses padecen hambre, equivalente al 19.6 % de la población del país centroamericano.
En su carta oficial dirigida al director general de la FAO, Qu Dongyu, el canciller Valdrack Jaentschke calificó el informe de "inaceptable, inadmisible e irrespetuoso", alegando que la información presentada carece de rigor metodológico y fue divulgada con "fines políticos". Además, la dictadura nicaragüense argumenta que los datos no fueron consultados ni validados por las instituciones oficiales, lo que consideran una vulneración de su soberanía.
En consecuencia, la administración Ortega-Murillo ordenó la salida inmediata de la FAO y el cierre de sus oficinas en el país, consolidando así su postura de rechazo a los informes y evaluaciones de organismos internacionales sobre la situación en todo el territorio nacional
Según el informe de la FAO, Nicaragua se encuentra entre los países con mayor inseguridad alimentaria en Centroamérica, junto con Honduras (20.4 %) y Guatemala (12.6 %). El reporte destaca que la crisis alimentaria se ha agravado en los últimos años, pasando de 17.8 % en 2018-2020 a 19.6 % en 2021-2023, lo que significa que unas 200,000 personas adicionales han caído en una situación de hambre.
El informe también destaca que el 27.3 % de la población nicaragüense no puede permitirse una alimentación adecuada. Entre los grupos más afectados están las mujeres en edad reproductiva, con un 15.7 % sufriendo anemia debido a la falta de acceso a una nutrición balanceada, y las y los niños menores de cinco años, de los cuales el 14.9 % presenta retraso en el crecimiento.
El informe de la FAO revela que Nicaragua es el país con el costo más alto para una dieta saludable en Centroamérica, con un gasto diario de 4.61 dólares por persona, superando a Honduras (4.37 dólares) y Costa Rica (4.27 dólares). Este incremento es considerable en comparación con los 3.67 dólares de 2017, lo que refleja el encarecimiento del acceso a alimentos básicos.
A esta situación se suma el bajo poder adquisitivo de los nicaragüenses. En 2023, el salario mínimo promedio en Nicaragua fue de 142.2 dólares, el más bajo de la región. Esto contrasta con el costo de la canasta básica, que cerró 2024 en 20,259.81 córdobas (aproximadamente 550 dólares), haciendo cada vez más difícil para los ciudadanos satisfacer sus necesidades alimentarias.
El informe de la FAO también destaca que el hambre sigue siendo un problema en toda América Latina y el Caribe, donde 41 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Sin embargo, en los últimos dos años, 4.5 millones de personas han salido de la pobreza alimentaria, lo que representa una leve mejora en el continente.
Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO para América Latina y el Caribe, enfatizó la importancia de fortalecer las políticas públicas para reducir el hambre y abordar la malnutrición, que afecta a 140 millones de personas en la región. Además, destacó que América Latina tiene la capacidad de producir alimentos para 1,300 millones de personas, por lo que las desigualdades en el acceso a los alimentos representan un problema de distribución y políticas ineficaces.
Es por ello que la salida de la FAO de Nicaragua representa un golpe significativo para los esfuerzos de cooperación internacional en seguridad alimentaria. La organización ha desempeñado un papel clave en el diseño y financiamiento de proyectos de desarrollo agrícola y alimentario en el país desde hace varios años. En 2023 y 2024, la entidad de la ONU facilitó una inversión proyectada de más de 166 millones de dólares en Nicaragua para transformar el sector agropecuario, forestal y el cultivo de frijol, con una meta de generar 136,000 empleos. Además, su Marco Programático 2022-2026 buscaba fortalecer la seguridad alimentaria y la inclusión social.
Con su expulsión, Nicaragua pierde acceso a asistencia técnica, financiamiento y redes de apoyo que han contribuido a mejorar la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables, de Managua, la Costa Caribe, León, Masaya, Jinotega y otros departamentos, según fuentes consultadas por la Redacción de este medio. Asimismo, la decisión de régimen Ortega-Murillo aísla aún más al país en el escenario internacional, en un momento en que los indicadores de hambre y pobreza muestran un deterioro progresivo, y cuando la cooperación se disminuye más y más.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en seguridad alimentaria advierten desde ya que la expulsión de la FAO podría agravar la crisis alimentaria en Nicaragua, al reducir los recursos disponibles para combatir el hambre y la desnutrición. Además, genera otro precedente preocupante sobre el rechazo del gobierno a la fiscalización y el monitoreo internacional.
Como siempre, es una postura de confrontación con los organismos internacionales que documentan la situación del país. Mientras el Estado -controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2007- rechaza los datos sobre hambre y pobreza, las cifras presentadas en el informe de la FAO revelan una realidad crítica para millones de nicaragüenses, todos los días del año. Con el cierre de la oficina, Nicaragua se enfrenta a una crisis alimentaria cada vez más severa, sin el respaldo de una de las principales agencias especializadas en seguridad alimentaria, y sin profesionales, organizaciones locales y científicos que ayuden. La situación requiere respuestas urgentes, tanto a nivel interno como por parte de la comunidad internacional, para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de la población.
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