La visita del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, al secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, ha sorprendido al mostrar una inesperada actitud amable y cordial por parte del régimen de Daniel Ortega. Esto marca un cambio significativo en comparación con las constantes críticas y confrontaciones que la administración nicaragüense ha mantenido con la ONU desde el pasado. Sin embargo, detrás de esta aparente cordialidad se esconde una solicitud de indemnización millonaria, basada en un fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha sorprendido al mostrar una actitud cordial y amable hacia la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, al secretario general Antonio Guterrez. Esto contrasta con la postura confrontativa que la administración sandinista ha mantenido durante años hacia la ONU, acusándola de responder a supuestos intereses imperiales y de emitir informes parciales sobre derechos humanos en el país.
En esta ocasión, Nicaragua ha presentado una solicitud especial a la ONU: la circulación de un documento dirigido a los países miembros, en el cual se reclama una indemnización millonaria a Estados Unidos basada en un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 27 de junio de año 1986.
Según el funcionario nicaragüense, esta solicitud expresa la posición del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua de que Estados Unidos debe cumplir con la sentencia de la CIJ y compensar los daños causados al pueblo nicaragüense mediante acciones militares y paramilitares.
En concreto, el régimen nicaragüense busca obtener una reparación de más de 17 mil millones de dólares por los daños determinados por la CIJ. Sin embargo, Estados Unidos ha afirmado que este asunto ya está resuelto, desde la administración de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, lo que sugiere que no está dispuesto a cumplir con la demanda.
Esta acción de Nicaragua es parte de una política exterior confrontativa que ha caracterizado al régimen de Ortega en los últimos años. Durante los 16 años recientes de la administración sandinista, y especialmente desde el año 2018, Nicaragua ha adoptado posturas hostiles y no diplomáticas hacia la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros entres y Estados.
Daniel Ortega ha descalificado y atacado a estas organizaciones internacionales, calificando a la ONU como un "desastre" que ha permitido crímenes de lesa humanidad en países en desarrollo. No obstante, la organización de derechos humanos ha documentado crímenes y violaciones sistemáticas cometidas por el régimen Ortega-Murillo en el territorio del país centroamericano, con el objetivo de "eliminar toda disidencia".
En marzo de 2023, Ortega volvió a arremeter contra la ONU, acusándola de estimular, respaldar y apoyar agresiones, invasiones y terrorismo, así como de difamar y condenar a pueblos que defienden su dignidad frente al "imperio yanqui". Estos ataques muestran la postura antiimperialista del régimen nicaragüense y su alineación con países como Cuba y Venezuela, que también han sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional. Además, Nicaragua mantiene amplios acuerdos con Irán, Rusia y China, como parte de un amplio plan para contrarrestar el "avance imperialista" en la región.
Además de buscar la indemnización de Estados Unidos, Nicaragua también aboga por una "refundación" de la ONU para "hacerla más democrática", según el canciller Denis Moncada. Argumenta que el mundo está cambiando y que el hegemonismo está en declive, y que la ONU debe transformarse gradualmente en concordancia con un nuevo orden internacional emergente.
Esta postura de Nicaragua hacia la ONU refleja un intento de utilizar la organización internacional para promover sus intereses y demandas económicas, al tiempo que critica sus acciones y se distancia de su papel como mediador y promotor de los derechos humanos. Mientras tanto, la administración sandinista también sacude sus relaciones internacionales y reconfigura su diplomacia, con el objetivo de reforzar su narrativa.
La solicitud de indemnización a Estados Unidos parece ser un intento de presionar al Gobierno estadounidense y obtener recursos financieros significativos para el régimen de Ortega.
Sin embargo, la probabilidad de que Estados Unidos cumpla con esta demanda es incierta. La afirmación de que el tema fue resuelto en el pasado y el contexto político actual dificultan la posibilidad de un acuerdo satisfactorio para Nicaragua. La actitud confrontativa y la retórica antiimperialista del régimen de Ortega pueden resultar contraproducentes para alcanzar sus objetivos y generar una respuesta negativa de Estados Unidos y otros países.
Esta actitud amable y cordial de Nicaragua hacia la ONU contrasta con su histórica confrontación y críticas hacia la organización. La solicitud de una indemnización millonaria a Estados Unidos es parte de una estrategia más amplia de buscar recursos económicos para el régimen de Ortega. Sin embargo, la probabilidad de éxito en esta demanda es incierta, considerando el contexto político y la postura actual de Estados Unidos. Además, la confrontación constante del régimen nicaragüense con organismos internacionales como la ONU y la OEA plantea interrogantes y posturas sobre su compromiso con la diplomacia y el respeto a los derechos humanos.
Con información de Voces En Libertad
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