La violencia femicida en Nicaragua tiñe de luto el 2023, con al menos 37 crímenes registrados hasta el 14 de agosto. Sin embargo, más allá de las cifras, la alarmante impunidad prevalece, dejando sin resolver al menos 12 de estos casos. En medio de este sombrío panorama, surge la urgente necesidad de abordar esta crisis que impacta de manera desproporcionada a las mujeres en el país, mientras el nivel de violencia aumenta y se generaliza en todo el territorio.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En los sombríos recovecos de Nicaragua, la violencia contra las mujeres y niñas se ha enraizado de forma alarmante, dejando un rastro de víctimas y tragedia en su camino. A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, y la impresión de cartillas informativas desde la administración sandinista, el panorama sigue oscuro y preocupante. En lo que va del 2023, el país centroamericano ha sido testigo de 37 femicidios, según cifras proporcionadas por el Observatorio Voces de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Sin embargo, es especialmente alarmante que más de un tercio de estos crímenes sigan impunes, con 12 de ellos aún sin responsables tras las rejas. Además, hasta julio de este año, se registraron al menos 14 femicidios contra nicaragüenses fuera del territorio nacional.
La falta de justicia es una sombra ominosa que oscurece el horizonte nicaragüense. Las organizaciones de derechos humanos, junto con la sociedad en general, claman por respuestas y acciones concretas para frenar esta ola de violencia que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Para el año 2023, el panorama es aún más desolador, ya que las cifras de femicidios han superado con creces las de años anteriores en el mismo período de tiempo.
La impunidad, que se ha convertido en un sello distintivo de estos crímenes, es una herida abierta en el tejido social de Nicaragua. Las familias de las víctimas sufren la carga de la pérdida y la sensación de injusticia. Organizaciones como el CDD han puesto de relieve que la tasa de impunidad alcanza un inaceptable 32 % en el año en curso.
Estas cifras son mucho más que meros números; representan vidas truncadas, familias destrozadas y una sociedad quebrantada por la desesperación y la inseguridad.
Un ejemplo trágico de esta realidad ocurrió recientemente en el tranquilo rincón de Tuma-La Dalia, en el departamento de Matagalpa. La vida de Meyling del Socorro Zamora, una joven de 25 años de edad, fue arrebatada en un instante por agresores desconocidos hasta la fecha. La violencia impactó aún más en la ciudadanía de esta zona al tratarse de un doble crimen, ya que su padre, Gabriel Zamora, también fue asesinado. La brutalidad de los hechos es incomprensible; Meyling fue asesinada en presencia de sus propios hijos gemelos. Las heridas causadas por estos crímenes son profundas y dejaron a una comunidad en estado de conmoción.
Otro caso que ha sacudido a Nicaragua es el de la doctora Aracelli Valera Bonilla, cuyos restos fueron encontrados en un predio baldío cerca de su hogar. La confusión y el misterio han rodeado este caso, con versiones cambiantes por parte de las autoridades policiales. El silencio oficial y la falta de claridad han sembrado la duda en la mente de la sociedad nicaragüense, que exige respuestas y transparencia en los procesos de investigación.
Sin embargo, no se trata de incidentes aislados. El femicidio de Elizabeth Romero Urbina en San Isidro, Matagalpa, también ha sido objeto de controversia. A pesar de que las pruebas y los testimonios indican una posible agresión, la Policía Nacional cerró el caso declarando que se trató de un suicidio. La incredulidad y la frustración en torno a estos casos ilustran la profunda brecha de confianza entre la sociedad y las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Las sombras de la impunidad también se extienden más allá de las fronteras nicaragüenses. La violencia persigue a las nicaragüenses incluso cuando se encuentran en el extranjero, como lo evidencia el aumento de femicidios registrados en países como Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala y Honduras en lo que va del año. Este fenómeno refleja una problemática más amplia que trasciende las fronteras y que requiere una respuesta coordinada y enérgica.
Violencia se generaliza en Nicaragua
La presencia de fugitivos nicaragüenses en la lista de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus siglas en inglés) es otro indicador preocupante de la inseguridad que se vive en el país centroamericano, para las féminas y la ciudadanía en general. Entre los nicaragüenses más buscados se menciona a Verónica Silva Bravo, Nicolas Gonzáles Blandón, Noel Antonio Rostrán Amador, Salvador Francisco Hernández Mendoza, Víctor Manuel Cortez López, Helmut Wanderson Cantón, José Iván Hernández Castro, José David Zeas Mendoza y Ricardo José Williams Vargas.
La participación de estos individuos en una amplia gama de delitos graves, entre parricidio, femicidios, asesinatos, abusos sexuales, secuestros, robos, extorsión y otros delitos graves, es un recordatorio de la urgente necesidad de abordar el problema de manera integral. Por otro lado, el hecho de que algunos de estos criminales sean reincidentes y hayan aprovechado la libertad condicional otorgada por la administración de Daniel Ortega y el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) es un llamado a revisar y mejorar los sistemas de justicia y prevención, que deben incluir el trabajo del Ministerio Público de Nicaragua y la Policía Nacional.
Algunos habían estado en prisión y quebrantaron la libertad condicional que les otorgó el régimen sandinista, bajo los términos de Convivencia Familiar, una de las figuras legales con la que los jueces de la dictadura han liberado a más de tres mil presos comunes y altamente peligrosos desde que comenzaron las excarcelaciones en 2018 bajo el "Perdón Presidencial".
Uno de los casos que destaca, es el de Nicolás Gonzáles, originario del Caribe Sur, Bluefields. Gonzalez, es buscado por homicidio agravado, femicidio en grado de frustración, amenazas contra la mujer y exposición de personas al peligro. Antes de esos crímenes tenía antecedentes por violencia. Además, es acusado de haber asesinado al subinspector policial Eddy Xavier Walters Castellón, el pasado 07 de marzo en la comunidad de Torsuani, al sur de la ciudad costera.
Otro de los femicidas circulados por la INTERPOL es Noel Antonio Rostrán Amador, quien asesinó a sangre fría a su expareja, propinándole cuatro disparos. Además, cometió parricidio y violación agravada contra su hijastra de 13 años y su propia hija de seis.
"Que estos criminales estén buscados por Interpol, no solo confirma la inseguridad, sino el grado de peligrosidad de esta gente ante mujeres y niñas indefensas por un Estado fallido en su protección", señala una defensora de los derechos humanos consultada por esta Redacción para este texto.
En un país donde la impunidad se cierne como una nube ominosa, la sociedad nicaragüense lucha por encontrar respuestas y soluciones. Las voces de protesta y las demandas de justicia resuenan cada vez más fuerte, pero la ruta hacia un cambio significativo es empinada y desafiante. La violencia femicida en Nicaragua no puede seguir siendo un tema ignorado o minimizado; es una crisis que exige la atención y la acción de todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta la comunidad.
La lucha por una Nicaragua más segura y justa para las mujeres y niñas es una causa que no puede ser pasada por alto. La memoria de las víctimas y la esperanza de un futuro mejor son los motores que impulsan a las organizaciones y ciudadanos comprometidos a seguir adelante. La impunidad y la violencia femicida no deben definir el rostro de Nicaragua.
En Somotillo, Chinandega, por ejemplo, las y los ciudadanos siguen nerviosos por el accionar reciente de sicarios. Por otro lado, el año pasado varios cambistas fueron emboscados en dicha ciudad, cuando Bayardo José Meneses Martínez fue asesinado a pocos metros de su casa, mientras se dirigía a sus labores.
Tampoco se ha esclarecido hasta la fecha el caso de una balacera ocurrida en la fuertemente transitada Carretera hacia Masaya, cuando cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, resultaron heridos de bala producto de este atentado criminal. Una escena que los nicaragüenses solo habían visto en películas hollywoodienses.
Con información de Voces En Libertad
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