Para el Poder Ejecutivo, la transformación normativa busca impulsar la conectividad en Nicaragua y adaptarse a los "vertiginosos avances tecnológicos" que la ley anterior, promulgada hace décadas, ya no podía sostener. Sin embargo, disidentes y activistas de la libertad de prensa y la expresión consideran que, lejos de representar un paso hacia una mayor digitalización, esta regulación de telecomunicaciones se convierte en una herramienta de control gubernamental, donde el acceso a los datos de usuarios y la geolocalización se configuran como elementos clave en un sistema que limita las libertades y somete a la ciudadanía a un escrutinio constante.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Hoy, jueves 31 de octubre de 2024, la Asamblea Legislativa de Nicaragua -controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- aprobó la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, un marco normativo que sustituirá a la antigua Ley de Telecomunicaciones y Correos Postales, buscando modernizar el sector e incrementar la calidad y accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones en el país. Con 91 votos a favor y ninguno en contra, los legisladores respaldaron una normativa que, según sus proponentes, asegura un acceso más justo y eficiente a servicios de internet, telefonía y radiocomunicación, en un intento por responder a los rápidos avances tecnológicos y mejorar la conectividad de la población. Sin embargo, la ley también ha despertado preocupación entre sectores de oposición, quienes temen un uso discrecional de los nuevos poderes de fiscalización estatal.
La presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, diputada Jenny Martínez, destacó que la nueva ley promueve un acceso eficiente y justo a los servicios de telecomunicaciones, incrementando la calidad de la conectividad y enfatizando los derechos de los usuarios, especialmente de personas con discapacidad. Entre sus elementos más relevantes, la ley incorpora la portabilidad numérica, permitiendo que los usuarios mantengan su número telefónico al cambiar de operador, lo cual fomenta la competencia y mejora el acceso a alternativas en el mercado.
El diputado Wilfredo Navarro, también defensor de la ley, criticó el sistema de oligopolio mantenido por las actuales empresas telefónicas y resaltó que esta medida podría promover mayor equidad y eficiencia en el servicio. En sus palabras, "la ley elimina el marco jurídico anacrónico" y alinea la normativa a la "modernidad y los retos de la tecnología". Asimismo, Navarro subrayó que esta legislación confiere a las telecomunicaciones el carácter de servicio público, respaldado por el Estado en la defensa de los derechos de los usuarios, una medida que, según argumenta, reducirá abusos.
Expansión y control: rol de TELCOR
Uno de los componentes más significativos de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes es el aumento de las atribuciones del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el ente regulador dirigido por Nahima Janett Díaz Flores, hija del jefe de la Policía del país centroamericano, el comisionado general Francisco Díaz, quien, a su vez, mantiene vínculos familiares directos con el binomio dictatorial entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. TELCOR contará ahora con la autoridad para exigir información detallada, estadística y georreferenciada de los usuarios a todas las compañías operadoras, obligándolas a proveer datos exactos y verificables en cumplimiento de los requerimientos de supervisión estatal.
El artículo 109 de la nueva normativa establece que los operadores deberán entregar esta información a TELCOR "en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos", un mandato que extiende el alcance del Estado en el control de los datos de telecomunicaciones. Aunado a esto, la importación de equipos tecnológicos estará bajo supervisión directa de TELCOR, así como la inspección de las instalaciones de los operadores, quienes, en caso de resistencia, deberán permitir la intervención de la Policía Nacional.
Desde la administración sandinista, la legislación fue presentada como una supuesta respuesta necesaria al desfasado marco normativo anterior, buscando una conectividad moderna y asequible. Sin embargo, voces opositoras en el exilio argumentan desde marzo de este año hasta el cierre de este texto que la Ley de Telecomunicaciones Convergentes persigue fines de vigilancia y control. Según estas fuentes, el régimen de Ortega habría establecido con esta legislación una superestructura para fiscalizar a operadores y usuarios de telecomunicaciones, además de ampliar su discrecionalidad en la regulación del espectro radioeléctrico, limitando así el margen de acción de las empresas operadoras y aumentando el control sobre la información que manejan.
Otras disposiciones incluidas en la ley como la obligación de unirse a cadenas de radio y televisión y de poner instalaciones y servicios a disposición del Gobierno en casos de emergencia refuerzan las preocupaciones de quienes temen que esta legislación facilite un uso autoritario de los servicios de telecomunicaciones.
Para garantizar el cumplimiento de la ley, se contemplan sanciones que van desde el 0.5 % hasta el 2.5 % de los ingresos brutos anuales de los operadores por infracciones a la normativa. Estas medidas, que buscan controlar la competencia en el sector, han sido defendidas por el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, quien aseguró que la ley fue ampliamente consultada durante los últimos siete meses, incluyendo el sector privado.
Con esta legislación, el sandinismo en Nicaragua establece un marco más riguroso para la gestión de telecomunicaciones, apuntando tanto a la modernización del sector como al fortalecimiento de las estructuras de control estatal. Aunque los proponentes subrayan los beneficios de la actualización tecnológica y la accesibilidad, el incremento de los poderes de fiscalización estatal y las implicaciones en términos de privacidad y derechos digitales dejan entrever los retos y debates que surgen ya por su implementación.
En resumen, las principales novedades de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes de Nicaragua, según el oficialismo, incluyen:
Marco regulatorio actualizado: Sustituye a la Ley 200 de Telecomunicaciones y Correos, que fue aprobada hace 29 años, considerando avances en telecomunicaciones y tecnologías digitales actuales como internet, aplicaciones, y banda ancha, además de regular servicios móviles 4G y el uso de dispositivos móviles.
Acceso universal y calidad: La ley busca garantizar cobertura nacional y calidad de servicios en telefonía fija y móvil, internet y radiodifusión, con el objetivo de que más personas tengan acceso a estos servicios.
Protección de derechos de los usuarios:
Prohibición de cargos por servicios no solicitados: Las empresas no podrán cobrar por servicios que el usuario no haya solicitado.
Portabilidad numérica: Los usuarios podrán conservar sus números de teléfono al cambiar de proveedor, tanto en telefonía móvil como fija.
Derechos de accesibilidad: Las empresas deben garantizar intérpretes de lenguaje de señas y accesibilidad en sus instalaciones para personas con discapacidad.
Promoción de inversiones y competencia: La ley busca atraer inversión extranjera y nacional en telecomunicaciones y fomentar una competencia justa en el sector, con el respaldo del gobierno para convertir a Nicaragua en una plataforma logística en la región.
Desarrollo de infraestructura: El gobierno pretende incentivar la creación de infraestructura necesaria para expandir la cobertura y cerrar la brecha digital, estableciendo medidas para que los servicios lleguen a más zonas del país.
Fondo para la inclusión digital (FODETEC): Se crea el FODETEC, un fondo orientado a financiar proyectos que promuevan la inclusión digital y el acceso a tecnologías en sectores menos favorecidos y zonas rurales, además de apoyar a pequeñas empresas de telecomunicaciones (MicroTelco).
Competencia de TELCOR: La implementación y supervisión de esta nueva ley estará a cargo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, que tendrá la responsabilidad de regular el sector de manera integral.
Estos elementos buscan posicionar a Nicaragua como líder en legislación de telecomunicaciones en la región, promoviendo una infraestructura moderna y accesible, según el sandinismo.
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