La decisión de la Copresidencia sandinista tuvo repercusiones inmediatas en la estructura judicial del país. Uno de los efectos más evidentes fue la situación de la todavía magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Juana Méndez Pérez, quien renunció a su cargo el 14 de marzo con la expectativa de asumir la presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La dictadura familiar de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha tomado una nueva medida que redefine su relación con los organismos regionales: Nicaragua se retira de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). La decisión, calificada como "irrevocable", fue comunicada oficialmente al magistrado César Salazar Grande, presidente en funciones del organismo, a través de una misiva firmada por el canciller Valdrack Jaentschke el martes 18 de marzo de 2025.
En la carta, el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) argumenta que la CCJ está supeditada a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, entidad que, según ellos, no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Además, la administración nicaragüense critica la composición de la Corte, señalando que, desde su creación en 1992, solo ha estado conformada por magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador, lo que consideran un obstáculo para su legitimidad y función integradora.
Sin embargo, la salida de Nicaragua de la CCJ no ocurre en un vacío político o narrativo para el oficialismo, sino que responde a tensiones más amplias dentro del SICA y a la reciente negativa de varios países de la región a respaldar la candidatura del excanciller nicaragüense Denis Moncada Colindres para la secretaría general del organismo, según fuentes jurídicas consultadas por este medio.
Horas antes de que el régimen nicaragüense anunciara su salida de la CCJ, fracasó su intento de imponer a Moncada como secretario general del SICA. Durante una reunión celebrada el mismo 18 de marzo, Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana rechazaron, por segunda vez en menos de cinco meses, la candidatura del excanciller. Estos países solicitaron a Nicaragua que presentara una nueva terna de candidatos, petición que fue ignorada por el régimen orteguista, que insistió en la misma propuesta.
Este rechazo marcó un revés significativo para la monarquía, que desde finales de 2024 había estado presionando para colocar a Moncada en la secretaría general del SICA. El 10 de diciembre de ese año, el régimen presentó una "solicitud de opinión consultiva" ante la CCJ para que esta se pronunciara sobre la negativa del SICA a convocar una sesión para elegir al nuevo secretario general. En su solicitud, Nicaragua acusó a algunos países de la región de bloquear el proceso de elección con argumentos politizados, basados, como siempre, en la "soberanía" sandinista.
La frustración de Ortega y Murillo por este fracaso parece haber sido un factor clave en su decisión de retirarse de la CCJ, pues la dictadura ya había mostrado una creciente hostilidad hacia las instituciones del SICA en los últimos meses.
Juana Méndez: de aquí para allá
Otra consecuencia directa de la salida de Nicaragua de la CCJ ha sido la inesperada reincorporación de la magistrada Juana Méndez Pérez a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua.
Méndez había renunciado a su cargo el 14 de marzo con el propósito de asumir la presidencia de la CCJ en sustitución de Carlos Guerra Gallardo, quien, según fuentes del Frente Sandinista, fue obligado a dimitir. La Asamblea Legislativa de Nicaragua aceptó su renuncia de manera expedita ayer, martes 18 de marzo, en una sesión en la que el presidente del parlamento, Gustavo Porras, anunció que la exmagistrada sería propuesta como presidenta del organismo regional.
Sin embargo, tras el anuncio del retiro de Nicaragua de la CCJ, la renuncia de Méndez perdió su propósito. En otro giro inesperado, la dictadura la reintegró hoy como magistrada de la CSJ, apenas un día después de haber aceptado su dimisión. El propio Porras justificó la maniobra señalando que, al quedar la Corte Centroamericana sin capacidad de funcionar debido a la retirada de Nicaragua, el motivo de la renuncia de Méndez había desaparecido.
El retiro de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia no solo debilita a este organismo, sino que también tiene implicaciones más amplias para la estabilidad del SICA y la cooperación regional. Con la salida de Nicaragua, la CCJ queda con solo dos países miembros activos: El Salvador y Honduras, lo que pone en duda su viabilidad como tribunal regional, sin muchas capacidades que digamos.
Más allá de la crisis institucional que esto genera, la decisión de Ortega y Murillo refuerza su estrategia de aislamiento frente a los mecanismos multilaterales, en un contexto en el que su régimen enfrenta creciente rechazo por parte de la comunidad internacional.
El fracaso de la candidatura de Moncada y el rechazo a la presión orteguista dentro del SICA muestran que la influencia de Nicaragua en la región está debilitándose. Sin embargo, la dictadura sigue respondiendo con medidas unilaterales que erosionan aún más su ya deteriorada relación con sus vecinos centroamericanos.
Con esta decisión, Nicaragua se aleja aún más de la integración regional y profundiza su aislamiento diplomático, en un momento en el que la crisis política, social, cultural, migratoria, humanitaria y económica interna continúa agudizándose.
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