El Salvador se encuentra ante un dilema crucial: elegir entre explotar su riqueza mineral para impulsar su economía o mantener la prohibición para proteger su medio ambiente y recursos hídricos. Aunque el mandatario, en su segundo período consecutivo no constitucional, asegura que la minería podría realizarse de manera sostenible, la experiencia en otros países cercanos, como Honduras y Nicaragua, sugiere que esta industria a menudo genera contaminación y conflictos sociales de alto impacto.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
En un pronunciamiento reciente, el presidente Nayib Bukele expresó su postura ante la actual prohibición de la minería metálica en El Salvador, calificándola de "absurda". En un hilo en X (anteriormente Twitter), Bukele subrayó que el país es el único en el mundo con una restricción total a la explotación de metales preciosos, como el oro, y argumentó que esta prohibición limita el potencial económico de El Salvador, un país que, según él, posee vastos depósitos de oro por aprovechar. El mandatario aseguró que esta riqueza podría ser utilizada de manera "responsable" para fomentar el desarrollo económico y social, creando empleo y financiando infraestructuras, entre otros beneficios.
El presidente también destacó que El Salvador está ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas geológicamente más ricas en minerales. Según Bukele, estudios preliminares realizados en solo el 4 % del territorio potencial revelaron depósitos de oro valuados en 131,565 millones de dólares, un monto que representa el 380 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Con base en estos cálculos, Bukele sugirió que el valor total de los depósitos podría superar los 3 billones de dólares, lo que equivaldría a más de 8,800 % del PIB nacional. Para el presidente, esta cifra refleja el enorme potencial económico del país, que podría explotar mediante una minería moderna y sostenible.
Sin embargo, la propuesta de Bukele ha generado un fuerte rechazo por parte de sectores ambientalistas, que alertan sobre los peligros ambientales que conllevaría permitir la minería metálica en El Salvador. Uno de los puntos más críticos es el impacto de la minería en las fuentes de agua del país. Organizaciones ecologistas advierten que el proceso de extracción de oro podría contaminar los ríos y lagos, afectando gravemente la agricultura, la pesca y el suministro de agua potable.
Un ejemplo concreto es el proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en Guatemala, a tan solo 15 kilómetros de la frontera con El Salvador. A pesar de estar en territorio guatemalteco, su impacto se podría sentir en El Salvador debido a la cercanía con el río Lempa, una fuente vital de agua para más de cuatro millones de salvadoreños.
Ambientalistas como Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, han advertido que la explotación minera en Cerro Blanco podría liberar grandes cantidades de arsénico y cianuro, contaminantes tóxicos que afectarían tanto el ecosistema local como la salud humana. La posibilidad de que estos contaminantes lleguen al lago de Güija y al río Lempa ha generado una fuerte resistencia en las comunidades cercanas, que dependen de estos recursos para su sustento diario.
El debate sobre la minería metálica no se limita solo a las fronteras de El Salvador. Recientemente, directivos de VanEck, una firma de inversión estadounidense, visitaron el país para discutir sobre la minería de oro. Según declaraciones de los representantes de la empresa, Bukele mostró interés en revertir la prohibición de la minería metálica, mencionando las "importantes reservas de oro" en el país. De acuerdo con la firma, el mandatario vería una "enorme oportunidad económica" en la explotación de estos recursos, pero los activistas y defensores del medio ambiente continúan advirtiendo que la minería podría tener consecuencias desastrosas para el país.
VanEck, que tiene experiencia en la gestión de activos digitales y minería, sugirió que, si se realiza de manera sostenible y responsable, la minería podría representar un cambio económico significativo para El Salvador, ayudando a diversificar su economía. Sin embargo, los detractores temen que la tentación de explotar estos recursos sin tener en cuenta los daños ambientales y sociales podría generar un costo muy alto para las futuras generaciones.
En paralelo a este debate sobre la minería, organizaciones sociales y ambientales han denunciado el uso del sistema judicial para perseguir a aquellos que se oponen al reinicio de la minería metálica en El Salvador. Activistas de grupos como la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua han sido objeto de procesos judiciales por su lucha en defensa del medio ambiente y contra la minería. Esto ha generado una creciente preocupación por la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el país centroamericano, donde el activismo ambiental ha cobrado una relevancia crucial en los últimos años.
El caso de la minería metálica en El Salvador refleja un conflicto complejo entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Mientras el gobierno apuesta por un futuro en el que los recursos naturales sean aprovechados para el beneficio del país, los ecologistas y las comunidades locales insisten en que los riesgos para la salud pública y el equilibrio ecológico no pueden ser ignorados. En este escenario, el futuro de la minería metálica en El Salvador sigue siendo incierto, con una lucha de intereses que continúa dividiendo a la sociedad salvadoreña, como la seguridad, el autoritarismo y otros temas de intereses nacional y regional.
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