El mandatario salvadoreño Nayib Bukele anunció este jueves su presentación oficial para la contienda electoral de 2024, un año después de que la Sala de lo Constitucional de El Salvador -instalada por su fuerza política- autorizara la reelección inmediata, a pesar de que la Constitución Política lo prohíbe. El hecho convierte al autodenominado "presidente cool" en el primer gobernante en buscar la reelección desde el inicio de la etapa democrática en el país centroamericano, que este 2022 conmemora 201 años de independencia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Política
San Salvador, El Salvador
Durante el "Mensaje a la Nación en el Día de la Verdadera Independencia" desde el Salón de Honor de Casa Presidencial en San Salvador, entre nerviosismo, coqueteo y la euforia constante de sus simpatizantes y funcionarios más allegados, Bukele anunció este 15 de septiembre su aspiración a la silla presidencial por un período de cinco años más."Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la Presidencia de la República para el próximo proceso", expresó Bukele. "¡Reelección! ¡Reelección! ¡Reelección!", fue la respuesta inconmensurable de los asistentes al evento.
A pesar de los altos índices de popularidad y aceptación que mantiene el mandatario y su gestión, varias organizaciones de sociedad civil, grupos opositores, entidades internacionales y medios de comunicación independientes denuncian desde hace tres años -cuando Bukele fue elegido para el cargo por primera vez- una deriva autoritaria en el país y sus instituciones, las cuales ahora responden en gran parte a las órdenes del Ejecutivo. Ejemplo de ello es la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional.
El órgano legislativo, controlado por Nuevas Ideas, durante su primera sesión del actual período -el 01 mayo de 2021-, destituyó a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y a esa destitución le siguió la del Fiscal General. El argumento de los legisladores para dichos movimientos coincidía con las acusaciones de Bukele contra el tribunal por haber detenido varios decretos relacionados a la pandemia de Covid-19. En septiembre de ese mismo año, los nuevos funcionarios instalados por la Asamblea de El Salvador, autorizaron la reelección presidencial inmediata aduciendo que la Constitución Política solo lo prohíbe en el caso de un funcionario que haya cumplido 10 años en el poder. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador anunció horas después del fallo judicial que acataría la orden para permitir la inscripción para competir por una reelección presidencial "con la única condición de que el presidente en funciones renuncie seis meses antes del mandato".
A diferencia del dictador nicaragüense Daniel Ortega, que se ha perpetuado en el poder por cuatro períodos consecutivos tras alegar que la prohibición a la reelección "violaba sus derechos humanos", Bukele ha invocado a la ciudadanía salvadoreña para "que decidan sin presiones o coacciones indebidas".
"El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva. Si el pueblo siente que va mal, tiene que tener el derecho en elecciones de rechazar ese camino y elegir un nuevo rumbo. Pero si el pueblo siente que va bien, tiene que también tener el derecho en elecciones libres de ratificar su deseo de continuar en el buen rumbo. ¿Por qué debería un pueblo estar obligado a desechar el camino que lleva sí funciona?", expresó el mandatario salvadoreño durante su alocución de este jueves, en el acto oficial de conmemoración de los 201 años de Independencia de Centroamérica.
Su decisión de buscar la reelección, al igual que otras acciones tomadas en su primer mandato, contradice la opinión expresada por el mandatario en años anteriores. "En El Salvador, un presidente no se puede reelegir. Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que ocupe su poder para quedarse en el poder", aseguró Bukele en una entrevista de 2013.
Una acción inconstitucional
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) aseguró en una Opinión Consultiva que la reelección presidencial indefinida es contraria a la Convención y Declaración Americana, y que su prohibición en las constituciones es el único muro que impide la perpetuación de una persona en el poder. "El Tribunal explicó que la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa, por lo que es acorde con la Convención y, tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del Presidente en un sistema presidencial, la restricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea para asegurar dicha finalidad. Además, la Corte aclaró que no encontraba otras medidas igualmente idóneas para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y que de esta forma no resulten afectados la separación de poderes, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como la alternancia en el ejercicio del poder", cita el comunicado.
"La Corte señaló que la potencial afectación al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta, así como la restricción que esto implica para los votantes son sacrificios menores cuando se compara con los beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección presidencial indefinida", explica la CorteIDH.
Si bien existe un fallo judicial al respecto, expertos aseguran que la Constitución Política prohibe tajantemente la reelección en El Salvador, como una forma de blindar la democracia. Por lo tanto, agregan que se debe prestar mayor atención al actuar de la Sala de lo Constitucional y a las reformas que podrían surgir desde esta fecha.
Según el informe "Justicia en Pausa: Primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional de El Salvador", publicado por un conglomerado de varias organizaciones locales e internacionales, se han documentado "graves retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas de la Sala de lo Constitucional, una disminución anómala de la cantidad de ingresos y un aumento exponencial de egresos (procesos terminados), la mayoría rechazos liminares". "A nivel de la jurisprudencia, este informe detecta algunas continuidades y, sobre todo, retrocesos graves y una preocupante desmejora en la calidad de la jurisprudencia, ya sea porque (i) establecen requisitos más rigurosos para acceder a la jurisdicción, (ii) debilitan el control de constitucionalidad, (iii) reducen el contenido de los derechos fundamentales o sus garantías, o (iv) dificultan o bloquean la impugnación de los actos públicos por violaciones a la Constitución", explica el documento.
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