El presidente insistió en que no existe un sistema policial perfecto, mencionando que "en países como Francia, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y El Salvador hay inocentes capturados". Aunque recalcó que su administración ha liberado a 8,000 personas que, tras las investigaciones, se determinó que eran inocentes. "Vamos a liberar al 100 % de los inocentes", afirmó Nayib Bukele, defendiendo que los errores en las capturas son consecuencias inevitables en el contexto de operaciones de seguridad de gran escala.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
Durante su histórica visita oficial a Costa Rica, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele reconoció este martes 12 de noviembre de 2024 que su administración ha liberado a aproximadamente 8,000 personas inocentes que, bajo el interminable Régimen de Excepción, fueron detenidas en el marco de la estrategia de seguridad implementada para combatir a las pandillas en El Salvador. Esta cifra, revelada en el contexto de una polémica sobre las detenciones arbitrarias, marca un punto de inflexión en la narrativa oficial de su administración, que hasta ahora había enfatizado la eficiencia y el impacto positivo de estas políticas de seguridad, sin dar detalles sobre las formas y los márgenes de error.
En un recorrido por el costarricense Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como "La Reforma", acompañado por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, Bukele defendió las operaciones policiales, reconociendo que "no hay ninguna Policía del mundo que sea perfecta" y comparando la situación de El Salvador con la de otros países que también enfrentan arrestos de personas inocentes en el curso de sus operaciones de seguridad. No obstante, el mandatario afirmó que continuará liberando a todos los inocentes apresados por error, destacando un supuesto compromiso de liberar el total de las personas sin vínculo alguno con las pandillas, sin más detalles al respecto.
A pesar de estas declaraciones, Bukele criticó duramente a las organizaciones de derechos humanos que han denunciado cifras mayores de detenciones arbitrarias. Organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y MOVIR han alegado que aproximadamente 30,000 inocentes permanecen en prisión entre las más de 83,000 personas arrestadas desde que el período excepcional se estableció por orden del Poder Ejecutivo y el desarrollo del Legislativo en marzo del año 2022. Bukele calificó esta cifra de "inventada" y señaló que tales organizaciones son de "izquierda" y, según él, afines al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), antiguo grupo guerrillero ahora en la oposición.
Desde el inicio de su mandato, la estrategia de Bukele y su administración contra las pandillas y la inseguridad en general ha provocado un cambio significativo en las estadísticas de criminalidad, con una reducción histórica de los homicidios, que se ubicaron en 2,4 por cada 100,000 habitantes en 2023, una cifra sin precedentes para El Salvador e incluso Centroamérica. Sin embargo, su enfoque de "mano dura" ha generado fuertes críticas a nivel internacional, debido a los reportes de detenciones masivas y abusos dentro del sistema penitenciario. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado "detenciones indiscriminadas" y han documentado hasta la fecha más de 300 muertes bajo custodia estatal desde el comienzo de la ofensiva contra las pandillas.
Las críticas también han llegado desde los familiares de los detenidos liberados, quienes han expresado su malestar por las condiciones en las que se ha llevado a cabo la liberación. Muchos de estos familiares denuncian que los procesos judiciales no han concluido y que no existe ninguna medida de reparación por parte del Estado, lo que, según ellos, deja a los liberados en un estado de vulnerabilidad legal y psicológica. La Constitución salvadoreña contempla el derecho a una reparación por daños y perjuicios, pero, hasta el momento, no ha habido respuesta oficial respecto a la posible indemnización para aquellos detenidos de manera injusta. Por otro lado, en un punto más extremo, algunas de las personas liberadas, tras salir, han fallecido, dada las condiciones de salud.
Bukele justificó la magnitud de los arrestos en la violencia extrema que aquejaba al país centroamericano antes de 2022, cuando El Salvador era considerado uno de los territorios más violentos del mundo. Según el mandatario, ya en su segundo mandato, el alto número de detenciones fue necesario para pacificar, y aunque admitió que algunos inocentes sufrieron las consecuencias, reafirmó su postura de asegurar la seguridad nacional con fuerza.
Con sus declaraciones junto a Chaves, con complicidad y hasta alegría por los resultados y la alianza, Bukele parece mantener una postura dual: por un lado, admite fallos en la implementación de la estrategia de seguridad; por el otro, desacredita a las organizaciones que han criticado su enfoque y los métodos empleados. Esta polémica pone de relieve otra vez los dilemas éticos y legales que persisten en El Salvador, un país que, si bien ha registrado avances en la reducción de los índices de criminalidad, continúa enfrentando profundas críticas y retrocesos sobre el respeto a los derechos humanos.
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