El crecimiento exponencial de la Policía Nacional en las últimas semanas responde a una estrategia de Rosario Murillo para consolidar su propio aparato, según expertos en seguridad de Centroamérica. La imposibilidad de influir directamente en el Ejército de Nicaragua ha llevado a la ahora copresidenta a fortalecer la Policía como su "ejército personal", en un intento de garantizar su continuidad en el poder ante la falta de Daniel Ortega.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La noche del miércoles 26 de febrero de 2025, el primer comisionado general de la Policía, Francisco Díaz Madriz, juró "lealtad y obediencia" a los dictadores sandinistas Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, asegurando así su segundo mandato como jefe del cuerpo armado "civil" para el periodo 2025-2031. Díaz, consuegro de la pareja gobernante, encabezó una ceremonia en la que no solo consolidó su liderazgo sobre la institución, sino que también oficializó la integración de más de 32,000 nuevos efectivos policiales, la mayoría de ellos encapuchados y designados como "policías voluntarios", gracias a la modificación total de la Constitución del país centroamericano.
Con este movimiento, el régimen ha logrado en seis semanas lo que no había conseguido en años: quintuplicar el tamaño de la Policía Nacional, pasando de 20,474 oficiales en 2024 a más de 100,000 en febrero de 2025. Expertos en seguridad advierten que esta masiva incorporación de personal, lejos de responder a necesidades de seguridad ciudadana, es en realidad un instrumento de intimidación para asegurar la perpetuidad del orteguismo en el Poder Ejecutivo, que ahora lo controla todo, desde el Órgano Electoral hasta la Asamblea Legislativa.
La juramentación de las y los policías voluntarios se llevó a cabo en la Plaza La Fe, en Managua, con la presencia de Rosario Murillo como la gran protagonista del acto, y Daniel Ortega como el mentor de siempre. En su discurso, la también vocera del régimen, a quien ahora se le atribuye el título de comandataria, estableció el carácter ideológico y represivo de esta fuerza: "En nombre de nuestros héroes, en nombre de nuestros mártires... tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrilleros de la paz, defendiendo la paz, defensores de la paz", declaró Murillo, evocando la retórica sandinista tradicional.
Los analistas coinciden en que esta juramentación representa un paso más en la estrategia de Murillo por consolidar su propio aparato de poder. Según fuentes bajo condición de anonimato, la copresidenta intenta hasta la fecha incidir en la estructura del Ejército de Nicaragua sin éxito, lo que la ha llevado a centrarse en la Policía Nacional como su base de control. Este fenómeno de militarización de la Policía Nacional ocurre en un contexto donde el régimen orteguista ha justificado la creación de esta estructura con la excusa de garantizar la "seguridad y estabilidad" del país, sin comentarios de los países vecinos u oposición civil por temor a represalias. Sin embargo, los antecedentes de estos grupos en la represión de 2018 y su vinculación con el oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dejan en evidencia que su verdadero propósito es el control absoluto de la ciudadanía mediante el miedo y la violencia.
El incremento en la cantidad de efectivos policiales no es un hecho aislado. Desde 2018, la dictadura apuesta por fortalecer a la Policía como su principal órgano de represión, en detrimento del Ejército. Ese año, cuando estallaron las protestas en contra del sandinismo y sus políticas públicas, la Policía y los paramilitares orteguistas desataron una brutal represión que dejó al menos 350 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Daniel Ortega, en su discurso del miércoles 26 de febrero de 2025, dejó en claro que estos nuevos efectivos son la continuación de aquellos grupos paramilitares que ejecutaron la "Operación Limpieza" en 2018. "Ustedes, hermanos, dieron la batalla en el 2018, cuando intentaron destruir la paz en nuestra Patria", dijo Ortega, justificando la violencia de sus fuerzas. "Ustedes no son más que continuadores de los combatientes históricos", agregó.
Este reconocimiento oficial de la participación de los nuevos policías voluntarios en la represión desde entonces refuerza la tesis de que la dictadura ha encontrado una vía "legal" pero ilegítima para otorgar un estatus institucional a los grupos parapoliciales que antes operaban en la sombra.
Un crecimiento sin precedentes
La expansión de la Policía Nacional ha sido exponencial. Hasta 2017, la institución contaba con 14,000 efectivos, y su crecimiento fue paulatino hasta 2021, cuando llegó a los 17,349 oficiales. Sin embargo, tras la crisis de 2018, la dictadura ha duplicado su tamaño, y en solo seis semanas de 2025 ha sumado más efectivos que en toda su historia previa. Los datos recopilados por COYUNTURA indican que entre enero y febrero de 2025, la Policía sandinista incorporó al menos a 73,720 policías voluntarios y 7,924 nuevos oficiales. Solo en Managua, la cantidad de efectivos pasó de 2,740 a 32,740, con 30,000 voluntarios sumados en un solo acto de juramentación.
Las regiones donde la Policía ha crecido más significativamente son:
Matagalpa: De 498 a 8,148 efectivos.
Costa Caribe Norte: De 675 a 7,375 efectivos.
Costa Caribe Sur: De 532 a 6,609 efectivos.
Jinotega: De 368 a 4,968 efectivos.
León: De 420 a 4,626 efectivos.
Chinandega: De 385 a 4,271 efectivos.
Masaya, Granada y Carazo: Con aumentos de hasta el 800 %.
Este crecimiento se ha justificado bajo el argumento de la seguridad, pero la realidad es que el régimen está creando un aparato de control territorial que le permita sofocar cualquier intento de insurrección o civismo colectivo e individual. Expertos en seguridad y derechos humanos en Centroamérica advirtieron que estos nuevos "espontáneos" no son policías en el sentido tradicional, pero tienen un poder simbólico peligroso, ya que pueden detener, interrogar y hasta atacar, "de creerlo necesario" para neutralizar "amenazas". Mientras que en los años ochenta la figura del policía voluntario existía como un apoyo logístico a las fuerzas regulares, la actual versión ha sido transformada en un brazo paramilitar de la dictadura. "Antes, los policías voluntarios cumplían funciones limitadas en materia de seguridad ciudadana. Ahora, son una extensión del brazo represivo y militar del régimen. No solo tienen reconocimiento institucional, sino que también actúan con el respaldo del Estado y el sistema de justicia", señala un especialista costarricense.
El mayor peligro de esta estrategia es la impunidad con la que pueden operar estos grupos. La reforma constitucional que elevó a rango legal la existencia de la policía voluntaria no solo les otorga peso y trascendencia, sino que también los protege de eventuales consecuencias legales. No obstante, los miembros del FSLN ya deberían saber que la lealtad también tiene consecuencias en su contra.
Entre el 15 de enero y el 26 de febrero de 2025, según declaraciones de Díaz y comunicados oficiales recopilados por este medio, han sido juramentados más de 70,000 nuevos efectivos en actos públicos en los diferentes departamentos del país, con la presencia de medios oficialistas, jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), activistas del FSLN, militares en retiro y hasta docentes:
15 de enero: Madriz (1,204), Estelí (1,300)
17 de enero: Ocotal (1,400)
20 de enero: León (1,500)
22 de enero: Chinandega (3,536)
24 de enero: Masaya (2,000)
27 de enero: Granada (2,000)
29 de enero: Carazo (1,500)
31 de enero: Rivas (2,000)
03 de febrero: Boaco (1,800), Chontales (2,000)
07 de febrero: San Carlos (1,400)
10 de febrero: Nueva Guinea (1,000), El Rama (700)
12 de febrero: Matagalpa (7,000)
14 de febrero: Jinotega (4,100)
17 de febrero: Siuna (4,000)
18 de febrero: Bilwi (2,000)
20 de febrero: Bluefields (3,280)
26 de febrero: Managua (30,000)
El crecimiento acelerado de la Policía Nacional y la juramentación de miles de nuevos efectivos no pueden entenderse sin un contexto político e institucional. La dictadura de Ortega y Murillo enfrenta un creciente rechazo interno y una comunidad internacional que presiona con sanciones, informes y denuncias de violaciones a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Ante este escenario, la apuesta del régimen es la de reforzar su capacidad de represión para sofocar cualquier intento de resistencia. "El mensaje es claro: el orteguismo está dispuesto a recurrir a la fuerza bruta para mantenerse en el poder. Con una estructura policial más grande que nunca y un ejército de encapuchados listos para actuar bajo sus órdenes, la pareja evidencia que la democracia en Nicaragua sigue siendo una ilusión lejana", dijo una abogada.
Las preguntas que quedan en el aire son: ¿cómo reaccionará la población ante este nuevo escenario? ¿La comunidad internacional tomará acciones más contundentes? Y lo más importante: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el FSLN y la familia de El Carmen para aferrarse al poder? Lo cierto es que Nicaragua se encuentra ante un panorama sombrío, de deterioro y agresiones, donde la dictadura ha institucionalizado la represión y ha creado su propia fuerza paramilitar con la que pretende silenciar cualquier voz contraria.
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