Guatemala, México, Honduras y El Salvador encabezan la lista de países con el mayor número de connacionales en riesgo ante las medidas del presidente Donald Trump. Según los datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos de Norteamérica, Honduras tiene 261,651 ciudadanos en esta situación, seguido de México con 252,044 y El Salvador con 203,822.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La política migratoria de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), endurecida nuevamente bajo la presidencia de Donald Trump en menos de 24 horas tras su investidura en el Capitolio de Washington, ha desatado un estado de alerta en Centroamérica, México y otras esquinas del continente americano, cuando más de un millón de personas enfrentan órdenes finales de expulsión desde el territorio estadounidense, de las cuales, según cálculos de COYUNTURA, al menos 720,000 son de Centroamérica. Este escenario plantea desafíos profundos para gobiernos, organizaciones civiles y las mismas comunidades migrantes, quienes temen que las redadas y deportaciones masivas afecten a miles de familias ya vulnerables. Ya no hay zonas seguras para las personas desplazadas, y el retorno masivo es cada vez más real.
De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta el 24 de noviembre de 2024, más de un millón de migrantes en EE.UU. tenían órdenes de deportación. De este total, 253,413 son guatemaltecos. Para Fernando Castro, analista migratorio, estas cifras podrían ser un catalizador para que la administración Trump ejecute una campaña sin precedentes de expulsiones masivas. "Este proceso puede ser lento, ya que la mayoría de los afectados no está bajo custodia, pero las autoridades tienen herramientas para localizarlos fácilmente", advirtió Castro, subrayando que las y los guatemaltecos no tienen opciones para revertir las órdenes en su contra. Además, hizo un llamado urgente al presidente Bernardo Arévalo para fortalecer los consulados y crear un plan de contingencia que incluya albergues, transporte y apoyo laboral para los deportados.
La situación es similar en países vecinos: Honduras lidera con 261,651 personas con órdenes de deportación, seguido por México (252,044) y El Salvador (203,822). Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá también figuran en el listado. Estos números han llevado a analistas, activistas y defensores a advertir sobre el impacto claro en los mercados laborales y las ya frágiles economías de la región.
Pero las implicaciones podrían ser más grandes todavía. Estimaciones recientes de The New York Times sitúan el número de personas sin estatus legal (60 %) o con protección/permiso temporal contra la deportación (40 %) en casi 14 millones hasta finales de 2024.
El diario estadounidense explicó que la mayoría de las personas que cuentan con permisos migratorios están amparadas por diversos programas de protección. La mayoría de ellas se encuentra a la espera de una resolución sobre su solicitud de asilo (2,6 millones); 1,1 millones están protegidas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS); y 1,787,000 pertenecen a los grupos que obtuvieron libertad condicional humanitaria durante el gobierno del expresidente Joseph Biden, siendo la mayoría de ellos ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Además, otras 540,000 personas están protegidas por las disposiciones de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Por otro lado, The New York Times señala que el expresidente Donald Trump tendría un poder limitado para eliminar de inmediato las protecciones de varios de estos grupos. Por ejemplo, aunque podría bloquear nuevas solicitudes, no tendría la autoridad para revocar el estatus actual de más de 240,000 ucranianos y otros 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Si bien Trump podría permitir que los TPS expiren, aparentemente estaría dispuesto a mantener las protecciones para los beneficiarios del DACA. En cuanto a las solicitudes de asilo, estas deben ser revisadas y resueltas a través del sistema judicial de inmigración.
Un cambio normativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha eliminado las restricciones impuestas por la administración del expresidente Joseph Biden, permitiendo redadas en iglesias, escuelas, hospitales y otros espacios considerados hasta hace poco seguros. Un portavoz del DHS justificó la medida alegando que "criminales extranjeros" utilizan estos sitios para evadir a las autoridades, aunque no presentó pruebas concretas.
La nueva política, bautizada bajo el proteccionismo y nacionalismo, ha provocado temor generalizado entre los migrantes. Lurvin Lizardo, de la organización Hispanos por La Florida, declaró esta semana: "Siempre caen inocentes. Si encuentran a alguien sin documentos, aunque no tenga delitos, se lo llevan también". La cancelación de herramientas como la aplicación CBP One y la reinstauración de la política de "Quédate en México" aumentan las barreras para quienes buscan asilo.
Las historias de miedo e incertidumbre abundan. Padres de familia temen ser separados de sus hijos, mientras líderes como Isaac Dubón, defensor de derechos humanos, alertan sobre la importancia de educar a las y los migrantes sobre sus derechos y preparar un plan legal en caso de ser detenidos. Dubón destacó además que el decreto para negar la ciudadanía a niños nacidos de padres indocumentados es inconstitucional, violando la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.
Organizaciones hondureñas, como la Fundación 15 de Septiembre, consideran que la militarización completa de la frontera sur y la eliminación del TPS podrían ser las próximas amenazas. Su líder, Juan Flores, advirtió que "cerrar las fronteras empuja a las personas a tomar rutas peligrosas", poniendo en riesgo miles de vidas.
1,500 soldados más en la frontera con México
El despliegue de soldados estadounidenses en la frontera con México reaviva el debate sobre el uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad civil. Más de 1,500 militares adicionales se unirán a los miles ya apostados, brindando apoyo logístico y de transporte a la patrulla fronteriza, pero la posibilidad de que actúen como policía civil ha generado polémica. La Ley Posse Comitatus prohíbe dicha intervención desde 1878, salvo que se invoque la Ley contra la Insurrección, una medida excepcional que Trump ha considerado aplicar para reforzar el control migratorio.
Este movimiento plantea interrogantes sobre las implicaciones legales y sociales de militarizar aún más la frontera. Los nuevos soldados se sumarán a los 2,200 efectivos previos y a la Guardia Nacional, bajo un mandato que busca el "control operativo absoluto". A su vez, la movilización de recursos hacia el golfo de México apunta a prevenir migraciones marítimas, intensificando la vigilancia desde Florida hasta Haití y Cuba. Las críticas no se han hecho esperar, avivando tensiones políticas sobre la efectividad y legalidad de estas acciones, cada vez más claras y peligrosas.
En Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) instó al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a implementar un plan de contingencia para la reintegración de los deportados. Elsy Reyes, de la Defensoría de Movilidad Humana, enfatizó la necesidad de alojamientos temporales y la reubicación de quienes regresen bajo condiciones de vulnerabilidad. La falta de medidas adecuadas podría agravar las crisis económicas y sociales, exacerbando el desempleo y la inseguridad en países que ya enfrentan profundas desigualdades. En ese sentido, Reyes reiteró la importancia de la coordinación interinstitucional y la cooperación con organizaciones civiles para ofrecer una respuesta integral.
Las nuevas políticas migratorias de Trump colocan a cientos de miles de migrantes en una situación crítica, desafiando no solo a los gobiernos de sus países de origen, sino también a los principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos. Ante esta compleja realidad, la solidaridad y la planificación estratégica se convierten en las únicas rutas posibles para mitigar los efectos de una política que amenaza con desarraigar familias y truncar sueños de largo alcance.
Según verificación del equipo de COYUNTURA, el número de personas sin estatus legal o con protección/permiso temporal contra la deportación de Centroamérica en EE.UU. es de al menos 1,950,000, con El Salvador, Guatemala y Honduras a la cabeza, respectivamente.
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