Periodistas, médicos, opositores y profesionales de la sociología, las relaciones internacionales y la administración pública. En la lista de detenidos por razones políticas en Nicaragua ya se contabilizan, otra vez, más de 70 personas en prisión o casa por cárcel.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En un lapso de apenas siete días, entre el viernes 22 y el jueves 28 de noviembre de 2024, Nicaragua ha sido testigo de una nueva escalada represiva. Al menos 30 personas han sido detenidas arbitrariamente por la Policía -controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-, un brazo clave del régimen autoritario de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, según denuncias de Monitoreo Azul y Blanco, una organización que documenta violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano, y varios medios de comunicación independientes. Estas detenciones coinciden con la aprobación, en primera legislatura, de una reforma constitucional que redefine radicalmente el sistema político, institucional y social de Nicaragua, consolidando el poder absoluto de la pareja presidencial tras 16 meses de reformas.
Los arrestos, que han tenido lugar en al menos diez departamentos, incluidas ciudades clave como León, Masaya y Estelí, han sido realizados sin órdenes judiciales ni garantías procesales, según denuncias recopiladas por este medio. Entre los detenidos hay periodistas, médicos y activistas, algunos de los cuales ya habían sido blanco de persecuciones previas. En León, por ejemplo, fueron arrestados el periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera y el médico jubilado Arnoldo Toruño. Cárcamo ya había sufrido detenciones en el pasado, mientras que Toruño ha sido vigilado y hostigado desde hace años. También se reporta la detención del neumólogo Pablo Amaya, quien fue sacado de su clínica por agentes policiales. En Estelí, el médico Carlos García Vallejos, despedido en 2018 por motivos políticos, también fue arrestado.
El caso del periodista Henry Briceño, de 75 años, es particularmente alarmante. Su familia ha intentado localizarlo en distintos centros de detención, incluidos los temidos calabozos de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidos como "El Chipote" en Managua, pero hasta ahora no han obtenido información sobre su paradero.
Mientras se perpetra esta oleada de represión, la raíz del conflicto radica en una gran reforma constitucional que redefine profundamente el sistema y la vida de Nicaragua. Aprobada por la mayoría sandinista en el parlamento, junto a aliados, esta reforma amplía los poderes de Daniel y Rosario, estableciendo un modelo único en América, de "copresidencia" y control total de todos los órganos estatales desde el único Poder estatal, el Ejecutivo, que formaliza el rol de Murillo como igual en la conducción del país. La reforma también amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y otorga inmunidad a los copresidentes, blindándolos frente a posibles sanciones o investigaciones internacionales. Además, consolida un férreo control sobre los medios de comunicación y da luz verde a la creación de cuerpos parapoliciales bajo el eufemismo de "Policía Voluntaria".
Este cambio institucional, sumado a la eliminación de libertades individuales y públicas, es por mucho un movimiento estratégico para consolidar una dinastía familiar en el poder, con miras a que los hijos de Ortega y Murillo hereden el control del país.
Las detenciones recientes reflejan un patrón continuo de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Según el Monitoreo Azul y Blanco, muchas de las familias de las y los detenidos no han recibido información sobre el paradero ni el estado de sus seres queridos, lo que constituye una flagrante violación de normas internacionales. Esta táctica, que busca sembrar el miedo y desarticular la oposición, no solo afecta a los detenidos, sino también a sus familiares, quienes enfrentan el hostigamiento y la incertidumbre. Una realidad ya permitida, en la nueva Constitución.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), integrada por opositores en el exilio, ha señalado que estas acciones representan una nueva etapa en la estrategia de control absoluto del régimen, que ahora extiende su violencia hacia las familias de las y los desaparecidos, exiliados o desplazados. La falta de acceso a abogados, el traslado de detenidos a centros de tortura como "El Chipote" en la capital y la ausencia de información oficial agravan aún más la crisis humanitaria.
Ni el Estado de Nicaragua ni la Policía Nacional han emitido declaraciones sobre estas denuncias. Este silencio refleja una estrategia recurrente del régimen: ignorar las acusaciones mientras refuerza sus estructuras de poder y represión. Desde abril de 2018, cuando comenzaron las protestas masivas contra el oficialismo, Ortega y Murillo han utilizado la violencia estatal y parapolicial para sofocar cualquier intento de resistencia.
Ante esta situación, organizaciones civiles y de derechos humanos han pedido a la comunidad internacional que actúe con urgencia para presionar al régimen. La falta de observadores internacionales y el bloqueo informativo dificultan la visibilización de esta crisis, dejando a los nicaragüenses en un estado de indefensión. En un contexto donde las instituciones nacionales han sido cooptadas por el régimen y el tejido social se encuentra fragmentado por años de represión, el futuro de Nicaragua parece cada vez más incierto. Mientras tanto, la resistencia interna y exiliada sigue buscando formas de enfrentar a un sistema que parece decidido a perpetuar su dominio a cualquier costo.
46 presos políticos, o más
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su política de represión contra los opositores y disidentes, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Al jueves 07 de noviembre de 2024, el número de personas detenidas por razones políticas se elevó a 46, un incremento respecto a los 45 reportados en septiembre, que incluye tanto a hombres como mujeres, y entre ellos, 10 adultos mayores, algunos de los cuales enfrentan condiciones de salud muy vulnerables.
El informe, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revela que estos presos son víctimas de un sistema judicial que actúa bajo directrices políticas, donde las acusaciones varían, adaptándose a las circunstancias y al contexto de cada detención. Esto refleja un perfeccionamiento de las tácticas represivas, que no solo buscan estigmatizar a las víctimas, sino también ampliar el alcance de las acusaciones para neutralizar cualquier forma de disidencia política o civil.
La situación de las personas detenidas es alarmante, y el contexto de persecución se agrava con un creciente número de desapariciones forzadas. Según el Mecanismo, el número de desaparecidos asciende a 12, entre ellos el coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, quien lleva más de seis meses desaparecido. La desaparición forzada es una práctica denunciada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que la define como la detención ilegal seguida de la negativa por parte del Estado de revelar el paradero de la persona detenida, lo que genera una profunda angustia en los familiares.
El caso de Boitano es particularmente revelador. Eugenia Valle, su esposa, relató que su esposo fue secuestrado el 23 de abril de 2024 por civiles armados y policías, y desde entonces ha sido imposible obtener información oficial sobre su paradero. Según Valle, Boitano había regresado a Nicaragua en septiembre de 2023, tras haber vivido en Italia durante varios años, para asistir a la graduación de su hija y reencontrarse con su familia. Además, sus libros críticos sobre Ortega y la sospechosa muerte del boxeador Alexis Argüello podrían haber sido un factor en su persecución.
Además de los 46 presos políticos, el informe del Mecanismo señala que las detenciones arbitrarias han aumentado, incluso entre funcionarios públicos y simpatizantes del régimen, quienes son detenidos sin pruebas y sin derecho a un juicio justo. La represión, sin embargo, no se limita a los opositores conocidos: también ha alcanzado a empleados del gobierno que han caído en desgracia ante la pareja presidencial, como es el caso de 28 trabajadores del Estado recluidos en la cárcel de máxima seguridad de "La Modelo". Estos presos, en su mayoría exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia, enfrentan condiciones inhumanas, sin acceso a visitas familiares ni a condiciones mínimas de dignidad.
Las condiciones de encarcelamiento en Nicaragua son cada vez más severas. En "La Modelo", la cárcel de máxima seguridad, los prisioneros políticos se encuentran en un entorno de total aislamiento. En algunos casos, la falta de acceso a visitas y paquetería durante meses ha sido la norma. Solo en las últimas semanas se ha permitido la llegada de paquetes restringidos, con productos básicos como pan y jabón, pero sin alimentos elaborados o artículos personales más allá de lo estrictamente esencial.
El informe también revela la triste situación de las personas adultas mayores en prisión, cuya vulnerabilidad se incrementa por la falta de atención médica adecuada. En este sentido, el Mecanismo hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que mantenga su presión sobre el gobierno de Ortega y Murillo, a fin de que cese la persecución política y la violación de los derechos humanos en Nicaragua.
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