El modelo de sanciones punitivas ha generado ingresos para el gobierno, pero no ha logrado solucionar las raíces del problema. Las motocicletas, el transporte público informal y la conducción irresponsable continúan siendo los principales factores de riesgo.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
A la conclusión del 2024, Nicaragua cerró el año con una reducción de muertes en accidentes de tránsito, pasando de 1,003 víctimas en 2023 a 937, lo que representa una disminución del 7 %. Este dato, aunque positivo en apariencia, sigue dejando al país con un saldo alarmante de víctimas mortales en las carreteras, reflejando la magnitud de una crisis que se mantiene vigente año tras año. El Comisionado General Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, fue quien presentó este balance, reconociendo que, aunque se ha logrado una disminución, la mortalidad sigue siendo excesivamente alta y constituye un reto persistente para las autoridades.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe de la Dirección General de Tránsito Nacional es el alto porcentaje de muertes que involucran motocicletas. De los 937 fallecidos, 518 fueron conductores o acompañantes de motocicletas, lo que representa el 55.2 % de las víctimas. Aunque se reporta una ligera disminución en las muertes en comparación con 2023, el papel central de las motocicletas en los accidentes mortales no se puede ignorar. Según Vanegas, este aspecto es un "logro" dentro del contexto general, pero la realidad es que el fenómeno persiste con fuerza, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las causas principales de los accidentes en Nicaragua, tal como señala el informe, siguen siendo la conducción bajo los efectos del alcohol, la temeridad al volante y el irrespeto a las señales de tránsito. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos para controlar los factores de riesgo, la respuesta institucional ha sido mayormente reactiva, con una creciente dependencia de sanciones económicas y medidas punitivas, que en lugar de cambiar comportamientos a largo plazo, se presentan como un mecanismo de recaudación.
El sistema de sanciones viales en Nicaragua ha sido objeto de críticas debido a la falta de transparencia y efectividad en la implementación de políticas que no aborden las raíces del problema. La Dirección General de Tránsito ha aumentado de manera significativa las sanciones a conductores, especialmente en el caso de los infractores que conducen sin licencia, con licencias vencidas o bajo los efectos del alcohol. La suspensión de licencias por hasta seis meses y las multas que oscilan entre los 1,000 y 5,000 córdobas no solo afectan a los conductores infractores, sino que se han convertido en una fuente de ingresos para la Policía Nacional.
En 2024, las autoridades proyectaron recaudar 284.6 millones de córdobas por concepto de multas, una cifra que fue superada en apenas nueve meses, alcanzando los 289 millones según el Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. La recaudación de estas multas es vista por muchos como una forma de sustento económico para el sistema policial, pero cuestionada por su falta de enfoque preventivo. Los conductores sancionados deben pagar no solo las multas, sino también los costos adicionales como los cursos de reeducación vial, cuyo valor asciende a 2,100 córdobas. Esto contribuye a una situación en la que, más que una educación para evitar accidentes, el sistema penaliza económicamente a quienes no cumplen con las normas, sin ofrecer un cambio efectivo en sus hábitos de conducción.
En cuanto a las medidas implementadas para mitigar los accidentes, la Policía ha intensificado la presencia en las calles, especialmente en épocas festivas o durante periodos de alta circulación vehicular. El Plan Nacional de Emergencia Vial ha sido uno de los principales pilares de la estrategia del gobierno en cuanto a seguridad vial, con operativos enfocados en la detención de conductores ebrios, la regulación del tráfico en áreas escolares y la vigilancia en tramos de alto riesgo. Entre los resultados de este plan destaca la suspensión de más de 37,000 licencias de conducir y la detención de más de 5,000 personas por conducción temeraria, pero los resultados tangibles aún son limitados.
Por ejemplo, solo en la semana del 11 al 17 de noviembre de 2024, la Policía suspendió 405 licencias de conducir y detuvo a 43 personas por manejar bajo los efectos del alcohol. Asimismo, se realizaron 1,392 pruebas de alcoholemia, de las cuales un número significativo resultó positivo. A pesar de estos esfuerzos, el hecho de que las motocicletas sigan siendo las protagonistas de los accidentes mortales y las lesiones graves muestra la insuficiencia de las medidas en cuanto a la prevención y control.
Aparte de las motocicletas, otro punto crítico es el transporte público informal, como las llamadas "caponeras". Estas unidades, que operan en zonas rurales y urbanas, continúan siendo un riesgo debido a la falta de regulación, inspección y capacitación de los conductores. Aunque se implementó el "Plan Caponeras" para verificar documentos, otorgar permisos de operación y realizar pruebas de alcoholemia, el número de accidentes relacionados con este tipo de transporte sigue siendo alto. En una semana reciente, se registraron 18 accidentes con solo daños materiales, lo que revela que, aunque no siempre hay víctimas fatales, el riesgo continúa latente.
Pese a las medidas adoptadas, el enfoque parece ser reactivo, con una fuerte dependencia de sanciones y operativos policiales. La prevención efectiva de accidentes requiere más que solo controles en la carretera; requiere un enfoque integral que combine educación vial, infraestructuras seguras y un cambio de mentalidad tanto en conductores como en peatones. La campaña "Salva tu vida", que incluye seminarios educativos, distribución de materiales informativos y visitas a las comunidades, es un paso en la dirección correcta, pero su impacto a largo plazo aún es incierto.
Además, la falta de transparencia en la ejecución de los recursos destinados a mejorar la seguridad vial y el hecho de que las estadísticas de accidentes continúan mostrando números elevados incluso después de las intervenciones son señales claras de que el modelo actual necesita ser reestructurado.
Aunque 2024 mostró una ligera disminución en las muertes por accidentes de tránsito, la tasa sigue siendo inaceptablemente alta. El modelo de sanciones punitivas ha generado ingresos para el gobierno, pero no ha logrado solucionar las raíces del problema. Las motocicletas, el transporte público informal y la conducción irresponsable continúan siendo los principales factores de riesgo. Las autoridades deben cambiar su enfoque de medidas reactivas a políticas preventivas de largo plazo que involucren a toda la sociedad. Para que Nicaragua vea un descenso sustancial en los accidentes de tránsito, es necesario un compromiso real con la educación vial, la mejora de infraestructuras y el fortalecimiento de un sistema de justicia que no se limite a recaudar dinero, sino que promueva verdaderos cambios en la conducta de los conductores.
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