El trágico enfrentamiento entre pandillas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Honduras marca una de las peores tragedias carcelarias en el país centroamericano. La precaria situación carcelaria, caracterizada por la sobrepoblación, la falta de recursos y los altos niveles de violencia, ha sido expuesta una vez más. El Gobierno se enfrenta -desde el inicio del mandato de Castro- al desafío de abordar la crisis en el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de las y los reclusos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
Un violento enfrentamiento entre pandillas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) en Honduras ha resultado en una de las cuatro peores tragedias carcelarias en el país centroamericano. Según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, al menos 41 mujeres han perdido la vida, y se teme que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas. La presidenta Xiomara Castro ha lamentado profundamente la matanza y ha prometido tomar medidas drásticas. Este trágico suceso se produce en un contexto de violencia generalizada en todo el territorio, con una crisis penitenciaria empeorada desde abril de 2023, en medio de la ejecución de una política similar a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, y con un plan de control territorial e identificación plena de las personas.
El Cefas, ubicado a 25 kilómetros de Tegucigalpa, se ha sumido en el caos tras esta masacre. Las autoridades han declarado un estado de emergencia en el recinto y han anunciado un plan de seguridad para las 26 prisiones del país, donde se encuentran aproximadamente 20,000 personas privadas de libertad. Las prisiones hondureñas se caracterizan por altos índices delictivos, y en su interior, sin impedimentos, grupos criminales tienen el control, organizando extorsiones, secuestros y hasta venta de drogas.
Según informes de medios locales, el enfrentamiento mortal se produjo entre reclusas pertenecientes a las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y la Pandilla 18. Se han difundido videos que muestran los cuerpos calcinados de las mujeres, evidencia de la gravedad de este trágico evento.
Las autoridades hondureñas han condenado este ataque y han afirmado que es en perjuicio directo contra el Gobierno de una mujer "que tiene la voluntad política de avanzar".
La comunidad internacional también ha expresado su solidaridad y rechazo a la violencia. La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, ha manifestado su fuerte rechazo a través de un mensaje en Twitter y ha compartido el luto con las familias afectadas por esta tragedia.
Este terrible suceso pone de relieve la situación precaria y peligrosa que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras. Factores como la sobrepoblación, la falta de recursos, la corrupción y la violencia contribuyen a la crisis penitenciaria que vive el país desde hace años. La falta de inversión en el sistema penitenciario, la corrupción y la impunidad son otras de las causas de esta crisis.
La crisis carcelaria
Las cárceles hondureñas se encuentran casi tres veces por encima de su capacidad, según cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). El sistema penitenciario del país también presenta una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con un promedio de 40 homicidios por cada 10,000 personas privadas de libertad. La falta de acceso a la justicia y la impunidad agravan aún más la situación, ya que muchos reclusos permanecen detenidos sin juicio y sin acceso a una defensa adecuada.
El sábado 08 de abril de este año, cuatro cárceles en Honduras fueron escenario de amotinamientos y tiroteos simultáneos, resultando en la muerte de un preso y siete personas heridas, según el Instituto Nacional Penitenciario (INP). Estos enfrentamientos se desencadenaron entre reclusos pertenecientes a las pandillas MS-13 y Pandilla 18, demostrando la influencia y el poder que estas organizaciones criminales tienen dentro de las cárceles.
Ante esos sucesos, la presidenta hondureña anunció a través de su cuenta de Twitter que tomaría medidas contundentes para transformar las cárceles en centros penales de rehabilitación, en lugar de ser "escuelas de crimen y tortura". Sin embargo, apenas un día después de esta declaración, el domingo 9 de abril, se registró un nuevo tiroteo en la cárcel El Pozo, en Ilama, la cuarta prisión con mayor población a nivel nacional. Esto puso de manifiesto la complejidad y la magnitud del desafío que enfrenta el sistema penitenciario hondureño.
Un análisis realizado por la Unidad de Datos de El Heraldo reveló que la sobrepoblación en las cárceles hondureñas supera el 150 % de su capacidad. Mientras tanto, según las cifras del INP, hasta marzo de 2023, había 19,591 personas procesadas o cumpliendo condena en las cárceles del país, mientras que la capacidad total es de 13,051 plazas. Esto implica una sobrepoblación de 6,540 reclusos.
En cuanto a los homicidios en las cárceles, al menos 70 presos han fallecido de manera violenta en las 28 prisiones de Honduras desde 2019, según la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. Izaguirre ha instado a las autoridades a tomar medidas para proteger a los reclusos.
Por otro lado, en marzo de 2023, se aprobó la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en la Isla del Cisne y entre la montaña de Patuca y Gracias a Dios. Estas instalaciones, con capacidad para 1,500 personas cada una, estarán destinadas a albergar a reclusos de alta peligrosidad involucrados en delitos como narcotráfico, crimen organizado, secuestro, extorsión y vínculos con pandillas y maras.
Sin embargo, esta medida no parece ser suficiente para abordar la magnitud del problema. Según la investigación de El Heraldo, para evitar superar el límite de las cárceles, se necesitarían construir cuatro instalaciones similares a las mencionadas por la Secretaría de Seguridad.
La crisis penitenciaria en Honduras ha sido objeto de preocupación y denuncia por parte de organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado la situación en las cárceles hondureñas como "crítica" y ha instado a las autoridades del país a tomar medidas urgentes para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.
Asimismo, organizaciones como Human Rights Watch han destacado la preocupante situación de hacinamiento y las condiciones inhumanas en las cárceles hondureñas. Se denuncia la falta de acceso adecuado a la atención médica, alimentación y agua potable para los presos, así como la violencia y el abuso por parte de los guardias penitenciarios.
La falta de medidas efectivas para la rehabilitación y reinserción de los presos en la sociedad también contribuye a la alta tasa de reincidencia en delitos.
A pesar de los anuncios y las promesas de las autoridades, la solución a esta crisis parece estar lejos y resulta difícil de alcanzar. La revisión de casos judiciales pendientes y la adopción de medidas más efectivas para mejorar las condiciones carcelarias son aspectos clave que deben abordarse para lograr un cambio significativo en el sistema penitenciario hondureño.
La presidenta Castro designó a la viceministra de Seguridad, Semma Julissa Villanueva, para liderar el plan de intervención "SCC" en colaboración con el INP y la Policía Nacional, con el objetivo de desmantelar las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles. Se esperan anuncios y medidas adicionales en los próximos días para enfrentar esta crisis que afecta gravemente a la colectividad hondureña.
Otras tragedias en las cárceles de Honduras
05 de abril de 2003:
Al menos 69 personas fueron asesinadas en la Granja Penal El Porvenir, Atlántida. Los hechos se originaron tras un enfrentamiento entre miembros de las maras y pandillas, e internos comunes.
17 de mayo de 2004:
De madrugada, un cortocircuito generó un incendio de grandes magnitudes en el Centro Penal de San Pedro Sula. 107 reclusos fallecieron en esta tragedia.
14 de febrero de 2012:
362 muertes se registraron ese día en Comayagua. La peor tragedia carcelaria de Honduras. Según las autoridades fue un incendio.
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