Desde 2022, al menos 74 líderes religiosos han sido detenidos arbitrariamente en Nicaragua, muchos de ellos sin garantías judiciales ni el debido proceso, según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Además, el gobierno ha clausurado 843 asociaciones religiosas y prohibido procesiones y festividades, afectando directamente la libertad de culto en el país.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En un nuevo acto de represión contra la iglesia católica y la disidencia en general en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desterró esta semana a monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, obispo de Jinotega y actual presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a Guatemala. Monseñor Herrera, de 75 años de edad, fue capturado en Managua después de asistir a una reunión con los pocos obispos que aún permanecen en el país centroamericano, según fuentes religiosas consultadas por COYUNTURA. La diócesis de Jinotega confirmó que ahora se encuentra bajo la protección de los Frailes Menores en Guatemala, la orden a la que pertenece desde su vocación religiosa.
Este destierro se produjo tras la denuncia que el obispo realizó en su homilía el pasado domingo 10 de noviembre, donde calificó como "sacrílegos" los actos organizados por el alcalde sandinista de Jinotega, Leónidas Centeno. Herrera señaló que las autoridades municipales habían instalado altoparlantes y organizado bailes frente a la catedral durante las celebraciones litúrgicas, impidiendo que los fieles pudieran escuchar la misa. La denuncia de monseñor Herrera generó una inmediata reacción de las autoridades del régimen, que procedieron a su arresto y posterior destierro.
Con Herrera, son tres los obispos nicaragüenses exiliados en menos de un año. En enero de este mismo año, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y el obispo de Siuna, Isidoro Mora, fueron igualmente desterrados a Roma tras ser acusados de participar en actividades contrarias a la administración sandinista. Álvarez había sido arrestado y condenado a 26 años de prisión por cargos políticos. A ellos se suma monseñor Silvio Báez, exiliado desde 2019 luego de recibir amenazas de muerte.
La iglesia católica en Nicaragua ha sido blanco de una persecución sistemática desde que el régimen de Ortega-Murillo endureció su postura contra cualquier voz crítica en el país. Un informe reciente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó la detención arbitraria de al menos 74 líderes religiosos desde el año 2022, muchos de los cuales fueron procesados sin garantías legales. Además, el régimen ha clausurado 843 asociaciones religiosas, incluida Cáritas de Matagalpa, una organización humanitaria con amplia labor en la región, en medio del cierre masivo de más de 3,500 oenegés.
El exilio de monseñor Herrera ocurre en un contexto de creciente hostigamiento hacia la comunidad católica en Nicaragua, con la prohibición de procesiones religiosas y el cierre de cuentas de redes sociales de las diócesis, como sucedió con la cuenta oficial de la Diócesis de Jinotega. La página de Facebook, que transmitía misas y otros eventos religiosos, fue desactivada el martes 12 de noviembre, horas antes de confirmarse el destierro de monseñor Herrera.
Distintas figuras, tanto religiosas como políticas, han denunciado el arresto de monseñor Herrera como otro ataque directo a la libertad de culto en Nicaragua. El sacerdote Erick Díaz y el exreo político Félix Maradiaga se pronunciaron en redes sociales, condenando el destierro como una represalia por la denuncia local del obispo. Maradiaga subrayó que estos actos reflejan la intención del régimen de silenciar cualquier manifestación de fe y de dignidad humana en el país centroamericano.
Con esta última expulsión, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha quedado reducida a solo cinco obispos, entre ellos el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, quien sigue en el país junto a sus colegas en un clima de tensión y temor constante. La iglesia católica, considerada una institución de profunda influencia moral y social en Nicaragua, enfrenta una persecución sin precedentes en la historia reciente de Centroamérica.
La expulsión de monseñor Herrera y otros líderes religiosos no solo afecta a la comunidad católica, sino que impacta el acceso de la población a servicios sociales vitales en zonas de extrema pobreza, donde organizaciones religiosas han desempeñado un rol crucial.
Por otro lado, Carlos Herrera, en noviembre de 2021, cuando había sido recién electo presidente de la CEN, manifestó el interés del catolicismo de mediar en un posible diálogo entre el Estado, controlado por Ortega desde 2007, y la oposición política, como una forma de contribuir a solucionar la crisis que atraviesa el país centroamericano desde abril del año 2018.
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