Uno de los casos más recientes es el Hostal El Central, confiscado al periodista Henry Briceño, quien fue desterrado junto a su familia el domingo 24 de noviembre de 2024. En este inmueble, la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inaugurará el Centro de Hemodiálisis "Sacuanjoche", en una maniobra similar a la instalación de una filial de la "Cruz Blanca" en la casa que Briceño habitó por más de 20 años.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Desde agosto del año 2024 hasta la fecha, el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha donado al menos 93 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en un aparente intento de encubrir confiscaciones ilegales y evitar posibles reclamos de sus legítimos propietarios. Una revisión de Confidencial revela que, en 89 de estas donaciones, la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha ocultado información clave como la extensión del terreno, número catastral y ubicación exacta. Expertos en bienes raíces y economistas advierten que esto apunta a bienes adquiridos mediante confiscaciones ilícitas, una práctica que se ha intensificado en Nicaragua en los últimos años.
Uno de los afectados por esta práctica es el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro, a quien el régimen despojó de su propiedad en febrero de 2023 tras declararlo apátrida. La finca "Isleta Zompopera", de 3,704.75 metros cuadrados, fue entregada al INSS bajo el Acuerdo Presidencial 135-2024, publicado el 9 de agosto de 2024 en La Gaceta - Diario Oficial. A diferencia de la mayoría de los casos, en esta donación sí se especificaron detalles registrales, incluyendo el número de finca y su ubicación en Granada. Sin embargo, en el resto de las propiedades entregadas al INSS ese mismo día, la dictadura únicamente mencionó códigos internos y los departamentos en los que se ubican: Estelí, Managua y Rivas.
"El ocultamiento de datos primordiales es una estrategia clara del régimen para evitar posibles reclamaciones de los legítimos propietarios", explicó un corredor de bienes raíces consultado bajo anonimato. "En cualquier transferencia legal de una propiedad, estos datos son imprescindibles", recordó.
Chamorro coincide en que el objetivo de esta maniobra es evitar demandas y facilitar la posterior venta de los bienes. "Parte de la estrategia es manejar una nomenclatura secreta, lo que permite la fácil comercialización de los inmuebles sin que haya reclamos públicos", sostuvo el también expresidenciable.
Desde su regreso al poder en 2007, Ortega ha transferido al menos 557 propiedades a instituciones estatales y alcaldías. Sin embargo, la mayoría de estas donaciones sí incluían detalles sobre ubicación, linderos y número catastral, lo que hace más evidente la opacidad con la que se ha manejado la reciente entrega al INSS.
Las 93 donaciones al INSS se realizaron en tres fechas distintas:
9 de agosto de 2024: 72 propiedades.
22 de enero de 2025: 14 propiedades.
25 de febrero de 2025: 7 propiedades.
Los departamentos con mayor número de bienes transferidos son Estelí (41) y Managua (34), seguidos de Rivas (8), Jinotega (5), Granada (3), Masaya (1) y Carazo (1). El oficialismo justifica las donaciones argumentando que buscan "fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses". No obstante, economistas y analistas como Enrique Sáenz advierten que la verdadera intención es legitimar el despojo de propiedades y darles una apariencia de legalidad.
"La dictadura pretende presentar estas confiscaciones como acciones con fines sociales, cuando en realidad se trata de una operación para blanquear bienes confiscados", sostuvo Sáenz.
A pesar de la incorporación de estas propiedades, la crisis financiera del INSS sigue sin resolverse. Según proyecciones, el déficit del instituto para 2025 alcanzará 97 millones de dólares, lo que representa un problema estructural derivado de excesivo gasto administrativo, corrupción y malas inversiones. Sáenz advirtió en Confidencial que estas donaciones no representan una solución real. "Aunque se vendieran todas las propiedades donadas, el monto recaudado sería apenas un paliativo temporal, sin resolver el problema de fondo", explicó.
Chamorro, por su parte, enfatiza que el colapso financiero del INSS no puede solucionarse con transferencias de bienes inmuebles. "El problema es estructural y, de no reformarse el sistema, cualquier intento de salvataje implicaría aumentar impuestos o reducir beneficios para los asegurados", señaló.
Además de la entrega de propiedades al INSS, el régimen ha ejecutado una ola de confiscaciones y posterior reinauguración de bienes despojados como supuestas obras públicas.
Entre enero y febrero de 2025, al menos doce propiedades -muchas de ellas pertenecientes a oenegés canceladas- fueron confiscadas y reabiertas con nuevos nombres y propósitos.
Uno de los casos más notorios es el del Hostal El Central, propiedad del periodista Henry Briceño, quien fue desterrado el 24 de noviembre de 2024 junto a su familia. Ahora, el inmueble será reinaugurado como el Centro de Hemodiálisis "Sacuanjoche". Esa es la segunda propiedad de Briceño que la dictadura ha reutilizado con otro propósito. El 10 de enero de 2025, su antigua vivienda fue convertida en una filial de la "Cruz Blanca".
Otras confiscaciones destacadas incluyen:
Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina (Managua): Instalado en el antiguo Club Campestre Las Colinas, expropiado en diciembre de 2021.
Centro Tecnológico "Muchachos, Horizonte Valiente" (Managua): Creado en la exsede de la Fundación Samuel, confiscada en junio de 2024.
Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa (Managua): Ubicado en el antiguo campus del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), clausurado en septiembre de 2023.
En el norte del país centroamericano, el régimen también confiscó y asignó nuevos usos a bienes de la Diócesis de Matagalpa, incluyendo el Centro Diocesano de Pastoral "La Cartuja", que ahora funcionará como un centro universitario agropecuario.
Desde 2018, la dictadura Ortega-Murillo ha confiscado centenares de bienes pertenecientes a ciudadanos, empresas, medios de comunicación, universidades, organizaciones no gubernamentales, entidades bilaterales e incluso la iglesia católica. De acuerdo con el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), hasta mediados de 2024 el valor de estos despojos se estimaba en 250 millones de dólares.
El patrón de confiscaciones ha seguido una escalada sistemática, dirigida especialmente contra opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil. La entrega de propiedades al INSS y su posterior venta podría ser la vía para legitimar estos despojos, mientras la dictadura sigue absorbiendo recursos y eliminando a cualquier adversario político.
A medida que Nicaragua se acerca a un nuevo proceso electoral en 2026, el saqueo institucionalizado parece consolidarse como una herramienta de represión y financiamiento del FSLN. Mientras tanto, miles de nicaragüenses continúan perdiendo su patrimonio bajo un gobierno que no deja espacio para el derecho a la propiedad privada.
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