El ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, está en el centro de la controversia debido a decisiones polémicas y declaraciones que han avivado las tensiones políticas en medio de una crisis de seguridad, especialmente tras su respuesta pública a las acusaciones de la diputada Dinorah Barquero y el órgano legislativo.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
La seguridad pública en Costa Rica se ha convertido en el epicentro de un intenso debate que ha escalado en las últimas semanas. A raíz de un video publicado por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en respuesta a las críticas de la diputada Dinorah Barquero, el país ha sido testigo de un cruce de declaraciones que pone de manifiesto la creciente preocupación por la inseguridad, el narcotráfico y los discursos de odio en la política. En su respuesta, Zamora defendió la labor de los cuerpos policiales, resaltando su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y las leyes, así como su papel en la protección de la ciudadanía, en especial de aquellos que más lo necesitan. Zamora subrayó que el video en cuestión -donde se defendió abiertamente la estrategia del presidente Rodrigo Chaves- fue respetuoso y legal, amparado en un fallo de la Sala Constitucional que permite este tipo de manifestaciones siempre que se mantengan dentro del marco de la ley. Sin embargo, estas declaraciones se dieron en un contexto de creciente tensión en la Asamblea Legislativa, donde se aprobó una moción en solidaridad con diputadas que han recibido amenazas de muerte. En particular, los casos de Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén del Frente Amplio (FA) ejemplifican cómo la inseguridad y los discursos de odio han penetrado en las esferas más altas de la política costarricense.
La moción aprobada, con 50 votos a favor y ninguno en contra, incluyó un llamado al diálogo y al respeto, buscando soluciones conjuntas a la crisis de inseguridad que vive el país. No obstante, este gesto de solidaridad contrastó con el ambiente caldeado durante la etapa de control político, donde las recriminaciones y acusaciones entre partidos continuaron alimentando la polémica. Sofía Guillén, en particular, avivó la controversia al señalar que las decisiones tomadas por el Ministerio de Seguridad están facilitando el ingreso de drogas al país. Guillén denunció que la unidad de Guardacostas, conocida como GOPES, fue trasladada de Bahía Drake a Golfito y Quepos, lo que, según ella, está despejando una de las principales rutas del narcotráfico en Costa Rica. La diputada argumentó que el tiempo de reacción de las fuerzas navales ha aumentado considerablemente, permitiendo a las embarcaciones sospechosas evadir la vigilancia. Guillén fue aún más lejos al calificar a Costa Rica como un "narco-Estado", afirmando que las autoridades de seguridad están tomando decisiones que favorecen a las redes delictivas.
Por otro lado, la independiente Gloria Navas también se sumó a las críticas, centrando su discurso en la ineficacia de la política de seguridad Costa Rica Segura Plus, que, según ella, no ha pasado de ser un proyecto en papel. Además, Navas calificó el video de Casa Presidencial como una manifestación inconstitucional, llegando a sugerir que representaba un golpe de Estado por parte de las autoridades de seguridad. Las críticas encontraron una férrea defensa por parte de la oficialista Paola Nájera, quien refutó las afirmaciones de inconstitucionalidad y afirmó que la manifestación estaba respaldada por un fallo de la Sala Constitucional del 2017. Según Nájera, el video cumple con todas las condiciones legales establecidas por los magistrados y busca defender a los cuerpos policiales de las críticas injustificadas.
Mientras tanto, las acusaciones de Guillén y otros legisladores sobre la relación entre el Gobierno y la criminalidad organizada fueron duramente replicadas. Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, destacó que su partido siempre ha reconocido el valor de los funcionarios de la Fuerza Pública, aunque Guillén fue más severa en su respuesta, llamando "cobardes" al ministro Zamora y al viceministro Manuel Jiménez Steller, por presuntamente delegar las respuestas a los subalternos. En este contexto, la figura del comisario Martín Arias, exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas, ha tomado relevancia. Arias ha criticado duramente la decisión de trasladar la unidad de GOPES de Bahía Drake a Quepos, calificándola de "ilógica" y alertando sobre las implicaciones que esto tiene para la lucha contra el narcotráfico. Según Arias, Bahía Drake es una zona estratégica para interceptar embarcaciones cargadas de drogas, y el traslado de la unidad ha comprometido la capacidad de respuesta de las fuerzas navales.
La decisión de mover la base de Guardacostas se suma a una serie de críticas que señalan una creciente presencia del narcotráfico en Costa Rica, en particular en la Zona Sur del país. Los informes revelan que por el triángulo de Osa, entre Isla del Caño y Sierpe, se han introducido cientos de toneladas de cocaína en los últimos años, con bandas locales y extranjeras operando sin mayores dificultades. Arias subrayó que, durante su gestión, se instalaron equipos de vigilancia de última tecnología en la zona, como radares y sistemas de inteligencia, que ahora podrían quedar en desuso debido a la reorganización de las fuerzas de seguridad. El panorama de seguridad en Costa Rica parece cada vez más complejo, con un Gobierno que se enfrenta a crecientes críticas por su manejo de la seguridad pública, mientras la Asamblea Legislativa sigue dividida en cuanto a las soluciones que se deben implementar. La presencia del narcotráfico, las amenazas a funcionarios públicos y los discursos de odio son solo algunos de los elementos que contribuyen a un escenario cada vez más tenso y polarizado en el país centroamericano.
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