Desde el inicio del proceso, la Fiscalía General intentó influir en la elección. Funcionarios del Ministerio Público, incluyendo fiscales de alto rango y asesores de Consuelo Porras, participaron activamente en eventos proselitistas, como foros, almuerzos y reuniones en horarios laborales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La reciente elección de la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) dejó en evidencia el fracaso del Ministerio Público (MP), encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, en su intento por influir en la estructura del gremio profesional. A pesar de una intensa campaña de respaldo a la Planilla 1, integrada por Avanza y Coalición Gremial, y del involucramiento de altos funcionarios del MP en actividades proselitistas, los resultados de la primera vuelta revelaron un claro revés para la cúpula del ente investigador.
El proceso electoral, celebrado el viernes 07 de febrero de 2025, tuvo como protagonistas a cuatro agrupaciones con una destacada votación: la Planilla 10, Unidad por la Justicia, encabezada por la exjueza Patricia Elizabeth Gámez Barrera, la Planilla 4, Unidos por el Derecho, liderada por Helmer Rolando Reyes García, la Planilla 3, Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), dirigida por Sergio Madrazo Mazariegos, y la Planilla 1, vinculada al MP.
La Planilla 10 se posicionó como la gran vencedora de la jornada, liderando los comicios con un amplio margen sobre sus competidores. Sin embargo, el segundo lugar permaneció en disputa entre las planillas 3 y 4, que al cierre de la jornada tenían una diferencia de apenas 90 votos. Con el conteo final de la Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, quedó definida la segunda vuelta: la Planilla 10 se enfrentará a la Planilla 4 el próximo 14 de febrero para determinar quién dirigirá el gremio durante el período 2025-2026.
Las elecciones del CANG estuvieron marcadas por una notable movilización de los agremiados, aunque la afluencia de votantes también generó complicaciones logísticas. Según declaraciones de Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del CANG, el número de mesas se estableció con base en procesos anteriores, sin prever el crecimiento de votantes en ciertas categorías, lo que provocó largas filas y retrasos en la jornada.
De los más de 35,000 abogados habilitados para ejercer el voto, hasta las 02:00 p.m. solo 3,484 habían acudido a las urnas, según datos de Guatemala Visible, representando apenas el 10 % del padrón. Sin embargo, la afluencia aumentó conforme avanzaba el día, lo que colapsó el tráfico en la capital guatemalteca, especialmente en la zona 13 y áreas aledañas.
El evento se llevó a cabo en el Club de Oficiales La Aurora, donde también se hicieron presentes figuras clave de la política y la justicia, incluidos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Colegio de Abogados, lo que resaltó la importancia de estos comicios en la configuración del mapa judicial del país.
Injerencia del MP y uso de recursos institucionales
Uno de los aspectos más polémicos de la elección fue la abierta injerencia del MP a favor de la Planilla 1. Altos funcionarios del ente investigador participaron activamente en la campaña electoral, asistiendo a foros, desayunos, almuerzos y cenas organizadas en distintos departamentos del país. Entre los involucrados figuraron Ángel Pineda, secretario general del MP; Dimas Jiménez y Jiménez, fiscal regional de coordinación nacional; Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); y Erick Schaeffer, primer subsecretario del MP.
También se reportó la participación de Jesús Gilberto Porres, esposo de la fiscal general Consuelo Porras y subjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, así como de otros altos mandos de la institución, quienes promovieron abiertamente la candidatura de Julio Recinos Fabián, encargado del despacho de la Fiscalía de Extinción de Dominio, como presidente de la Junta Directiva del CANG.
El Departamento de Información y Prensa del MP justificó la ausencia de estos funcionarios argumentando que se encontraban gozando de vacaciones, una medida que ha sido interpretada como un intento de encubrir el uso de recursos estatales en actividades proselitistas, lo que podría constituir una violación al Código de Ética del MP.
Además, se denunció el uso de sedes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para la realización de foros organizados por la Planilla 1. La inclusión en esta agrupación de José Rolando Samayoa Lara, director de la Escuela de Ciencia Política, y José Luis Aguirre Pumay, ambos vinculados al rector Walter Mazariegos, evidenció la alianza entre la dirigencia universitaria y el MP para intentar influir en el proceso electoral del CANG.
El desenlace de la primera vuelta tiene implicaciones directas en la configuración del sistema de justicia de Guatemala. Los presidentes del Tribunal de Honor y la Junta Directiva del CANG forman parte de las Comisiones de Postulación encargadas de elegir al Fiscal General del MP, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2026.
El fracaso de la Planilla 1 representa una pérdida significativa para la fiscal general Consuelo Porras y su círculo cercano, quienes buscaban consolidar su control sobre estas instancias clave. Sin embargo, la derrota no significa el fin de la lucha por el dominio del aparato judicial, ya que aún queda por definirse la segunda vuelta entre la Planilla 10 y la Planilla 4.
Por otro lado, el caso de Eduardo Masaya, candidato a secretario de la Junta Directiva por la Planilla 10 y capturado el miércoles 29 de enero en el marco del caso "Corrupción Semilla", generó incertidumbre sobre la participación de esta agrupación. No obstante, el fuerte respaldo obtenido por Unidad por la Justicia sugiere que los votantes priorizaron la independencia del gremio sobre los cuestionamientos individuales.
La comunidad jurídica y la sociedad civil guatemalteca han seguido de cerca el desarrollo de estos comicios, conscientes de su impacto en la institucionalidad del país. Organizaciones como Guatemala Visible han monitoreado la transparencia del proceso, mientras que sectores opositores al oficialismo han denunciado los intentos del MP por instrumentalizar la elección a su favor.
La segunda vuelta del viernes 14 de febrero de 2025 será crucial para definir el rumbo del CANG y, por ende, de las futuras decisiones en la selección de autoridades judiciales. El electorado gremial tendrá la oportunidad de optar por una propuesta que represente la independencia del sector o por una que mantenga vínculos con estructuras de poder que han sido señaladas por abuso de autoridad y corrupción.
Lo ocurrido en esta elección no solo es una derrota para la fiscal general Consuelo Porras, sino un mensaje claro de los abogados guatemaltecos sobre la necesidad de mantener la autonomía de sus instituciones y rechazar cualquier intento de cooptación política.
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