El sistema TREP fue adquirido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la empresa Datasys S.A., y aunque la auditoría no encontró vulnerabilidades en el sistema, persisten dudas sobre su gestión y supervisión. Las acusaciones del Ministerio Público (MP) apuntan a que la sumatoria y transmisión de datos no fueron supervisadas adecuadamente por el TSE, lo que ha generado cuestionamientos sobre el papel de esta entidad en garantizar la integridad de los resultados electorales y el cumplimiento de las normativas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En un escenario político ya cargado de tensiones, a menos de una semana de haber citado a tres funcionarios electorales -uno de ellos ya fallecido-, el Ministerio Público (MP) de Guatemala vuelve a hacer de las suyas y ha tomado medidas drásticas contra las y los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en relación con la adquisición del sistema informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado en las elecciones generales de 2023. La solicitud de retiro de inmunidad, presentada este miércoles 27 de septiembre de 2023, acusa a estos funcionarios de tres graves delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Estas alegaciones, en medio de una pesquisa exhaustiva del MP contra el Tribunal Electoral con más de 10 investigaciones en curso, encrudecen la crisis institucional, judicial y democrática en el país centroamericano, con una polarización cada vez más fuerte, justo el día que el presidente saliente Alejandro Giammattei anunció que se retoma la transición con la metodología propuesta por el mandatario electo, Bernardo Arévalo, a quien insta a que en esta participen las y los funcionarios que dirigirán ministerios y secretarías.
Abuso de autoridad: Los magistrados del TSE son acusados de abusar de su cargo al suscribir el contrato administrativo del programa informático TREP. Esto incluye la adjudicación del contrato y la firma del mismo, que, según el MP, permitieron la consignación de varias ilegalidades. Una de las principales irregularidades señaladas es la falta de supervisión independiente del software, ya que se permitió que la misma entidad proveedora recomendara a la entidad encargada de la supervisión, usurpando funciones del TSE.
Incumplimiento de deberes: Los magistrados también enfrentan cargos por no cumplir con sus deberes después de la suscripción del contrato administrativo. Según el MP, no hubo supervisión adecuada del software por parte del TSE, ya que la entidad proveedora, Datasys S.A., recomendó a la entidad encargada de la supervisión, lo que se considera un conflicto de intereses. Esto resultó, según el órgano judicial, en una falta de control en la sumatoria y transmisión de los datos electorales, una función clave del TSE.
Fraude: Se acusa a algunos magistrados de autorizar la adjudicación y a otros de aprobar la suscripción del contrato administrativo con Datasys S.A. en Guatemala. La empresa ofreció un precio significativamente más alto que otro competidor, lo que lleva a la sospecha de fraude. Los fiscales alegan que los magistrados posiblemente utilizaron artificios para defraudar al Estado al especular con el precio del software y no incluir adecuadamente el hardware operativo en el contrato.
Estas acusaciones llegan en un momento políticamente sensible en Guatemala. El partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), liderado por la tres veces perdedora Sandra Torres, ha alegado un supuesto fraude electoral en las elecciones de agosto de 2023, en las cuales Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla, ganó la Presidencia con un margen sustancial. Esta denuncia ha empeorado la serie de acciones legales en contra de los magistrados del TSE.
Sin embargo, algunas voces en la sociedad civil y en la comunidad internacional argumentan que estas acciones judiciales son parte de un intento de judicializar el proceso electoral para interferir con el cambio de mando previsto para el 14 de enero de 2024, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible "golpe de Estado técnico".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la situación en Guatemala y ha instado a que el Tribunal Supremo Electoral no sea tratado como sujeto de derecho penal. Además, han enfatizado la importancia de respetar la separación de poderes y la voluntad popular.
El proceso judicial en contra de los magistrados del TSE está en curso, y su resultado podría tener un impacto significativo en la estabilidad política de Guatemala y en la percepción de la democracia en el país. La decisión de si se retira o no la inmunidad de estos funcionarios recae en el Congreso Nacional, lo que plantea interrogantes sobre el papel de las y los legisladores en este proceso, y si se llevará a cabo de manera justa y transparente.
En medio de estas acusaciones y tensiones, la sociedad guatemalteca se encuentra dividida, y los actores políticos continúan luchando por sus intereses. La transparencia, la imparcialidad y el respeto a las instituciones democráticas son fundamentales para garantizar la estabilidad y la legitimidad del proceso judicial en curso -aunque este no debería de existir- y para preservar la integridad del sistema democrático en Guatemala.
La inquisición judicial no se detiene
A pesar de que la Fiscalía del país centroamericano no ha brindado pruebas y tampoco se ha sometido a una rueda de prensa para detallar la inquisición judicial actual, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se encuentra bajo una intensa investigación por parte del Ministerio Público, con al menos 13 casos penales en curso. Las investigaciones abarcan una variedad de áreas relacionadas con el proceso electoral y los partidos políticos. La incertidumbre sobre las intenciones detrás de estas investigaciones ha generado inestabilidad en el TSE y ha llevado a algunos miembros de los órganos temporales a considerar renunciar a sus funciones. Además, han desatado una ola de allanamientos contra el órgano electoral y el partido político Movimiento Semilla, permitiendo incluso la apertura de más de 100 cajas electorales.
El MP ha llevado a cabo estas investigaciones a través de tres fiscalías diferentes, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía de Delitos Electorales. A pesar de las críticas y la preocupación sobre la posible desarticulación de las Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional, el MP ha defendido su actuación, afirmando que su objetivo es "encontrar la verdad y garantizar el cumplimiento de la ley". Sin embargo, la ciudadanía sigue exigiendo más información y claridad sobre las investigaciones en curso, mientras también se pide en las calles y en los tribunales la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jerarca de la FECI, Rafael Curruchiche, y otros funcionarios judiciales.
El futuro del TSE y del proceso electoral en Guatemala está en juego, ya que la confianza en la institución electoral y en la judicial es crucial para mantener la estabilidad democrática del país. Cualquier irregularidad o cuestionamiento sobre la integridad de las elecciones, o sobre las investigaciones en curso, podrían tener consecuencias significativas para la legitimidad del próximo Gobierno.
El "plan" es impugnar los resultados
Este miércoles 27 de septiembre, fuentes anónimas revelaron a la Redacción de COYUNTURA que existe un "plan en marcha contra los resultados electorales" en Guatemala. Este plan implica que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dé trámite a dos solicitudes de antejuicio presentadas por el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Una de estas solicitudes proviene de la denuncia presentada por la UNE por supuesto fraude electoral. Además, la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP presentó una nueva solicitud de antejuicio contra varios magistrados del TSE relacionada con la compra del sistema TREP. Aunque también hay otra que proviene de los abogados Karen Fischer y Geovanni Fratti, por la inscripción de Manuel Baldizón, como candidato a diputado por el partido CAMBIO.
"La Fiscalía presentó la solicitud en contra de los magistrados titulares del TSE: Irma Elizabeth Palencia Orellana, presidenta; Ranulfo Rafael Rojas Cetina; Blanca Odilia Alfaro Guerra; Gabriel Vladímir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores. También se accionó de la misma manera en contra de los magistrados suplentes: Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes", cita uno de los documentos verificados por el equipo de este medio independiente este miércoles.
Estas acciones se desarrollan en medio de varias disputas políticas y más acusaciones de irregularidades en las elecciones generales de 2023.
El pleno de magistrados de la CSJ evaluará estas solicitudes en un pleno ordinario. Si se les quita el antejuicio a los magistrados del TSE, esto pasaría al Congreso, donde se buscaría nombrar nuevos magistrados para influir en los resultados electorales. La Fiscalía de Delitos Electorales también presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra los magistrados del TSE por presuntos delitos de abuso de autoridad y no cumplimiento de deberes en relación con el proceso electoral.
Suscríbase aquí a El Boletín de COYUNTURA y reciba las noticias de la actualidad de Nicaragua, Centroamérica y el mundo.
Comments