Las acusaciones de falta de supervisión y presunta intervención de terceros han suscitado preocupaciones sobre la integridad de las elecciones pasadas y la transparencia del proceso electoral en Guatemala. La sociedad espera respuestas sobre la confiabilidad de sus elecciones y la responsabilidad de las autoridades electorales en este proceso, mientras las protestas continúan contra el Ministerio Público (MP).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En un escenario que parece sacado de una novela de suspense política, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) se encuentra bajo el escrutinio público y legal debido a supuestas irregularidades en la contratación y operación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En esta causa -una de al menos 13 elaboradas desde el Ministerio Público (MP), en manos de la sancionada fiscal general Consuelo Porras-, las acusaciones de falta de supervisión, adquisición anómala y la presunta intervención de terceros han abierto un debate sobre la integridad de las elecciones pasadas y la transparencia del proceso electoral en el país centroamericano. Pero poco se confía la gente de lo que el MP dice.
Este jueves 21 de septiembre de 2023, mientras en un hotel de la zona 11 de la capital guatemalteca el Tecnológico de Monterrey presentaba los resultados de una auditoría al TREP que concluía en que no hubo hallazgos ni vulneraciones en el sistema, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público daba un paso significativo en su investigación al citar a tres empleados del TSE como testigos en relación con la compra del TREP y la contratación de la empresa Datasys S.A. como proveedor del sistema.
Los oficios de citación, dirigidos a los auditores electorales José Emilio Liques Arévalo y Óscar René Ortiz López, así como al jefe de Compras del TSE, José Rodolfo Godínez (quien lamentablemente falleció en el año 2022), revelan que la Fiscalía busca esclarecer las circunstancias en torno a la adquisición del TREP y la supervisión de su funcionamiento. Aunque expertos también señalan que es más presión para el TSE por parte de la Fiscalía.
El sistema TREP, crucial en el proceso electoral, fue adquirido por el TSE a la empresa Datasys S.A. por un monto considerable. La auditoría realizada por el Tecnológico de Monterrey no encontró vulnerabilidades en el sistema, pero las dudas persisten en torno a su gestión y supervisión, dice el oficialismo. Según las acusaciones, la sumatoria y transmisión de datos no fue supervisada adecuadamente por el TSE, sino que se llevó a cabo a través de un proveedor extranjero no supervisado, Podernet, designado por la propia Datasys S.A. Esto ha generado cuestionamientos sobre el rol del TSE en garantizar la integridad de los resultados electorales y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Por otro lado, la citación de José Rodolfo Godínez, quien falleció hace un año, plantea una serie de interrogantes sobre el momento en que se inició la investigación y la responsabilidad de la entidad en la que él trabajaba. El TSE, en su comunicado oficial, lamentó el fallecimiento de Godínez y confirmó que el MP lo citó debido a su rol como jefe del Departamento de Compras y Contrataciones en el momento de la adquisición del TREP. Sin embargo, es relevante destacar que Godínez fue ascendido a Director Administrativo del TSE dos meses después de su contratación como jefe de Compras, lo que plantea dudas sobre su nivel de influencia en el proceso de adquisición del sistema, y sobre la estrategia del MP en esta investigación, en medio de otras de las que todavía se desconocen detalles.
La citación de los auditores electorales, José Emilio Liques Arévalo y Óscar René Ortiz López, también es un punto de interés en esta investigación. Ambos fueron llamados a declarar en calidad de testigos, lo que sugiere que el MP busca obtener información sobre su participación en el proceso de supervisión y auditoría del TREP. Esta citación arroja luz sobre la importancia de la labor de los auditores en garantizar la transparencia y la integridad de las elecciones, así como la necesidad de una supervisión efectiva por parte de las autoridades electorales.
El contexto en el que se desarrolla esta investigación es crucial. La citación de los empleados del TSE se produce un día después de que el Tribunal presentó los informes sobre el funcionamiento del TREP durante la primera y segunda vuelta electoral. Cabe destacar que el costo del sistema TREP fue de Q148,850,250 quetzales, lo que hace que cualquier irregularidad en su adquisición y operación sea de gran relevancia.
Además de la Fiscalía de Delitos Administrativos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en manos del también sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.), Rafael Curruchiche, también está llevando a cabo investigaciones relacionadas con el proceso electoral. En agosto, la FECI citó al encargado de la Dirección de Informática del Tribunal Electoral, Jorge Santos, como parte de una investigación más amplia sobre el manejo de datos en el TSE durante la primera vuelta electoral presidencial y las elecciones generales el pasado domingo 25 de junio. Esta investigación se inició a raíz de una denuncia de supuesto fraude presentada por el partido Valor. El MP busca aclarar la forma en que se documentaron y sumaron los resultados de las distintas votaciones, incluyendo la del binomio presidencial, corporaciones municipales y diputados del Congreso y Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Una figura clave en esta investigación es el colombiano Gustavo Villamil, de la empresa Datasys Group, S.A., creadora del TREP. La FECI también lo citó a declarar, lo que sugiere que se busca obtener información relevante sobre su participación en el proceso de adquisición y operación del sistema.
El proceso electoral en Guatemala se encuentra bajo una intensa investigación en relación con supuestas anomalías en la adquisición y operación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La citación de empleados del TSE y representantes de la empresa proveedora del sistema, así como las auditorías realizadas, plantean interrogantes sobre la integridad y la transparencia del proceso electoral en el país. La sociedad guatemalteca espera con interés los resultados de estas investigaciones y busca respuestas sobre la confiabilidad de sus elecciones y la responsabilidad de las autoridades electorales en este proceso.
Mientras tanto, las muestras de protestas contra el Ministerio Público continuan, y el TSE sigue "colaborando". Ha entregado más de dos mil copias certificadas de actas finales de cierre y escrutinio. También permitió como máximo órgano electoral la apertura de más de 100 cajas electorales durante un allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), ubicado dentro del Parque de la Industria, en Ciudad de Guatemala.
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