La respuesta de la Presidencia de la República fue contundente. A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social desestimó las acusaciones del Ministerio Público, calificándolas como carentes de credibilidad y fundamento legal. Según la Presidencia, estas acusaciones no tienen otro propósito que "desacreditar" al mandatario y fueron facilitadas por jueces que "actúan en complicidad" con los "intereses corruptos" de la Fiscalía.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Hoy, miércoles 21 de agosto de 2024, el Ministerio Público (MP) de Guatemala llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se revelaron presuntas irregularidades vinculadas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), en un caso que ha sido bautizado como el "Mecanismo de Corrupción MICIVI". Durante la conferencia, encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se señaló al presidente de la República, Bernardo Arévalo, como el principal responsable de estas irregularidades, generando un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre la administración de Arévalo y las instituciones de justicia del país centroamericano.
Curruchiche inició la conferencia afirmando que el presidente Arévalo habría autorizado de manera ilícita un mecanismo de pago a contratistas del Estado fuera del marco legal de sus funciones. Según el fiscal, esta acción constituye un abuso de autoridad, una violación a la Constitución y una usurpación de atribuciones. Para sustentar estas acusaciones, Curruchiche presentó una serie de pruebas, entre ellas, un audio en el que se escucha al presidente Arévalo conversar con la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, en la que este le informa sobre su destitución por no haber cumplido órdenes relacionadas con los pagos a las empresas contratistas. El fiscal explicó que la denuncia inicial fue presentada el 16 de julio de este año por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización que en los últimos años ha sido conocida por su apoyo a políticas y acciones controvertidas en el país. Méndez Ruiz afirmó que Arévalo habría cometido delitos al instruir a De la Vega que favoreciera a determinadas empresas constructoras con pagos que, según el denunciante, estarían vinculadas a los financistas de la campaña electoral del mandatario. Estos señalamientos han llevado a la FECI a solicitar el retiro del antejuicio del presidente, lo que permitiría su procesamiento judicial por estos cargos. No obstante, el MP no explicó el origen de la grabación de la llamada entre Arévalo y De la Vega.
Durante la conferencia, Curruchiche hizo una comparación entre el caso de Arévalo y el del expresidente Otto Pérez Molina, quien fue grabado en conversaciones telefónicas que se utilizaron como prueba en su contra durante el escándalo de corrupción conocido como "La Línea". Esta referencia no es fortuita; busca subrayar la gravedad de las acusaciones actuales y sugiere un patrón de comportamiento entre las élites políticas del país, en donde el abuso de poder y la corrupción son moneda corriente.
En un intento por darle mayor credibilidad a las acusaciones, el fiscal también mencionó la vinculación de estas irregularidades con diplomáticos internacionales, en particular con Gabriel Orellana Rojas, miembro del Comité Jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según Curruchiche, una empresa vinculada a Orellana Rojas habría sido beneficiada con un pago de más de 67 millones de quetzales, aprobado por el presidente Arévalo, lo que podría indicar un posible tráfico de influencias en la asignación de contratos estatales.
Respuesta de la Presidencia
La reacción de la Presidencia de la República no se hizo esperar. A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia desestimó los señalamientos realizados por Curruchiche este miércoles, calificándolos de carentes de credibilidad pública y solidez jurídica. Según el comunicado, las acusaciones del Ministerio Público solo son sostenidas por la complicidad de algunos jueces, a quienes se les acusa de participar en un intento por desestabilizar la administración de Arévalo. La Presidencia dejó claro que, en su opinión, los señalamientos no tendrán ningún impacto real, y confió en que el pueblo guatemalteco rechazaría estas acciones que calificaron de corruptas.
El comunicado también subrayó la falta de confianza en los actores involucrados en la investigación, afirmando que estos no gozan de ninguna credibilidad ante la sociedad guatemalteca. Este tipo de respuestas reflejan la polarización existente entre el Ejecutivo y ciertos sectores del sistema judicial, lo cual no es nuevo en la política guatemalteca o en la administración de Arévalo, pero que en este caso parece haber alcanzado un nuevo nivel de tensión.
El caso del "Mecanismo de Corrupción MICIVI" es solo el más reciente en una serie de conflictos entre el presidente Arévalo y las instituciones del Estado, particularmente aquellas relacionadas con la justicia y el MP, en manos de la fiscal general Consuelo Porras. La solicitud de antejuicio en contra del mandatario, aunque aún no se ha resuelto -junto al menos a otras dos requerimientos en manos del Congreso Legislativo-, podría tener consecuencias significativas para la estabilidad política del país, ya que podría llevar a una crisis constitucional si se llegara a aprobar. Además, pone en duda la capacidad de la administración de Arévalo para gobernar efectivamente en un contexto donde la legitimidad de sus decisiones es cuestionada constantemente.
Por otro lado, las acusaciones de tráfico de influencias que involucran a diplomáticos de la OEA y a miembros del entorno internacional de Arévalo podrían afectar las relaciones exteriores de Guatemala, especialmente con organismos internacionales que han mostrado apoyo a la lucha contra la corrupción en el país, desde que el mandatario ganó los comicios en agosto de 2023. Esto podría aislar aún más al Gobierno y limitar su margen de maniobra en la escena internacional.
La presentación del caso "Mecanismo de Corrupción MICIVI" por parte del Ministerio Público y la solicitud de antejuicio en contra del presidente Bernardo Arévalo marcan otro momento crítico en la política guatemalteca. Las acusaciones de corrupción y abuso de poder no solo ponen en riesgo la continuidad de la administración de Arévalo, sino que también revelan las profundas divisiones dentro del sistema político y judicial del país. La reacción de la Presidencia, que rechaza categóricamente los señalamientos, añade una capa adicional de incertidumbre a una situación ya de por sí compleja. En este contexto, el desenlace de este caso podría tener repercusiones de largo alcance para la gobernabilidad y la estabilidad de Guatemala en los próximos meses.
El diputado oficialista Samuel Pérez criticó duramente la solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad contra el presidente Arévalo. Pérez calificó las acciones del Ministerio Público como desesperadas y cuestionó la credibilidad de las acusaciones. Acusó al fiscal Curruchiche de cometer un grave error al condenar públicamente a Arévalo, llamándolo "la persona más corrupta del país". Además, Pérez ironizó sobre la situación, sugiriendo que Curruchiche debería reflexionar sobre su propia conducta y cuestionar el uso de un audio relacionado con el caso de Otto Pérez Molina, señalando que el MP fue responsable de liberar al exmandatario. El Gobierno de Arévalo respaldó la postura de Pérez, afirmando que las acusaciones de la FECI carecen de credibilidad y propósito legítimo.
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