Hace algunos días el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tito Livio Moreno Coello, expresó que no permitirá señalamientos de narcotráfico y delincuencia organizada contra las Fuerzas Armadas. También sostuvo que "cualquier persona que tiene una prueba que la presente ante los tribunales y nosotros vamos a ser los primeros en ponernos a la disposición de las autoridades...".
Por: Eugenio Sosa - Sociólogo e Investigador del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) en Honduras.
Según el diario digital Confidencial HN, también afirmó que quienes hacen señalamientos, son personas resentidas que sólo quieren denigrar y ofender. "Se trata de personas que no hicieron bien las cosas y que ahora vienen y atacan a quienes están haciendo bien su trabajo", dijo Coello. El Jefe del Estado Mayor Conjunto enfatizó: "nosotros somos cumplidores de la ley, y nadie va a venir a hacer una mala proposición a las FFAA, porque no hay salida, es una institución en la que cumplimos la ley al pie de la letra, y no nos vamos a salir del marco de la ley, porque es una institución que garantiza el Estado de derecho, la democracia y la libertad".
¿Qué lectura se puede hacer de estas declaraciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? En primer lugar, que los militares siguen fortaleciendo su protagonismo en el escenario político nacional, y cada vez más evidencian su beligerancia política a favor del gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández. En segundo lugar, que las Fuerzas Armadas se siguen colocando por encima de la ciudadanía y de los civiles en general. Los militares se asumen como una casta privilegiada e intocable. Las declaraciones de Tito Livio Moreno Coello, constituyen una amenaza a la libertad de expresión y al ejercicio crítico de la ciudadanía. En tercer lugar, con este comportamiento de las Fuerzas Armadas, se le está haciendo un terrible daño a los vestigios que quedan de democracia, de Estado de derecho y de los Derechos Humanos en Honduras.
A la cúpula militar le incomoda mucho que se les pregunte: considerando que manejan todo un sistema de inteligencia nacional, ¿sabían o no del accionar como narcotraficante de Juan Antonio (Tony) Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández? Ante esta interrogante no tienen una respuesta clara, ante esta pregunta enmudecen, responden con evasivas y últimamente amenazan. A lo anterior hay que agregar, que las Fuerzas Armadas se han convertido en una pesada carga presupuestaria para la sociedad hondureña, consumen miles y miles de millones de lempiras que deberían destinarse para atender problemas urgentes como los relacionados con la salud, la educación, y la soberanía alimentaria.
En términos de democracia, Estado de Derecho y de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas tienen una deuda histórica profunda con la sociedad hondureña. Al hacer un balance del papel de los militares hondureños en los últimos 40 años durante la llamada época democrática, éste resulta negativo. Pero lo más preocupante es el papel que los militares están jugando en la última década. En los 11 años más recientes las Fuerzas Armadas están retrocediendo en su institucionalización y profesionalización.
Han actuado con doble rasero, en el 2009 en nombre de la defensa de la constitución y la alternancia en el gobierno derrocaron al presidente José Manuel Zelaya Rosales, mientras que en el 2017 callaron y toleraron la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández. Durante las crisis políticas de 2009 y de 2017 han cometido violaciones a los Derechos Humanos que siguen en la impunidad. Ante las declaraciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto, vale la pena recordarle algunos de estos hechos que son parte de su deuda histórica por impunidad con el pueblo hondureño.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) concluyó en su informe sobre el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que, "agentes del Estado de Honduras violaron el derecho a la vida de 20 personas, de las cuales, 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente mediante el uso desproporcionado de la fuerza y 8 por asesinatos selectivos durante el periodo del 28 de junio de 2009 al 27 de enero de 2010, con motivo de la crisis política del 28 de junio". Sin embargo, las denuncias fueron de muchos más casos, la CVR también documentó que, "después de hacer los cruces de información correspondientes, se tiene referencia de setenta y nueve (79) casos, de los cuales 56 se encuentran en los informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales". La CVR concluye también que, "se ha producido una sistemática obstrucción a la persecución penal de las violaciones al derecho a la vida por parte de los miembros de instituciones a las que pertenecen los presuntos responsables (léase instituciones militares y policiales)".
En el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego.
En el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2018, se estableció que respecto al conflicto postelectoral se observó la existencia de un clima político polarizado. Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. En la represión también participaron las Fuerzas Armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia. En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas.
Estamos entrando a un proceso electoral en el que se realizarán elecciones primarias y generales en marzo y noviembre de 2021, y en este contexto electoral es fundamental que las corrientes y partidos políticos asuman el desafío de debatir y dar a conocer sus planteamientos sobre la militarización de la sociedad hondureña y sobre el papel de los militares. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) en el texto "Defensa y seguridad en Honduras: Hacia una agenda de reformas democráticas". Para recuperar la democracia y el Estado de Derecho, ha propuesto una agenda de reformas, de las cuales retomamos cuatro de ellas, por considerarlas fundamentales, como un aporte para iniciar el debate político democrático en este tema:
Reformar en forma sustancial el artículo 272 de la Constitución de la República, referido a la misión de las Fuerzas Armadas para eliminar las competencias políticas de las Fuerzas Armadas, como garantizar el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en la presidencia de la República.
Reformar el artículo 274 de la Constitución de la República, en especial a lo que se refiere a la participación de los militares en las tareas de seguridad. Lo cual debe implicar establecer claramente la prohibición de utilizarse a los militares para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente.
Reorientar el Presupuesto General de la República en el sentido de que se revierta el crecimiento de los presupuestos de defensa y seguridad, y se asignen mayores recursos a las instituciones estatales dedicadas a lo social, como salud, educación y otros.
En la medida que las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por militares queden en la impunidad, ésta continuará de manera recurrente y sistemática. Por ello, aplicar mecanismos que garanticen procesos de investigación y judicialización efectivos cuando hay militares implicados en hechos delictivos, es parte fundamental de la democratización de la sociedad hondureña.
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