En noviembre de 2024, el coronel Max Alonso Hernández Marcía, auditor jurídico militar de las Fuerzas Armadas, presentó una solicitud al Ministerio Público para iniciar una investigación con miras a interponer una querella por injuria con publicidad contra los medios mencionados.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En un hecho sin precedentes en la historia reciente de Honduras, que no se veía desde los tiempos de guerra en Centroamérica, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el general de División Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, ha desatado una campaña de intimidación y presión contra la prensa nacional, buscando que al menos doce medios de comunicación revelen sus fuentes de información en un intento de silenciar la investigación periodística sobre la institución castrense y su liderazgo, cada vez más ligado al oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
El último movimiento en esta ofensiva es la amenaza de interponer una querella por el supuesto delito de injuria con publicidad contra medios de comunicación que han divulgado investigaciones sobre las Fuerzas Armadas, las acciones del alto mando militar y las declaraciones públicas de Roosevelt durante los últimos meses. Esta arremetida vulnera principios fundamentales de la libertad de prensa y choca directamente con tratados internacionales ratificados por Honduras, la Constitución de la República y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.
El general Roosevelt Hernández y su equipo legal, encabezado por el coronel Max Alonso Hernández Marcía, auditor jurídico militar de las FF.AA., han emprendido acciones legales con la intención, principalmente, de obligar a los medios a revelar la identidad de sus fuentes, un principio sagrado del ejercicio periodístico y un derecho protegido por la legislación nacional e internacional. Una línea roja que ni el sandinista Julio César Áviles, jefe del Ejército de Nicaragua, ha cruzado hasta la fecha.
En noviembre de 2024, un grupo de militares presentó ante el Ministerio Público (MP) una solicitud formal para investigar y procesar a los medios de comunicación bajo acusaciones de injuria con publicidad. Esta iniciativa se materializó la primera semana de febrero de 2025, según fuentes consultadas por COYUNTURA, cuando el caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Comunes y luego notificado a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para proceder con las indagaciones.
El proceso ha derivado en una persecución abierta contra periodistas y directores de medios de comunicación, quienes han recibido presiones directas de los agentes de la Unidad contra Delitos Informáticos-OCN-Interpol, Fredy Javier Contreras Oliva y Carlos Omar Reyes Medina. Estos agentes han visitado distintas redacciones con el objetivo de obtener información sobre las fuentes que sustentan las investigaciones periodísticas.
Entre los medios que han sido objeto de este hostigamiento se encuentran El Heraldo, La Prensa HN, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla (HCH), Q'Hubo TV, Hondudiario, Criterio.hn y Noticias 24/7. Según se ha documentado, en el caso de Hondudiario, los agentes llegaron a amenazar al director del medio, el periodista Arístides Aceituno, en un intento de intimidación para obtener información confidencial.
Varios de estos medios han procedido a solicitar información a las autoridades correspondientes, dado que el MP no ha notificado de manera oficial.
Uno de los elementos más cuestionados del proceso es la solicitud oficial entregada por los agentes de la DPI-Interpol a El Heraldo, mediante el oficio DPI-UICDI-(OCN-Interpol) No. 022-2025. En el documento, los agentes exigen que el medio revele "de manera urgente y de no haber inconveniente" la identidad de la fuente que divulgó información sobre las Fuerzas Armadas el miércoles 30 de octubre de 2024. Sin embargo, el oficio está plagado de errores ortográficos y contradicciones legales, lo que evidencia una falta de rigor jurídico en el procedimiento.
El documento incluye fotocopias de publicaciones previas de dicho rotativo sobre la conducta del general Roosevelt Hernández, con el objetivo de obtener información sobre los autores y fuentes de dichos reportes. En otros medios, como Hondudiario, los militares han presentado recortes de periódicos, grabaciones de radio y televisión, y publicaciones en redes sociales, en un intento de sustentar su denuncia y forzar la revelación de fuentes periodísticas.
El intento de las Fuerzas Armadas de utilizar el sistema judicial para intimidar y acallar a la prensa ha generado un profundo rechazo en el gremio periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Desde el Ministerio Público, fuentes internas han expresado su asombro ante la solicitud castrense, calificándola de un atropello sin precedentes contra el ejercicio periodístico. "El artículo 279 del Código Procesal Penal permite a una víctima solicitar una investigación privada para fundamentar una querella, pero lo que se está viendo aquí es un abuso del poder militar para coaccionar a los medios y limitar el acceso a la información pública", señaló una fuente del MP en declaraciones a El Heraldo.
Periodistas independientes consultados bajo anonimato por este medio también señalan su asombro. Al parecer, ni el MP sabe cómo proceder al respecto.
El malestar del general Hernández con los medios se ha hecho evidente en reiteradas ocasiones. Cada vez que se publican reportajes o sencillas notas sobre su gestión, sus declaraciones o sus decisiones, responde con hostilidad e intenta desacreditar a la prensa. Esta actitud se ha intensificado tras la publicación de diversos informes periodísticos que han documentado sus polémicas actuaciones al frente del Ejército hondureño, en los últimos seis meses.
Las declaraciones y acciones de Roosevelt Hernández
El general Roosevelt Hernández ha protagonizado varios episodios que han generado preocupación en distintos sectores de la sociedad hondureña, incluyendo diputados opositores, activistas de derechos humanos y organizaciones locales anticorrupción. Entre las acciones más cuestionadas se encuentran:
Interferencia política: En un discurso oficial de octubre de 2024, Roosevelt instó a los congresistas del Poder Legislativo a aprobar la polémica Ley de Justicia Tributaria, pese a que la Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben ser "apolíticas y no deliberantes".
Relaciones con Venezuela: Roosevelt acompañó al exministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, a una reunión con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, señalado por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) como parte de los carteles del narcotráfico, el 20 de agosto de 2024. La presidenta Xiomara Castro, el miércoles 28 de agosto de ese año, denunció el tratado de extradición entre Honduras y EE.UU. tras críticas de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, al funcionario militar venezolano, quien se reunió con Zelaya y Hernández en el marco de los Juegos Olímpicos de cadetes.
Apropiación de programas asistenciales: El militar también participó, en diciembre de 2024, en la entrega de alimentos en un evento destinado a activistas y militantes del partido gobernante, lo que fue interpretado como una instrumentalización política del Ejército.
Gestos de violencia simbólica: En una reunión con personal auxiliar de las FF.AA., declaró que si no fuera un "hombre de leyes", le dispararía a la Constitución, mientras hacía un gesto de disparo con su arma.
La inminente participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral
Mientras se desarrolla este conflicto con la prensa, las Fuerzas Armadas de Honduras se preparan para asumir su papel en las elecciones primarias de marzo y las generales de noviembre de 2025. Según declaraciones de Roosevelt, el sábado 08 de febrero la institución pasará a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para brindar apoyo logístico en la transportación y custodia del material electoral.
Aunque Hernández ha insistido en que las Fuerzas Armadas no son proselitistas y que su labor se limita a respaldar las políticas públicas del gobierno de turno, su discurso ha sido criticado por la oposición, analistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos, que ven con preocupación su creciente involucramiento en asuntos políticos, respaldando a viva voz las posturas y luchas del partido LIBRE, no del Estado y su funcionamiento democrático, como lo manda la Constitución.
El proceder de Roosevelt Hernández sigue despertando alarmas sobre un posible retorno a prácticas represivas por parte de las Fuerzas Armadas, similares a las vividas en décadas pasadas durante la Guerra Fría. En los años ochenta, la institución castrense fue señalada por su papel en violaciones a los derechos humanos y contra las libertades públicas, y la actual ofensiva contra la prensa y la vigilancia social pública podría marcar un preocupante retroceso en términos democráticos.
El mensaje del jefe del Estado Mayor Conjunto es claro: busca frenar el escrutinio sobre su gestión y amedrentar a los medios que se atreven a investigar y exponer irregularidades dentro de la institución militar, más allá de "simples" declaraciones, muy fuera del lugar, por cierto. No obstante, la reacción de la comunidad periodística y de la sociedad civil demuestra que la lucha por la libertad de prensa sigue firme en el territorio hondureño, y que el derecho a la información no será fácilmente doblegado.
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