El temor a ser devueltos a Nicaragua no solo proviene de las posibles consecuencias legales o laborales, sino también de los peligros políticos. Muchos de los nicaragüenses "paroleados" que llegaron a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) lo hicieron para escapar de la persecución estatal del régimen Ortega-Murillo, que ha intensificado sus ataques contra disidentes, opositores, religiosos, docentes universitarios, defensores de derechos humanos, trabajadores sociales y periodistas. Hablamos con una mínima parte de ellos. "Es ser deportado al infierno", comentan.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La situación de miles de nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) bajo el programa de "parole humanitario" impulsado por la administración del expresidente Joseph Biden ha generado una creciente incertidumbre, pues enfrentan una cuenta regresiva implacable que culminará muy probablemente el próximo jueves 24 de abril de 2025. Para esa fecha, aquellos que no hayan ajustado su estatus migratorio deberán abandonar el país y regresar a Nicaragua, un retorno que, para muchos, es tanto una amenaza como una condena, dada la difícil situación política, humanitaria, de seguridad, institucional y social en la nación centroamericana.
El temor es tangible, y las opciones legales se reducen a medida que el tiempo se agota. "Paralizaron mi solicitud de refugio y ahora me piden que me vaya, sin haber conseguido los recursos necesarios", comentó "Kevin", un joven de 25 años de edad que se atrevió a hablar del tema bajo anonimato, mientras se "esconde" de las operaciones de detención y deportación.
En 2023 y 2024, miles de nicaragüenses ingresaron a EE.UU. a través de este programa (unas 94,000 personas), que les permitió una estadía legal y acceso a empleo por un período de dos años. Sin embargo, la administración estadounidense, bajo la segunda gestión no consecutiva de Donald Trump, ha revocado este permiso, dejando a los beneficiarios con un futuro incierto. La mayoría de ellos, que llegaron con la esperanza de un futuro mejor, ahora se encuentran atrapados entre la posibilidad de regresar a un régimen que les niega el derecho a retornar a su país, o ser deportados sin posibilidad de regreso en el futuro cercano.
El 28 de marzo de 2025, el gobierno de EE.UU. notificó a los paroleados que sus permisos habían sido revocados, lo que significa que deberán salir antes del 24 de abril, o enfrentar consecuencias migratorias severas. Según estimaciones de expertos, alrededor de 60,000 nicaragüenses que se beneficiaron del "parole humanitario" se encuentran en riesgo de ser deportados, a menos que puedan cambiar su estatus migratorio a través de una solicitud de asilo o reunificación familiar.
El temor a ser deportado no solo recae en las posibles represalias por parte del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, sino también en las implicaciones de una deportación expedita, un proceso que ha sido promovido por la administración de Trump con mano dura y hasta aviones militares. La abogada en asuntos migratorios Astrid Montealegre explica que aquellos que no hayan solicitado un ajuste de estatus a través de un patrocinador familiar o empleador, o aquellos que no hayan presentado una solicitud de asilo, corren el riesgo de ser deportados de manera más inmediata. Esta deportación rápida podría implicar, además, que no puedan regresar a EE.UU. durante un período de tres a diez años, dependiendo de las circunstancias de su salida.
El abogado Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), valora que la política migratoria de EE.UU. sigue enfocada en la deportación masiva, sin distinción de las razones por las que las personas llegaron al país. De hecho, incluso aquellos que han estado en EE.UU. bajo condiciones legales, como estudiantes universitarios o profesionales que participaron en protestas contra la dictadura nicaragüense, se encuentran ahora bajo riesgo de ser deportados sin ninguna claridad sobre su situación. En este contexto, la situación de los nicaragüenses paroleados es especialmente precaria, pues muchos de ellos llegaron buscando escapar de la represión política, solo para encontrarse atrapados en un laberinto migratorio.
Con la derogación del beneficio migratorio desde la Casa Blanca se deja desprotegidas a unas 530,000 personas, de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití.
Para los nicaragüenses como "Kathering P.", quien ingresó a EE.UU. bajo el programa de "parole humanitario" en agosto de 2024, el regreso a su país no es solo un cambio de lugar, sino una posible condena. Aunque Kathering asegura que no tenía intenciones de quedarse permanentemente en EE.UU., la revocatoria del parole y la presión para abandonar el país antes del 24 de abril le generan un profundo miedo. "Me horroriza ser deportada. Nunca imaginé que tendríamos que enfrentar un plazo tan corto para salir", asegura Kathering, quien, al igual que muchos otros, teme que el régimen de Ortega y Murillo le niegue la entrada a Nicaragua, como ya ha ocurrido con otros ciudadanos que salieron de forma temporal por razones médicas o laborales.
Este temor no es infundado. Abogados especializados en derecho migratorio, como Harold Rocha y Cindy Blandón, han alertado sobre la posibilidad de que el sandinismo impida el regreso de nicaragüenses, incluso aquellos que salieron legalmente bajo el programa de parole. La abogada Blandón subrayó en Confidencial que, en muchos casos, el Estado de Nicaragua ha denegado la entrada a ciudadanos que solicitaron parole, o incluso a aquellos que salieron temporalmente por razones personales o laborales. Esta situación ha generado un panorama aún más incierto para quienes, al regresar a Nicaragua, podrían enfrentarse a una persecución política o, peor aún, ser encarcelados sin motivo razonable.
En caso de que se les impida el regreso a Nicaragua, los nicaragüenses paroleados se encuentran con pocas opciones legales claras. Algunos expertos sugieren que podrían iniciar un proceso de asilo político en EE.UU. debido a los cambios en su situación, aunque las probabilidades de aprobación de este tipo de solicitud son cada vez menores. Según el politólogo Manuel Orozco, la tasa de aprobación de solicitudes de asilo ha caído drásticamente en los últimos años, lo que ha convertido el proceso en una apuesta incierta para muchos nicaragüenses.
"Moverse a Honduras, Costa Rica o Guatemala tampoco es una opción. A la gente ahí también la persiguen, la acusan y la engañan con ayudas que no existen", comentó "Ana S.", otra nicaragüense consultada por este medio.
Una alternativa que se ha discutido es la de buscar refugio en un tercer país seguro, aunque esta opción también enfrenta obstáculos. La abogada Montealegre señala que, dado que no existen acuerdos bilaterales claros entre EE.UU. y otros países sobre la recepción de personas deportadas, los nicaragüenses se ven forzados a tomar decisiones difíciles sin garantía alguna de protección internacional. "Las personas probablemente tendrán que considerar la viabilidad de un tercer país que les ofrezca la protección de acuerdo con el derecho internacional", asegura Montealegre.
Ante la amenaza de deportación, el gobierno de EE.UU. ha promovido lo que se conoce como "autodeportación", en la cual los migrantes voluntariamente dejan el país antes de la fecha límite para evitar un proceso de deportación formal. Sin embargo, este proceso de salida voluntaria no garantiza que los nicaragüenses puedan regresar a EE.UU. en el futuro, ya que pueden enfrentar sanciones migratorias que les impidan reingresar por años.
De acuerdo con la abogada Blandón, aquellos que opten por la autodeportación probablemente no podrán solicitar una visa de turista en el futuro, ya que la ley migratoria de EE.UU. establece que quienes hayan salido del país de forma ilegal, incluso si fue de manera voluntaria, acumularán una penalización que los inhabilitaría para regresar en el futuro.
Para muchos, la decisión de regresar a Nicaragua o aceptar la "autodeportación" es una elección entre dos males. Mientras que algunos, como "Miguel", esperan poder reconstruir sus vidas en su país, otros, como "Sofía", temen que cualquier regreso implique un peligro inminente. "Ya compré el boleto aéreo para regresar a Nicaragua, pero no quiero tomar ese riesgo. No sé qué me espera allá", dice Sofía, quien prefiere evitar una situación que podría comprometer su vida y libertad. "Una horas antes de partir me dirán si puedo entrar o no al lugar que me vio nacer", agregó la psicóloga.
El panorama para los nicaragüenses en Estados Unidos que llegaron bajo el programa de "parole humanitario" sigue siendo incierto y hasta escalofriante. La combinación de una política migratoria cambiante, la amenaza de deportación expedita y el temor a la represión política en Nicaragua coloca a miles de personas en una situación de vulnerabilidad. Los abogados recomiendan que cada caso sea evaluado cuidadosamente con asesoría legal antes de tomar decisiones precipitadas, y que se exploren todas las opciones disponibles, incluyendo la posibilidad de solicitar asilo o buscar refugio en un tercer país seguro, centroamericano, principalmente.
Mientras tanto, la comunidad nicaragüense en EE.UU. se enfrenta a un futuro que, para muchos, parece cada vez más incierto y peligroso. Sin una solución clara a la vista, los próximos días serán cruciales para determinar el destino de miles de familias que llegaron con la esperanza de encontrar seguridad y prosperidad en un país que ahora cierra sus puertas y ventanas a los más necesitados.
En ese sentido es importante saber que al menos 10 vuelos de deportación ya han sido enviados a Nicaragua y recibidos por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Se desconoce el total de personas retornadas y su situación individual.
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