El comandante de la Policía Militar de Orden Público, Ramiro Fernando Muñoz, anunció la suspensión indefinida de visitas a reclusos condenados por narcotráfico y pertenencia a estructuras criminales. La medida busca frenar la coordinación de actividades delictivas desde las cárceles hondureñas, afectando a los centros penitenciarios de La Tolva, Ilama y Támara.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
En un intento por frenar la coordinación delictiva desde el interior de las cárceles hondureñas, el comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), Ramiro Fernando Muñoz, anunció "medidas contundentes" que entrarán en vigor a partir de este fin de semana. Estas acciones afectarán principalmente a los reclusos condenados por narcotráfico o pertenencia a estructuras criminales, quienes verán suspendidas indefinidamente sus visitas y comunicaciones desde la prisión. Muñoz, en una conferencia de prensa, expresó con firmeza la necesidad de estas medidas, destacando que permitir visitas a estos individuos solo facilita la continuidad de sus actividades criminales desde detrás de las rejas. "Es inaceptable que utilicemos recursos del Estado para facilitar visitas conyugales o cualquier otra forma de comunicación que beneficie a quienes generan violencia en nuestras calles", declaró el comandante.
Esta decisión afectará a varios centros penitenciarios clave en Honduras, incluyendo La Tolva en Morocelí, El Paraíso; Ilama en Santa Bárbara; y el Centro Penal de Támara, en el Valle de Támara, Francisco Morazán. Además, se ha establecido un área de máxima seguridad en el centro penal de Támara para albergar exclusivamente a líderes del narcotráfico, donde también se aplicarán las mismas restricciones.
La medida surge en respuesta a una reciente ola de violencia que ha estremecido a Honduras, incluyendo el asesinato de cinco jóvenes y la desaparición de más de 30 personas. Estos eventos han resaltado la urgencia de fortalecer el control dentro de las instalaciones penitenciarias, históricamente utilizadas como bases de operaciones por grupos criminales organizados.
El también presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario respaldó la iniciativa, señalando que la continuidad de las actividades criminales desde las cárceles representa una amenaza directa para la seguridad pública. "Es claro que necesitamos poner fin a la impunidad y el control que estas estructuras criminales ejercen desde las cárceles", enfatizó Muñoz.
La prohibición de visitas y comunicaciones para estos reclusos representa un paso significativo en los esfuerzos del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro por recuperar el control efectivo sobre el sistema penitenciario. Aunque se espera que estas medidas sean efectivas para reducir la incidencia delictiva, no han estado exentas de críticas. Grupos de defensa de los derechos humanos podrían cuestionar la restricción como una violación de los derechos de los reclusos y sus familiares.
Sin embargo, Muñoz anticipó tales críticas y defendió la medida como necesaria para restaurar el orden y la seguridad pública. "O se educan, o se ordenan o miran qué hacen, pero esto no nos puede seguir pasando", afirmó, subrayando el compromiso de las autoridades para garantizar la efectividad de estas acciones.
El anuncio de estas medidas coincide con la graduación de más de 2,000 nuevos agentes de seguridad carcelaria en el último año, lo que refleja un esfuerzo adicional por fortalecer la infraestructura y el personal encargado de mantener la seguridad dentro de las cárceles hondureñas.
La decisión de suspender las visitas y comunicaciones para reclusos vinculados con el narcotráfico y maras y pandillas representa un intento serio por parte de la administración hondureña de enfrentar la compleja problemática de la criminalidad organizada desde sus raíces. Con el respaldo de las autoridades y en medio de un contexto de creciente violencia, estas medidas marcan un paso crucial hacia la restauración del orden y la seguridad pública en el país centroamericano.
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