Cuando Martha Reyes fue nombrada ministra, la vicepresidenta Rosario Murillo celebró el hecho de que el MINSA estuviera bajo la dirección de tres mujeres, en lo que describió como una proeza. Reyes se sumaba a Carolina Dávila, exministra que pasó a ser asesora presidencial para los temas de salud en el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS), y a Sonia Castro, asesora presidencial desde su salida del ministerio.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La renuncia de Martha Verónica Reyes Álvarez, hasta hoy al cargo de ministra de Salud en Nicaragua, anunciada oficialmente el 23 de octubre de 2024, marca un nuevo capítulo en la compleja estructura del Ministerio de Salud (MINSA) bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este movimiento en la alta dirección del MINSA se produce en un contexto de supuesta "compactación" para optimizar el uso de recursos públicos, aunque no se han dado detalles específicos sobre los motivos de su dimisión. Reyes Álvarez presentó su renuncia el pasado viernes 18 de octubre, y su salida fue formalizada a través del Acuerdo Presidencial 183-2024, publicado en La Gaceta - Diario Oficial. En dicho documento, Ortega acepta la renuncia sin ofrecer mayores explicaciones sobre las razones detrás de su decisión.
La ahora exministra asumió el cargo en abril de 2020, en un momento crítico para el país, coincidiendo con la llegada de la pandemia de Covid-19. Durante su gestión, Reyes se hizo visible como la encargada de leer los informes oficiales sobre el manejo de la pandemia, una labor que fue objeto de críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua y Centroamérica, por la falta de acciones estatales adecuadas y alineadas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La trayectoria de Reyes en el MINSA es extensa. Especialista en epidemiología, su experiencia en el ámbito de la salud pública le permitió ocupar varios cargos importantes, incluyendo la jefatura nacional de vigilancia en la misma institución. Sin embargo, su papel durante la pandemia de Covid-19 fue particularmente controvertido. A pesar de su perfil técnico y su reputación como una funcionaria comprometida, las críticas hacia la gestión del coronavirus en Nicaragua se acumularon, tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros entes bilaterales cuestionaron la transparencia y las medidas implementadas por la administración nicaragüense durante la pandemia. Mientras otros países de la región centroamericana adoptaron restricciones estrictas para contener el virus y los contagios, Nicaragua mantuvo una postura laxa, lo que suscitó preocupaciones sobre la veracidad de los informes de contagios y muertes, y más propagación. Reyes, como rostro visible de la gestión sanitaria, estuvo en el centro de estas controversias, aunque siempre bajo la sombra del control centralizado del Poder Ejecutivo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla desde 2007.
Si bien la doctora Reyes ostentaba el título de ministra de Salud, diversas fuentes aseguran hasta la fecha que el verdadero poder en el MINSA recae en Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD). Porras es uno de los principales operadores políticos del régimen Ortega-Murillo, dentro y fuera del Poder Legislativo, y ha sido señalado como la figura que realmente dirige las decisiones clave dentro del sistema de salud. A pesar de la existencia de las tres ministras que oficialmente ocupan hasta hoy roles en el MINSA -Reyes como ministra titular, Carolina Dávila como ministra asesora para el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) de Managua, y Sonia Castro, también ministra asesora presidencial- las decisiones parecen estar concentradas desde hace varios años en manos de Porras, quien ya lleva más de siete años en la cabeza del directorio del Legislativo nicaragüense. Esto refleja el control férreo que el régimen Ortega-Murillo sigue imponiendo sobre todas las instituciones del Estado, incluida la salud pública, un sector que ha sido instrumentalizado para sus fines políticos.
El caso de las tres ministras en el MINSA es emblemático de cómo el régimen de Ortega y Murillo ha creado cargos para premiar a sus leales sin perder el control de las instituciones, según analistas consultados por COYUNTURA. Carolina Dávila, quien fue ministra titular antes de Reyes, fue rápidamente designada como asesora presidencial tras su destitución en 2020, con la responsabilidad específica de manejar el SILAIS de la ciudad capital, el más grande del país centroamericano. Por su parte, Sonia Castro, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debido a su papel en la represión de las protestas que iniciaron en abril de 2018, mantiene su puesto como ministra asesora en temas de salud, a pesar de su salida formal del cargo jerárquico.
Castro es todavía una figura clave del sandinismo, pero en 2018 fue oscurecida socialmente cuando el MINSA fue acusado de negar atención médica a los manifestantes heridos, una táctica de represión oficialistas que resultó en la muerte de más de 350 personas en todo el territorio, según informes de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A pesar de su sanción y de las acusaciones en su contra, Castro ha mantenido algo de su influencia institucional y es considerada una de las figuras más cercanas a la familia Ortega Murillo. Su permanencia en el entorno del poder refleja la manera en que el régimen premia la lealtad sobre la competencia técnica o la ética profesional. Pero la Fiscalía todavía no comienza investigación alguna en su contra, porque el FSLN también está a cargo.
Con la salida de Martha Reyes, el MINSA queda temporalmente acéfalo, sin que hasta ahora se haya designado a un nuevo titular para el cargo. Aunque no es inusual que funcionarios destituidos o renunciantes en Nicaragua sean reubicados como "asesores" presidenciales, no se ha confirmado si Reyes seguirá vinculada a la estructura estatal. Ese vacío en la dirección del ministerio genera incertidumbre entre médicos, pacientes, funcionarios y ciudadanos en general, en un momento en que el sistema de salud -todavía ineficiente- sigue siendo crucial para la estabilidad del país.
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