El régimen de Daniel Ortega continúa y expande su política de persecución hacia el catolicismo en Nicaragua, expulsando sacerdotes y confiscando propiedades eclesiásticas, dejando a los fieles en la incertidumbre y amenazando la libertad religiosa en el país.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La partida del sacerdote Jesús María Palma de la ciudad de Jinotega ha dejado a los feligreses consternados y buscando respuestas. Palma, de origen español, atendía dos iglesias en la ciudad, la parroquia San Isidro Labrador en el barrio La Curva y la parroquia Santa Ana en el barrio Carlos Rizo. Sin embargo, recientemente se vio obligado a abandonar su labor y abandonar el país, sin una explicación clara por parte de sus superiores religiosos o las autoridades gubernamentales.
En Nicaragua, la expulsión de misioneros católicos por parte del régimen de Daniel Ortega no es algo nuevo. Desde que la administración de Ortega le declaró la guerra a la iglesia católica, ha habido numerosos casos de expulsión de religiosos. Sin embargo, en esta ocasión, no se ha dado una explicación oficial sobre la partida del padre Palma. Los feligreses han quedado en la incertidumbre, sin conocer los motivos detrás de su salida.
La ausencia del sacerdote ya se comienza a sentir en las comunidades donde ejercía su labor pastoral. Además de ser el encargado de las dos parroquias, Palma también era el director del Camino Neocatecumenal en la diócesis de Jinotega, un movimiento espiritual dentro del catolicismo.
Durante veinticinco años, dedicó su ministerio a esta obra en la diócesis. Su partida ha dejado un vacío en la comunidad y los feligreses expresan su tristeza y lamentan su partida, esperando que algún día pueda regresar.
En cuanto a las razones de su partida, las comunidades solo manejan especulaciones. Algunos mencionan que el régimen orteguista lo habría amonestado en relación a su residencia y estadía en el país. Otros sostienen que se fue debido a la enfermedad de su madre y solicitó una licencia para estar a su lado. Sin conocer los motivos exactos, la comunidad lamenta la partida de un sacerdote carismático que había ganado el corazón de los fieles en Jinotega.
El caso del padre Palma no es el único. El régimen de Ortega ha atacado a la Iglesia Católica de diversas formas. El 12 de febrero de este año, el padre Damián Muratori, de origen italiano, oró por la libertad de monseñor Rolando Álvarez durante una celebración religiosa. Sin embargo, poco después, personal de la Dirección de Migración se presentó y le entregó una cita para presentarse en Managua. Desde entonces, nadie volvió a ver al padre Muratori, quien fue deportado y entregado a las autoridades italianas por supuestas acusaciones de agresión sexual y una supuesta orden de arresto en Italia.
El padre Muratori desempeñaba un importante papel en la diócesis de Jinotega. Era el vicepostulador de la causa de beatificación del padre Odorico D'Andrea y estaba a cargo del santuario del Tepeyac en San Rafael del Norte. La expulsión del padre Muratori fue ordenada por el régimen dictatorial de Ortega, convirtiéndose así en el primer sacerdote local en abandonar su misión debido a la persecución del régimen sandinista.
Estos ataques contra la iglesia católica en Nicaragua no se limitan a la expulsión de sacerdotes. En mayo de este año, el régimen confiscó el colegio católico de San Sebastián de Yalí y expulsó a cuatro religiosas de la congregación Santa Luisa de Marillac.
Además, se ha confirmado que el régimen ha congelado las cuentas de la Catedral San Juan Jinotega y la parroquia de San Sebastián en el municipio de Yalí. Se teme que otras parroquias de la diócesis también puedan verse afectadas por esta persecución económica, que parece ser una política impulsada desde la residencia de Ortega y Murillo en El Carmen, en Managua.
La situación de la iglesia católica en Nicaragua es cada vez más precaria. Los actos de represión y persecución por parte del régimen de Ortega han llevado a la expulsión de sacerdotes y a la confiscación de propiedades eclesiásticas. Los fieles católicos en Jinotega y en todo el país enfrentan una situación difícil, en la que la libertad religiosa y el ejercicio de su fe se ven amenazados. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos deben prestar atención a esta situación y alzar su voz en solidaridad con la iglesia católica nicaragüense y su derecho a practicar su fe libremente.
La administración sandinista subrayó hace poco, una vez más, su política de hostigamiento y represión hacia la iglesia católica, con la reciente detención del padre Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna, y la prohibición de entrada al sacerdote Juan Carlos Sánchez. Estos actos se suman a una serie de ataques que han llevado a la expulsión de más de 80 religiosos desde 2018, generando preocupación por la libertad religiosa en el país centroamericano.
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