La situación se ha vuelto tensa en Guatemala, y las autoridades indígenas afirman que el actual presidente Alejandro Giammattei ha desinformado a la población y no ha abordado adecuadamente la crisis. Según ellos, el mandatario busca desviar la atención de la verdadera problemática, y han denunciado infiltrados en las manifestaciones que buscan desestabilizar el movimiento.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En un acto de solidaridad y en busca de mantener la estabilidad del orden constitucional en Guatemala, este miércoles 11 de octubre de 2023 unas 50 autoridades indígenas del departamento de Chimaltenango continuan una caminata de 89 kilómetros hacia la capital del país centroamericano, en el décimo día de manifestaciones y bloqueos a nivel nacional. Su objetivo principal es respaldar el campamento frente a la sede central del Ministerio Público (MP) en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, encabezado por la Asociación 48 Cantones de Totonicapán. Estos líderes representan diversas organizaciones indígenas de Chi Xot, Pa Su’m, Pwaq Ki’y y Chi Iximché, de las localidades de San Juan Comalapa, Patzún, San José Poaquil y Tecpán Guatemala. Su caminata, que comenzó ayer, martes 10 de octubre, en el kilómetro 89 de la ruta Interamericana, Tecpán Guatemala, es un acto de determinación y compromiso con la causa que ha atraído la atención de la comunidad local en su camino hacia la capital.
En el contexto de esta movilización, Guatemala se encuentra inmersa en un período de agitación social que ya ha durado 10 días, con bloqueos y protestas que exigen la renuncia de la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, así como de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana. La población atribuye a estos funcionarios la intención de orquestar un golpe de Estado y desestabilizar la democracia del país, en base a acciones como el secuestro de actas electorales durante allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras medidas.
Este malestar público ha llevado a que diversas organizaciones indígenas se unan a la causa de las manifestaciones, en un intento por garantizar el orden constitucional del país y presionar para que se aborden las preocupaciones ciudadanas ahora mismo.
Autoridades indígenas de Sololá exigen la destitución de la fiscal Consuelo Porras
En un esfuerzo por salvaguardar la integridad de las elecciones del pasado 25 de junio y 20 de agosto, y preservar la democracia en Guatemala, la alcaldía indígena de Sololá ha interpuesto una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad (CC). La acción de inconstitucionalidad está relacionada con el Artículo 14 de la Ley Orgánica del MP y tiene como objetivo la destitución de las autoridades del ente investigador.
Los líderes de esta organización argumentan que el Ministerio Público ha sobrepasado sus competencias, ya que la Ley Orgánica del MP establece claramente sus funciones y, dentro de sus investigaciones, debe ser imparcial y no llevar a cabo investigaciones arbitrarias. Consideran que el MP ha intervenido de manera indebida en asuntos electorales, lo cual ha perjudicado la integridad del actual proceso, que ya dio por ganador para el próximo período en el Ejecutivo al binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Según Edgar Tuy, síndico de la alcaldía indígena de Sololá, la solicitud de amparo busca garantizar que la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, sea destituida. Sostiene que el MP no debería interferir en asuntos electorales, ya que existe el TSE para ese propósito.
Este grupo de autoridades indígenas afirma que su lucha no se enfoca en apoyar a un presidente electo o a un partido político en particular. Su principal preocupación es la preservación de la democracia en el país centroamericano, la cual consideran amenazada por la intromisión del MP en asuntos electorales.
El alcalde indígena, Misrahí Xoquic Chiroy, ha señalado que las acciones de la fiscal Consuelo Porras, como el secuestro de cajas con resultados electorales, constituyen un delito que justifica su destitución. Además, han reiterado su solicitud de renuncia, enfatizando que esta petición no es un capricho de un pequeño grupo, sino una demanda legítima respaldada por la población.
La acción de inconstitucionalidad presentada tiene como objetivo quitar la protección que actualmente tiene la fiscal general, lo que permitiría su destitución. Los líderes indígenas subrayan la importancia de esta medida para poner fin a las excusas del actual presidente Alejandro Giammattei, y presionar para que se cumpla su solicitud de renuncia.
La CC otorga amparo para el derecho a manifestar y deja abierta la posibilidad del uso de la fuerza pública
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió un amparo provisional el 10 de octubre de 2023 con el propósito de garantizar el derecho a la manifestación. Esta acción legal fue promovida por varias organizaciones indígenas y Acción Ciudadana en medio de las manifestaciones que exigen la renuncia de Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Curruchiche, y el juez Séptimo Penal, Orellana.
El amparo otorgado por la CC insta al ministro de Gobernación, al ministro de la Defensa Nacional, a la fiscal general, al director general de la Policía Nacional Civil (PNC) y al procurador de los Derechos Humanos a garantizar el derecho a manifestar. Además, se enfatiza la importancia de observar los derechos fundamentales de todas las personas en el territorio nacional, incluyendo el derecho a la vida, salud, seguridad, paz, libertad de locomoción, industria, comercio, trabajo y propiedad.
La resolución también insta a coordinar y aplicar acciones destinadas a permitir que las y los guatemaltecos lleven a cabo sus actividades diarias sin que se vean afectados por las manifestaciones. Esto incluye medidas para habilitar carriles específicos en carreteras, mantener el libre tránsito de cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad, y garantizar el funcionamiento de aeropuertos, aduanas y terminales de carga y descarga de mercancías.
En el contexto de estas manifestaciones en calles y carreteras, con 124 puntos bloqueados al cierre de este texto, se reconoce la posibilidad de que la fuerza pública sea utilizada, pero solo en casos excepcionales y como último recurso, después de advertencias verbales y oportunidades para dispersar a los manifestantes. Además, se enfatiza la importancia de utilizar armas de menor letalidad y siempre limitar los riesgos para la seguridad física de las personas. La fuerza pública debe emplearse con precaución y de acuerdo con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
El amparo de la CC tiene como objetivo principal garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como se establece en la Constitución Política de la República de Guatemala. La resolución también subraya que las autoridades deben cumplir con estas directrices, y en caso de incumplimiento, enfrentarán las responsabilidades legales que estipula la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Manifestaciones y bloqueos en Antigua Guatemala y Alotenango, el martes 10 de octubre de 2023 | Fotografías de COYUNTURA por Juan Daniel Treminio:
Protestas y bloqueos: la tensión persiste
Guatemala ha vivido hasta hoy 10 días consecutivos de protestas y bloqueos, que comenzaron el 02 de octubre. Las manifestaciones tienen como objetivo principal exigir la dimisión de la fiscal general del MP. A pesar de la advertencia del presidente Alejandro Giammattei sobre la detención de los líderes de las protestas y el despeje de carreteras, la situación persiste y paraliza gran parte del país, mientras ya se reportan desabastecimientos puntuales.
Ayer, martes 10 de octubre, un contingente de la PNC dialogó con manifestantes en una de las principales avenidas de la Ciudad de Guatemala para que despejaran la vía. Sin embargo, los manifestantes superaron en número a los policías y los instaron a retirarse, lo que resultó en un corto enfrentamiento sin violencia y en el control continuo de la vía por parte de los manifestantes.
La tensión sigue en aumento, y a pesar de la oferta de la Corte de Constitucionalidad para garantizar el derecho a manifestar, se mantiene la posibilidad del uso de la fuerza pública para dispersar manifestaciones que causen una perturbación significativa, como bloqueos prolongados de tráfico, según el Ministerio de Gobernación (MINGOB). No obstante, la situación actual en Guatemala refleja un profundo malestar en la población y un llamado a la preservación de la democracia en el país.
Por otro lado, en el municipio de Escuintla, según información obtenida por el equipo de COYUNTURA, una persona fue detenida por la PNC este miércoles 11 de octubre por la mañana, luego de que un grupo de comerciantes de dicha ciudad realizaran una caminata desde la primera hora de este día, cuando los manifestantes intentaron cerrar varios establecimientos en señal de "apoyo" a la demanda colectiva: la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana.
La Casa Blanca expresó este miércoles su respaldo a las "voces democráticas" en Guatemala y su creencia en el "derecho a la protesta pacífica". Las manifestaciones en el país centroamericano, que ya han entrado en su segunda semana, se originaron debido a la obstrucción institucional para evitar la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, conocido por su postura anticorrupción. Las tensiones aumentaron hoy, nuevamente, con la movilización de policías antimotines en varios puntos. Las protestas han sido lideradas principalmente por organizaciones indígenas y campesinas. Jóvenes y comerciantes son quienes mayor apoyo han mostrado.
El presidente Giammattei, aliado de Porras, ha acusado a los manifestantes de causar pérdidas económicas y no ha abordado las denuncias contra la fiscal. Mientras tanto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha calificado las acciones de la Fiscalía guatemalteca como "sesgadas e irracionales" en relación al proceso electoral. La crisis política y las protestas en Guatemala continúan sin una solución clara.
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