Las declaraciones recopiladas en el primer informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) alrededor de los sucesos ocurridos en el país centroamericano desde abril de 2018, elaborado por mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), precisan que las autoridades de la Policía Nacional, con el fin de "neutralizar" la protesta social, hizo uso excesivo de la fuerza, y que junto a grupos armados pro-gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones y abusos "prohibidos". La Redacción de COYUNTURA recrea los testimonios recopilados en dicho dictamen, que detallan la brutalidad y coordinación con la que actúa la administración sandinista desde el año 2018.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó su primer informe sobre los sucesos ocurridos en el país centroamericano desde abril de 2018. El documento detalla las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades estatales, la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno con el objetivo de "neutralizar" la protesta social, y el uso de la fuerza letal, que dejó un saldo de al menos 350 personas asesinadas y cientos de heridos en todo el territorio nicaragüense.
El GHREN encontró evidencia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos "prohibidos" cometidos por el régimen de Nicaragua. Estos actos de crueldad fueron dirigidos a quienes se manifestaban pacíficamente en contra de la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Los testimonios recopilados por el GHREN son desgarradores, y el informe es un llamado de atención para la dictadura de Nicaragua y para la comunidad internacional. Los expertos en derechos humanos de la ONU han instado a la administración sandinista a tomar medidas urgentes para poner fin a los abusos cometidos por las autoridades y los grupos armados pro-gubernamentales. Asimismo, piden a la comunidad internacional tomar medidas concretas para garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
En vista de ello, la Redacción de COYUNTURA recrea los testimonios recopilados en dicho dictamen, que detallan la brutalidad y coordinación con la que actúa el binomio y su aparato oficialista desde abril de 2018.
Daniel Ortega y Rosario Murillo controlan todos los Poderes del Estado, las fuerzas armadas y las instituciones estatales y gubernamentales desde su residencia personal, ubicada en el barrio El Carmen, en Managua:
"Como han confirmado las investigaciones del GHREN, el presidente y la vicepresidenta de la República ejercen su influencia en las diferentes estructuras al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de los coordinadores políticos y de la Juventud Sandinista (JS). De acuerdo con los testimonios recogidos por el GHREN, el personal del Poder Judicial como del Ministerio Público estarían obligados a pagar cuotas de membresía y contribuciones al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como muestra de su fidelidad y apoyo al Gobierno. Según la información recibida por el GHREN, las instrucciones provenientes de la Presidencia estarían trasladadas a las instituciones a través de la persona que ejerce el cargo de secretaria o secretario político del FSLN en el seno de la institución", señala el grupo de expertos:
Desde los primeros días de la protesta social en Nicaragua, el oficialismo movilizó a sus principales piezas políticas. Muchos de los funcionarios ligados al FSLN y al oficialismo prestaron servicios de inteligencia y coordinación para reprimir a las y los manifestantes. Fidel Moreno es uno de los operadores con mayor participación en la coordinación de ataques y contra-marchas en Managua:
"Imágenes publicadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua muestran cómo, el 19 de abril, un integrante de un grupo de choque disparó con un arma de fuego a manifestantes en la Plaza Domingo Gadea de Estelí, en presencia de elementos de la Policía Nacional, incluyendo agentes antimotines, quienes no intervinieron para detener al agresor. Al día siguiente, el 20 de abril, también en Estelí en horas de la tarde, personas manifestantes comenzaban a dispersarse tras concluir una marcha hasta la Plaza Domingo Gadea. Imágenes verificadas por el GIEI Nicaragua y analizadas por este Grupo muestran cómo un agente de las brigadas antimotines lanzó una bomba lacrimógena o un pequeño artefacto explosivo hacia las personas congregadas. Acto seguido, agentes antimotines comenzaron a disparar proyectiles de goma y gases lacrimógenos contra el grupo de personas mientras retrocedían", señala en GHREN:
Varios testimonios recopilados por el GHREN señalan el uso de fuerzas paramilitares por parte de la administración sandinista. Las marchas protagonizadas por estudiantes en Masaya los días 19 y 20 de abril de 2018 fueron repelidas por grupos de choque integrados por simpatizantes del Gobierno y trabajadores de la alcaldía, quienes actuaron de manera conjunta con elementos de la Policía Nacional de Masaya:
El GHREN advierte sobre el uso "masivo, indiscriminado e ilegal" de armas de alto potencial lesivo por parte de la Policía Nacional en la represión de las protestas masivas. En el segundo día de las manifestaciones (19 de abril de 2018), hubo víctimas fatales: un policía y un civil. Desde entonces, el cuerpo de seguridad utilizó armas de fuego y grupos armados pro-gobierno también se unieron a la represión, utilizando armas de fuego y objetos contundentes. En este caso, el GHREN subraya que la normativa nacional prohíbe la portación o el uso por parte de la Policía de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales afines durante las manifestaciones populares. Además, la Ley Orgánica de la Policía establece que los policías voluntarios solo pueden realizar "tareas auxiliares" a la Policía Nacional en labores de prevención y no en tareas de mantenimiento del orden. "Estamos listos para aniquilarlos", dijo un grupo de paramilitares en noviembre de 2019. El Ejército no ha realizado acciones al respecto hasta la fecha:
Según el informe del GHREN, la llamada "Operación Limpieza" dejó muchas víctimas mortales e innumerables violaciones y abusos a los derechos humanos de las personas y manifestantes que se encontraban en todo el territorio nacional atrincherados en "tranques". Según un testimonio recopilado en el dictamen del la ONU, así se coordinaban:
La coordinación de la Policía Nacional y las fuerzas armadas pro-gobierno durante las manifestaciones de 2018 y 2019 era tan efectiva que los grupos paramilitares utilizaban camisas particulares para identificarse, rutas y estrategias específicas, e incluso formas de comunicarse al momento de atacar:
Hasta la fecha, Nicaragua no ha efectuado un proceso de desarme de las fuerzas pro-gobierno o de los llamados "policías voluntarios". Muchas de esas personas, que participaron en la "Operación Limpieza", mantienen armamento de alto calibre. El GHREN señala como uno de sus principales hallazgos que al menos ocho tipos diferentes de armas fueron utilizadas en el país centroamericano para reprimir a la ciudadanía, incluyendo fusiles de francotirador y lanzacohetes:
"Es notorio el elevado número de víctimas que sufrieron impactos en zonas vitales, evidenciando que el objetivo no fue detener o herir a las personas, sino neutralizarlas. El GHREN analizó 68 documentos de defunción que dan cuenta de fallecimientos por uso de armas de fuego entre el 19 de abril y el 23 de septiembre de 2018. Asimismo, los casos investigados por el GHREN también confirman los patrones aquí señalados. De los 40 casos investigados por el GHREN, 39 víctimas fallecieron como resultado de heridas causadas por armas de fuego, todas ellas presentaron impactos de bala en zonas vitales. Información recabada a través de testimonios, cruzada con evidencia fotográfica y las investigaciones realizadas por organismos y organizaciones nacionales e internacionales, confirman que en el ejercicio de la represión de la protesta, las armas fueron apuntadas directamente contra las personas manifestantes", señala el documento:
El GHREN investigó la represión de las protestas sociales de 2018 en Nicaragua, caracterizadas por un elevado número de víctimas mortales y personas heridas. A pesar de la falta de datos oficiales, el grupo de expertos pudo recopilar información a través de testimonios, evidencia fotográfica y audiovisual, y documentación de diversas organizaciones de la sociedad civil. Tras investigar 40 casos específicos, el GHREN encontró motivos razonables para creer que la Policía Nacional y/o grupos armados pro-gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales. Además, el grupo considera que estos casos son representativos de patrones más amplios de conducta que se replicaron de manera sistemática y generalizada durante varios meses en todo el territorio del país:
Por otro lado, sobre los "escenarios de la represión", "las violaciones y abusos investigados por el GHREN fueron cometidos en tres escenarios principales vinculados a la protesta social": marchas, manifestaciones y concentraciones en espacios públicos, como calles, plazas y parques o en sus inmediaciones; toma de los espacios públicos como forma de protesta y reivindicación social, incluyendo la toma de instalaciones universitarias; "tranques" y barricadas:
El grupo de la ONU señala que existen factores como las circunstancias históricas generales, el contexto político global, los patrones delictivos, la existencia y repetición de pautas de actos violentos, el carácter planificado y organizado, la presencia de autoridades políticas y/o militares, la complicidad y participación de las autoridades, y no llevar a los responsables ante la justicia ni impedir o disuadir la comisión de los delitos, constituyen patrones para entender con claridad que los ataques perpetrados en Nicaragua desde abril del año 2018 son sistemáticos o generalizados. Además, la intención de los perpetradores y la ejecución de actos prohibidos (asesinato, deportación, encarcelamiento, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y persecución) constituyen, junto a la participación y conocimiento de los ataques por parte del Estado, según el GHREN, crímenes de lesa humanidad en el Derecho Internacional Consuetudinario:
"Las violaciones, abusos y crímenes documentados formaron parte de un plan común para reprimir a la población opositora o percibida como tal, con el fin de eliminar toda disidencia. El Presidente, la Vicepresidenta y las altas autoridades del Gobierno compartieron la intención de perpetrar sistemáticamente los mismos, y se valieron de los otros poderes y autoridades del Estado y de grupos armados pro-gobierno para ello", cita el GHREN:
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