Daniel Ortega y Rosario Murillo han prohibido el pensamiento crítico y la fe en cualquier entidad no oficialista. Han apresado a sacerdotes y pastores, además de expulsarlos del país centroamericano, en acciones represivas que no tienen comparación o justificación alguna.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Cada día, la vocera del régimen que mal gobierna con mano dura Nicaragua, Rosario Murillo, invoca a Dios. Con una voz pausada y a veces casi suplicante, le agradece "por las victorias" y se declara "bendecida" y bajo "la gracia celestial". Esta es una extraña contradicción, ya que a lo largo de su alocuciones a lo largo de los últimos años ha justificado los secuestros, las desapariciones forzadas y hasta los asesinatos de más de 350 opositores en manos del Estado.
Se dicen como administración temerosos de un Dios que prohíbe matar y causar daño a sus semejantes. Sin embargo, tanto Murillo como su esposo, Daniel Ortega, han cometido muchas atrocidades de forma sistemática por amor al poder. Además, ella es la misma voz que ataca a sacerdotes y pastores, a quienes ordenó encarcelar y confiscó sus bienes. Pero no pierden la oportunidad de proclamarse un matrimonio creyente y católico en cada ocasión posible, aunque ambos son señalados como responsables de la peor persecución a la fe que ha vivido el país centroamericano en los últimos años.
El mundo no solo lo sabe, sino que también lo denuncia. El pasado 28 de septiembre de 2024, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, exigió a la pareja dictatorial de Nicaragua que respete la libertad de culto. Indicó que la Santa Sede está particularmente preocupada por "las medidas adoptadas contra el personal y las instituciones de la iglesia católica, que afectan directamente la sensible cuestión de la libertad religiosa".
La investigadora Martha Patricia Molina, abogada y una de las observadoras más incisivas de las ofensivas acciones orteguistas contra las iglesias, opina que la dictadura de Nicaragua "pretende aniquilar por completo la fe en Dios del pueblo católico para continuar el proyecto de adoctrinamiento donde las figuras principales sean Daniel Ortega y su consorte". "La dictadura ha impuesto un silencio total a clérigos y religiosos", acusa. "Y aunque ellos lo han cumplido fielmente y han guardado silencio, la persecución no ha cesado, sino que ha incrementado", denunció a esta Redacción.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) recientemente denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la sistemática persecución contra personas religiosas y comunidades de fe, destacando las violaciones del derecho a la libertad de religión motivadas por cuestiones políticas. También consideran que en Nicaragua se está violando el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia, situación que ha resultado del cierre de universidades vinculadas a la iglesia católica y a iglesias evangélicas en todo el territorio.
En ese sentido, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, ha identificado el cierre de al menos 35 instituciones educativas y asociaciones universitarias ligadas a organizaciones religiosas. Ortega y Murillo consideran el pensamiento crítico y la defensa de los derechos humanos como una amenaza a su permanencia en el poder, sin duda. Hasta una universidad policial nueva mandaron a abrir en un edificio confiscado en 2023.
El GHREN también afirmó que las autoridades nicaragüenses han criminalizado el derecho a la libertad de expresión de algunos miembros de la iglesia católica y han prohibido o limitado la difusión de información por parte de medios de comunicación pertenecientes a entidades religiosas o de orientación religiosa.
Destacan, además, violaciones del derecho a la libertad de asociación, así como la incitación a la discriminación, hostilidad y violencia, además de amenazas, hostigamiento y agresiones físicas hacia miembros de la Iglesia católica y otras manifestaciones religiosas.
El Grupo de Expertos documentó la detención arbitraria de sacerdotes y líderes religiosos en condiciones de incomunicación, como monseñor Rolando Álvarez, ahora exiliado en Roma. El GHREN denunció también que fueron sometidos a procesos judiciales "a puertas cerradas", donde no se les permitió contar con un abogado defensor de su elección.
Las voces que denuncian los atropellos que diferentes denominaciones religiosas sufren en Nicaragua han resonado con fuerza en las últimas semanas, en eventos paralelos que fueron celebrados en el marco del 57° período de sesiones de la ONU en Ginebra. Organismos de derechos humanos y varias víctimas del régimen Ortega-Murillo compartieron ante la comunidad internacional las violaciones y abusos cometidos contra miembros de la iglesia en Nicaragua, demostrando que la "amenaza sandinista es más real que nunca" contra la fe y sus líderes en todas las denominaciones, porque parece que el sandinismo tiene la única verdad.
En condición de anonimato, un sacerdote desterrado de Nicaragua relató la dura situación que enfrentan obispos, sacerdotes, religiosos, laicos y militantes de la iglesia católica todavía, quienes han sufrido exilio, asedio, persecución y destierro. "Algunos han padecido prisión en condiciones inhumanas; otros han sido privados de su nacionalidad y se les han confiscado todos sus bienes", comentó. Añadió: "Es evidente que la persecución a la iglesia católica tiene como única motivación la política y no la religión. Desde 2018, el catolicismo ha criticado abiertamente cualquier represión de las libertades civiles y la violación de los derechos humanos en el país. La crisis política de Nicaragua se está agravando cada día más".
Por otro lado, Francisco Alvicio, pastor de la iglesia morava -una entidad histórica en Nicaragua y Latinoamérica-, alzó su voz en Ginebra, señalando que la mayoría de la población caribeña pertenece a esta iglesia, la cual ha sido impactada por el régimen Ortega-Murillo al cancelar su personalidad jurídica. "La iglesia morava existe desde 1849, cuenta con 108,876 miembros activos y 350,000 colaboradores, siendo la más grande del Reino de La Mosquitia. La iglesia forma parte de la cosmovisión de mi pueblo y ha contribuido a construir el espíritu de resistencia que nos caracteriza", comentó Alvicio.
Destacó que el régimen "pretende controlar todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo la iglesia". "Nuevamente somos víctimas de violaciones de derechos humanos. Pedimos a la comunidad internacional asilo y refugio para los misquitos que ahora huyen de la represión, entre ellos el reverendo Héctor William Padilla", denunció.
El religioso exigió el cese de los ataques contra su iglesia. "Exigimos que se respeten nuestras creencias ancestrales, que nos permitan regresar a nuestras tierras y que cesen las violaciones contra mi pueblo", pidió Alvicio.
Durante un encuentro de la ONU, la investigadora Martha Patricia Molina informó que, desde 2018 hasta julio de 2024, ha documentado 870 agresiones contra la iglesia Católica y más de 100 incidentes contra la iglesia evangélica. "Estas incluyen cierres arbitrarios de organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, universidades e institutos, proyectos y obras sociales de carácter religioso, así como robos de bienes inmuebles, congelamiento de cuentas bancarias, amenazas de muerte, agresiones físicas y encarcelamiento de religiosos y laicos", declaró Molina.
Las investigaciones de Molina señalan que el régimen ha confiscado 19 edificios religiosos, que 260 religiosos y religiosas han sido forzados a vivir en el exilio, muchos de ellos desnacionalizados, que se han prohibido 9,688 actividades religiosas en al menos seis años, que 14 congregaciones religiosas han sido expulsadas de Nicaragua y que 22 medios de comunicación católicos fueron cerrados arbitrariamente.
Mientras tanto, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más identificó al menos cuatro etapas de represión que ha sufrido la iglesia católica desde 2018, cuando comenzaron las protestas contra la dictadura Ortega-Murillo por una crisis ambiental y otra relacionada al Seguro Social. La última etapa, que se sitúa entre febrero de 2023 y la actualidad, se caracteriza por "el ahogamiento financiero y el debilitamiento sistemático de la iglesia católica como institución". Esto se manifiesta a través de la persecución fiscal, confiscaciones de bienes y congelamiento de cuentas bancarias.
Mencionan que "se ha castigado severamente a líderes religiosos y a su feligresía, despojándolos de la nacionalidad y deportándolos forzosamente a Estados Unidos y al Vaticano, o impidiendo su retorno al país". La libertad de culto ha sido severamente afectada por ello, prohibiéndose celebraciones religiosas que durante años han sido parte de las tradiciones e idiosincrasia de los nicaragüenses.
"Estos acontecimientos representan una grave violación a los derechos humanos y una erosión significativa de la libertad religiosa en Nicaragua. Es fundamental que la comunidad internacional tome medidas concretas para abordar esta situación y proteger los derechos fundamentales de todas las personas en el país", advirtió el Colectivo.
La primera etapa, situada entre abril de 2018 y marzo de 2019, "marcó el inicio de una ruptura en la relación entre la Iglesia Católica y el Estado, que anteriormente había sido, en cierta medida, armónica". "El régimen posicionó a la Iglesia como un enemigo del pueblo o del Estado, legitimando así algunos actos de violencia y profanación de templos", destaca el Colectivo.
La etapa más extensa de agresiones contra la iglesia católica se ubica según la oenegé entre abril de 2019, con el exilio de monseñor Silvio Báez, hasta enero de 2022. "Durante este período, se intensificaron las agresiones hacia la comunidad católica y aquellos asociados a ella. El exilio de sacerdotes y personas vinculadas al catolicismo marcó el comienzo de una serie de medidas dirigidas a disidentes religiosos. El hostigamiento y las amenazas de detenciones se convirtieron en tácticas comunes empleadas contra los fieles católicos y sacerdotes, quienes a menudo eran acosados", cita el informe.
También se destaca el "asedio a templos durante actividades de conmemoración de las protestas o de personas asesinadas, el cierre de las primeras organizaciones no gubernamentales ligadas a la iglesia católica, la persecución selectiva de sacerdotes y agresiones físicas perpetradas por terceros o simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En febrero de 2022 se marca la tercera etapa de pecados sandinista contra la religión, particularmente el catolicismo. "La tensión acumulada en los años anteriores desencadenó una de las mayores persecuciones contra la iglesia católica en la historia del país". Durante esa etapa, que culmina en enero de 2023, "se materializó la ruptura de relaciones entre el Estado y la representación del Vaticano con la expulsión del nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag". "Además, se produjo un cierre masivo de organizaciones y medios de comunicación afiliados a la Iglesia Católica, lo que marcó un grave deterioro en la libertad de expresión y asociación en Nicaragua", dice el Colectivo.
Y vendría lo peor: "el surgimiento de una nueva forma de represión: la detención, judicialización y condena de sacerdotes, con la participación del poder legislativo en la apertura de investigaciones y el judicial en la judicialización. Esta situación representa un giro alarmante en la persecución religiosa en Nicaragua".
Según datos del Colectivo, al menos 65 religiosos de diversas denominaciones han sido acusados judicialmente en Nicaragua desde que Ortega y Murillo los declararon enemigos de su régimen en aquel abril.
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