Los destierros de Manolo Cuadra y Pedro Joaquín Chamorro fueron algunos de los ordenados por la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. En la actualidad, Daniel Ortega repite el patrón; ha expulsado a cinco músicos en un mes y entre los años 2010 y 2016 deportó a 25 extranjeros, entre ellos defensores de derechos humanos, artistas, periodistas y políticos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Política
Managua, Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega se empeña cada vez más en parecerse a la dictadura de los Somoza. La última acción de desterrar a sus adversarios políticos recuerda las expulsiones y destierros del anterior dictador nicaragüense, derrocado en 1979.
Varios abogados aseguran que el destierro de nicaragüenses de su propio país es ilegal, mientras defensores de derechos humanos califican el acto como "una monstruosidad". Los últimos en sufrirlo fueron Salvador Espinoza y Xóchilt Tapia, un matrimonio de productores musicales, propietarios de la empresa Saxo Producciones.
Tras diez días de secuestro, sus familiares recibieron la propuesta: el destierro o la cárcel. Espinoza y Tapia fueron sacados de una celda de Auxilio Judicial en Managua el 21 de abril de este año, para luego ser llevados al Aeropuerto Internacional de Managua y salir de su propio país con rumbo a un destino desconocido por la opinión pública.
Para la abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la propuesta del régimen es "una extorsión" de las más despreciables, y a la fecha se niega decir que "los músicos fueron liberados". "Ahí no hubo liberación. Lo que se cometió fue un abuso contra una familia desesperada. Una extorsión de lo más bajo; y está de más decir que es ilegal en toda su totalidad", señala la defensora de derechos humanos.
Pero la acción no fue solo contra Espinoza y Tapia. El vocalista de la banda Monroy & Surmenage, Josué Monroy, y el productor Leonardo Canales también fueron expulsados hacía El Salvador y Costa Rica, respectivamente, por tener esas nacionalidades.
"Todo espurio. Todo ilegal"
Un abogado que lleva varios casos de migración tanto de nacionales como extranjeros, pero que prefiere hablar bajo anonimato por temor a la persecución, asegura que "la figura de la expulsión no cabe contra un nicaragüense". "Expulsar o desterrar a un nacional de su propio país es volverlo apátrida y eso viola la Constitución", dice.
Recordó que en el Artículo 20 de la carta magna de Nicaragua se establece que "ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad".
"No cabe la expulsión ni el destierro contra ningún nicaragüense en su país. Es totalmente ilegal. Todo fue espurio. Todo ilegal", reclamó el abogado.
Además, explicó que en el caso de una persona con doble nacionalidad, la nicaragüense y cualquier otra que haya adquirido, la Ley le brinda protección y la suspensión de ese derecho sólo sería posible tras la apertura de un proceso en donde el implicado debe tener derecho a la defensa. "¿Dónde está el proceso abierto contra estos muchachos? Fue hecho todo en la oscuridad. Olvidaron que tenían una familia, arraigo, bienes; son cosas que la Ley contempla hacerlas bien y no de la noche a la mañana", critica el asesor legal.
Mientras tanto, Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos y miembro del Colectivo Nicaragua Nunca +, tampoco ve legalidad en el acto. "¿Había un proceso migratorio en contra de los músicos? ¿Lo sabían? ¿Fueron notificados? Y no en la cárcel. Es decir, antes de que los detuvieran. Nada de eso ha explicado la Policía, ni Migración, ni el Ministerio de Gobernación. Ninguna autoridad".
El abogado también explica que antes de una expulsión las autoridades de Migración deben notificar la apertura de un proceso administrativo. "La persona en revisión debe tener derecho a ser asistido, documentar una respuesta. Ahora, si hubiese una decisión adversa, debe haber una resolución y ser notificada. Es un asunto de Ley", señala.
"La guardia lee como quiere", y escribe también
En los años 50, durante la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana, nació la frase "la guardia lee como quiera", extendiéndose rápidamente a los países que también vivían bajo regímenes dictatoriales. Surgió de una anécdota que contó un ciudadano. Este dijo que un militar le pidió documentos en un retén y que el oficial los revisaba "pies arriba". Cuando el ciudadano le dijo que tenía los papeles al revés éste lo mandó a callar y le dijo que "la guardia leía como quiera".
En la Nicaragua de los años 70, un economista contó que vivió un episodio parecido, pero con un guardia nacional que leía al revés el periódico de Somoza, Novedades. Haberle dicho al militar que sostenía mal el impreso le costó un culatazo y la amenaza de ser llevado a prisión. "En la Nicaragua de Ortega, la guardia no solo lee mal, sino que escribe", dice el abogado.
Menciona que, aunque hay un listado de causales con la que las autoridades del régimen podrían sustentar la salida forzada del país de un ciudadano con otra nacionalidad, una reforma de marzo de 2011 a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, es la herramienta que le ha permitido al régimen sacar del país a quienes considere una molestia.
"Al artículo 174 le agregaron que la expulsión se haría cuando la autoridad considere que las actividades de la persona bajo el proceso comprometen el orden público, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional", asegura. "El problema es que tal y cómo está planteado deja mucho a la interpretación de la autoridad. Hay mucha discreción", agrega.
"Ya sabemos dónde termina un ciudadano cuando lo acusan de atentar contra el orden público y la soberanía nacional", resalta el jurista.
Los desterrados de Somoza y de Ortega
La expulsión y el destierro de enemigos políticos fue por muchos años un castigo al que recurrió la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. En 1937 el dictador Anastasio Somoza García desterró a Manolo Cuadra por sus escritos subversivos. Lo envió a Corn Island, entonces una isla lejana y solitaria, para después expulsarlo a Costa Rica.
El 14 de julio de 1944, estudiantes universitarios, abogados y políticos de otros partidos adversos al de los Somoza también fueron confinados en Corn Island por orden de la misma dictadura. Al menos 22 nicaragüenses fueron separados de sus familiares y obligados a un confinamiento lejano por pensar diferente al régimen en ese entonces.
Otro destierro conocido fue el de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quién fue enviado a San Carlos en 1957. Los voceros del régimen de ese entonces llegaron a decir que el acto era una muestra de humanidad ya que les daba la alternativa "del destierro a la dura cárcel".
En la actualidad, los músicos no son los únicos desterrados por el régimen sanguinario de Daniel Ortega. Solo en seis años, de 2010 a 2016, se expulsó de Nicaragua a 25 extranjeros, entre ellos defensores de derechos humanos, artistas, periodistas y políticos. Luego de la insurrección cívica de abril de 2018 se sumaron otras expulsiones, cómo la de la feminista Ana Quirós, ejecutada en noviembre de ese año.
Según información de La Prensa, Espinoza y Tapia ahora se encuentran en Alemania.
Con información de Voces En Libertad
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